El flamante gobierno paraguayo del ex obispo Fernando Lugo afronta su primer gran reto, como es resolver la añeja disputa por la tenencia de la tierra entre campesinos, empresarios rurales y colonos brasileños.
La reforma agraria, una de las principales promesas electorales de Lugo, se instaló como tema central de urgente respuesta gubernamental tras la muerte del líder campesino Bienvenido Melgarejo, en el marco de un violento desalojo registrado el 3 de octubre en el nororiental departamento de Alto Paraná.
Las movilizaciones campesinas con amenazas de ocupaciones de tierra se agudizaron en toda la región oriental del país, exigiendo medidas concretas.
"Paraguay tiene la mayor concentración de tierra en el continente americano", afirmó a IPS el sociólogo Ramón Fogel, quien recordó que Lugo prometió tratar de corregir las desigualdades en el campo, pero deberá lidiar con un parlamento que por ahora no muestra mucho interés en el asunto.
Lugo asumió la presidencia el 15 de agosto sin contar con mayoría propia en el bicameral Congreso legislativo, donde el grupo más numeroso de representantes es el de la Asociación Nacional Republicana o Partido Colorado, hoy en la oposición tras ostentar el poder político absoluto casi todo el siglo XX, incluido los 35 años de dictadura de Alfredo Stroesner (1912-2006).
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El segundo grupo parlamentario en importancia es del Partido Liberal Radical Auténtico, la mayor fuerza política de la gobernante Alianza Patriótica para el Cambio, que defiende, empero, le tesis de garantizar la propiedad privada frente a la posición de Lugo de justificar ocupaciones de parcelas improductivas como última alternativa de lucha por la tierra.
Precisamente, para Belarmino Balbuena, líder del Movimiento Campesino Paraguayo, la actual crisis del área rural obedece a la falta de voluntad política. "Tenemos un Estado ausente en el campo, como consecuencia del modelo económico imperante en el país", expresó a IPS.
En tanto, desde la Asociación Rural del Paraguay, los productores de gran escala lanzaron advertencias al gobierno pidiendo "un corte definitivo" al conflicto. El presidente de la tradicional entidad, Juan Núñez, sostuvo que es necesario, inclusive, la intervención militar para garantizar la siembra de soja.
Pero la crisis trascendió las fronteras. Productores brasileños afincados en territorio paraguayo pidieron la mediación del gobierno de su país de origen ante la tensión y, en algunos casos, el enfrentamiento con grupos de campesinos locales.
La respuesta de Asunción fue que se buscará la mejor manera de solucionar la situación, haciendo respetar las leyes. Dentro de este marco, a instancia de una mesa de negociación, se arribó a un primer acuerdo entre la Coordinadora en Defensa de la Soberanía y la Reforma Agraria y un grupo de productores brasileños.
Los colonos del vecino país decidieron vender 22.000 hectáreas de sus propiedades al Estado paraguayo, cuya compra sería efectivizada con fondos sociales de la administración Itaipú Binacional, la represa que comparten Paraguay y Brasil.
Balbuena confirma la disputa al destacar la resistencia en contra de los sojeros brasileños, porque, dice, utilizan métodos de fumigación que afectan a las comunidades campesinas. "Esto no tiene que ver con ocupaciones de tierra, sino con la problemática de uso de agrotóxicos", apuntó.
La vertiginosa expansión en los últimos años del monocultivo de soja en la región oriental de Paraguay está en el centro de los enfrentamientos actuales.
En siete años se duplicó el área de plantaciones de soja de Paraguay, para llegar en el ciclo agrícola 2005/2007 a las 2,4 millones de hectáreas, que representan 25 por ciento del territorio cultivado del país. El total corresponde a la modalidad genéticamente modificada, según el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Biotecnológicas en Agricultura.
Así, Paraguay escaló al séptimo lugar en cantidad de hectáreas cultivadas con transgénicos, sin contar con legislación sobre el uso de este tipo de semillas, y se ubicó como el cuarto mayor exportador de soja del mundo.
En este país residen unos 81.000 brasileños, concentrados mayoritariamente en la zona fronteriza, a los que se debe sumar su descendencia nacida en el lugar.
"De 1992 a 2002 descendió la cifra de brasileños que declaran tener esa nacionalidad. Sin embargo, los que hablan portugués siguen siendo muchísimos más", explicó a IPS Fabricio Vázquez, investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional.
Vázquez sostuvo que los inmigrantes brasileños deben ser considerados como un grupo humano en proceso de integración.
"Los inmigrantes rurales (brasileños, canadienses, rusos, etcétera) se instalaron desde tiempo atrás en el espacio fronterizo olvidado por el Estado paraguayo. No se trata de que sean muchos o pocos, sino que es un grupo de productores que genera grandes impactos en la dinámica socioeconómica", puntualizó.
Considera que la situación planteada con los colonos brasileños y el campesinado paraguayo debe ser aprovechada por el Estado para reorganizar el valor del territorio.
Como medidas de urgencia para abordar la crisis del campo, el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) anunció acciones para la recuperación de lotes que fueron adjudicadas por dicha entidad a personas que no son beneficiarias de la ley agraria, y de tierras fiscales en poder de personas que la detentan en forma ilegal.
En declaraciones a IPS, Alberto Alderete, presidente del Indert, explicó que con estos planes se pretende recuperar tierras fiscales para poder adjudicarlos a familias campesinas.
Considera fundamental impulsar un plan integral de desarrollo en los asentamientos para garantizar el arraigo de los nuevos beneficiarios y una agricultura diversificada y sostenible.
El Estado paraguayo no cuenta con registros oficiales sobre la cantidad de campesinos sin tierra, pero resultados de investigaciones sociales hablan de alrededor de 120.000 familias en esa situación y otro igual número que cuentan con tierras de menos de cinco hectáreas.
Tampoco se cuenta con un registro oficial de la cantidad de tierras que fueron adjudicadas en forma irregular.
Pero un informe sobre tierras malhabidas, elaborado por la Comisión Verdad y Justicia de Paraguay, instancia creada para de investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura de Stroessner (1954-1989) y los 15 años de transición democrática, señala que un total de 7.851.295 hectáreas fueron otorgadas con graves irregularidades.
Se examinaron 200.705 adjudicaciones desde 1954 hasta 2003 y se confirmó que los beneficiados fueron familiares del propio Stroessner, así como políticos y militares directamente ligados a su gobierno.
Según un estudio comparativo realizado por el investigador social Quintín Riquelme, el latifundio y el minifundio aumentaron en Paraguay en el periodo denominado de "transición democrática".
Resalta una tendencia que se habría desarrollado con fuerza en los últimos años, por la agresiva expansión del cultivo de la soja y de la producción ganadera, estimulada por el alza del precio de la carne en el mercado internacional.
Señala que los capitalistas paraguayos y brasileños vienen comprando las tierras de las familias campesinas, con lo cual se acelera el proceso de concentración de la tierra y el aumento de los campesinos sin posibilidades de producir.
Otro efecto del aumento de la concentración de la tierra es la migración del campo a la ciudad.
El censo de 1992 indicó que 49 por ciento de la población total del país vivía en las áreas rurales, mientras que el censo de 2002 indicó que en el campo vivía sólo 43 por ciento de los 6,5 millones de paraguayos de entonces.
Esta disminución de la población rural en un lapso de 10 años responde a la migración hacia zonas urbanas del país y hacia países como Argentina, España y Estados Unidos.
