Empresas que producen, envasan y distribuyen gas licuado de petróleo en Argentina se benefician de cuantiosos subsidios del Estado con el fin declarado de reducir el precio de venta de ese combustible envasado, que abastece a 40 por ciento de la población del país.
"El proveedor me sigue vendiendo la garrafa de 10 kilos a 35 pesos", algo más de 10 dólares, dijo a IPS Norma Gutiérrez, habitante de la Villa 31, un asentamiento precario del centro de Buenos Aires. "Le dije que en la televisión dicen que bajó a 16 pesos (4,8 dólares), pero no hubo caso", añadió.
Gutiérrez dirige un comedor que sirve el almuerzo a 150 niños por día. "Compro entre dos y tres garrafas por semana", se lamenta. Ella no sabe cómo conseguir el combustible a 16 pesos.
Pero ese fue el precio de venta al público que acordó el 19 de septiembre la Secretaría de Energía con las empresas de la cadena del gas licuado, y para eso les entrega importantes subvenciones.
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Organizaciones de defensa del consumidor estiman que el Estado invertirá unos 150 millones de dólares en subsidios para mantener el precio en 16 dólares por unidad hasta fines de 2009. Pero esos recursos, que se canalizan a través de un fondo fiduciario, podrían no cumplir su propósito declarado.
El Acuerdo de Estabilidad del Precio del Gas Licuado de Petróleo Envasado en Garrafas fue firmado por el gobierno nacional, la Federación Argentina de Municipios (FAM), las empresas petroleras, las fraccionadoras —que reciben el fluido y lo envasan— y las distribuidoras, encargadas del acopio y la entrega a comercios minoristas.
La FAM se sumó al acuerdo para garantizar que los envases lleguen al precio acordado al público. Pero la mayoría de las comunas no cuentan con depósitos seguros ni vehículos para distribuir garrafas entre los usuarios más pobres de sus distritos.
El texto del acuerdo, al que tuvo acceso IPS, subraya que el gas envasado "es una fuente de energía utilizada por los sectores de menores recursos" y sostiene que "existe un fondo fiduciario para subsidiar el consumo residencial de gas licuado" que se destinará a mantener el precio bajo.
En virtud del acuerdo, empresas petroleras como las transnacionales Repsol-YPF, ESSO, Petrobras y Pan American Energy, venden el gas licuado a las envasadoras a un precio de 30 centavos de dólar por cada 10 kilogramos, inferior al que regía, pero reciben 1,60 dólares de compensación.
El envasador, que pagó 30 centavos de dólares por 10 kilogramos, vende el producto envasado al distribuidor en 1,51 dólares, y recibe a su vez una compensación de 1,66 dólares por garrafa. Y el distribuidor, que compra cada envase a cinco pesos, lo vende a 16 al comercio minorista y se asegura su ganancia.
En cambio, el precio que paga el consumidor final es variable.
En este país 40 por ciento de los hogares se abastecen de combustible para cocinar, calefaccionarse y calentar el agua mediante garrafas de gas butano de 10 kilogramos. En cuatro provincias del noreste, donde no hay gasoductos, esa proporción se eleva a 100 por ciento de la población.
Desde 2001, las bombonas cuadruplicaron su precio, mientras la tarifa de gas por cañería, que llega sobre todo a clientes residenciales de recursos medios y altos, se mantiene congelada desde antes de ese año por decisión del gobierno.
La brecha de precios entre uno y otro combustible creció y para mediados de este año varios estudios señalaban que los usuarios de gas natural pagaban entre siete y 10 veces menos que los de garrafa por igual valor calórico. Los informes advertían que una elevada proporción de subsidios se destinaba a financiar a consumidores con alto poder adquisitivo y que las diferencias de precios terminaron ampliando la desigualdad.
En marzo, cuando finalizaba el verano austral y comenzaba la angustia de los usuarios de garrafas por los aumentos, las distribuidoras de gas por cañería de Buenos Aires ofrecían a sus clientes más pudientes climatizadores para mantener cálida el agua de sus piscinas, todo el año y a muy bajo costo.
En septiembre, el Estado autorizó un aumento de tarifas para la franja de consumo medio y alto, y concedió a las petroleras un aumento al precio del gas natural en boca de pozo. Pero, además, suscribió el mentado acuerdo para rebajar el gas en garrafa.
Los crecientes subsidios que desde 2002 paga el Estado argentino al sector privado de la energía, el transporte y los alimentos podrían sumar este año unos 35.000 millones de pesos (10.000 millones de dólares), según la consultora privada EcoLatina.
"El impacto redistributivo de los subsidios es dudoso", considera esa empresa. Una de las formas habituales de transferencia de dineros públicos al sector privado es a través de los fondos fiduciarios. En 2001, bajo esa figura se movilizaban unos 96 millones de pesos (equivalentes por entonces a 96 millones de dólares), pero en 2007 ya sumaban 6.000 millones de pesos (1.800 millones de dólares).
Justamente, una parte de lo recaudado con el aumento de tarifas del gas por cañería autorizado este mes se destina al Fondo Fiduciario para el Consumo Residencial de Gas, creado para financiar obras de ampliación de la red y para compensar la rebaja de precios de las garrafas, acordada con las empresas.
Según el informe de mitad de año de la Oficina Nacional de Presupuesto, el fondo fiduciario del gas tendría en 2009 unos 63 millones de dólares. Pero, en virtud del acuerdo de precios, la cuenta final será más alta.
En todo el país hay unas 600 distribuidoras que despachan gas envasado al precio convenido de 16 pesos por unidad. Pero decenas de miles de comercios, que venden cuatro millones de garrafas por mes, cargan al precio final sus costos y su margen de ganancia, dijo a IPS Pedro Busetti, de la no gubernamental Defensa de Usuarios y Consumidores.
El precio llega a duplicarse si la entrega es a domicilio, muy frecuente en este tipo de producto, pues el envase pesa más que el contenido.
"El precio a domicilio no está regulado, depende de las distancias y de otros factores como la seguridad" en la zona de entrega, dijo a IPS Osvaldo Spanu, de la Cámara de Distribuidores de Gas Licuado, uno de los firmantes del convenio.
Spanu remarcó que el acuerdo creó una comisión mixta de seguimiento para velar por su cumplimiento. Pero una fuente de Enargas, ente encargado de controlar el servicio público, aclaró a IPS que la comisión "apenas se está conformando".
Para Busetti, el subsidio del gas "no llega a quienes más lo necesitan".
"Sólo beneficia a las productoras, que son las que controlan toda la cadena hasta el distribuidor", declaró a IPS Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor. La misma distribuidora, si entrega a domicilio, vende más caro, dijo.
En Jujuy, en el extremo noroeste de Argentina, la líder social Rosario Andrada, de la organización Warmi, aseguró a IPS que en la capital provincial la garrafa pasó de 30 a 22 pesos si se la va a buscar a la sede del municipio.
"Para los que viven en los pueblos es más fácil porque los municipios las están haciendo traer, inclusive algunos (consumidores) van a buscarla en bicicleta, pero es muy difícil que en el interior de la provincia se puedan beneficiar de este acuerdo. Ahí (la bombona) se sigue vendiendo a 32 pesos", unos 10 dólares, afirmó.
En la nororiental Chaco, legisladores de la oposición reclaman que el Estado provincial se haga cargo del flete para que el acuerdo suscrito por el gobierno nacional beneficie a los usuarios que dependen del gas envasado.
Un chofer de esa provincia, Juan Magallanes, contó a IPS que la garrafa se vende allí a 33 pesos. "En la planta de YPF se vende a 16, pero para llegar hay que hacer siete kilómetros desde Resistencia", la capital provincial, protestó.
