Más allá de la furia y la violencia que tiñen las protestas opositoras en Tailandia, persisten los esfuerzos para resolver las profundas divisiones de esta imperfecta democracia del sudeste asiático, los cuales podrían parir una nueva forma de hacer política.
Desde hace unos cinco meses, los tailandeses presencian las protestas encabezadas por la conservadora Alianza Popular para la Democracia (APD), que intenta provocar la caída del gobierno del primer ministro Somchai Wongsawat.
Al igual que su predecesor Samak Sundaravej, quien debió renunciar el mes pasado, Somchai pertenece al Partido del Poder Popular (PPP), sucesor del Thai Rak Thai (TRT) que lideraba el depuesto primer ministro Thaksin Shinawatra, hoy exiliado en Londres.
El PPP ganó los primeros comicios democráticos realizados luego del golpe militar que puso fin en 2006 al gobierno de Thaksin.
La APD se apresta a manifestarse en los próximos días frente a la jefatura de policía contra lo que entiende como un excesivo uso de la fuerza policial en la disolución de una barricada frente a la sede del parlamento el día 7. Dos personas fallecieron y más de 400 resultaron heridas en la refriega.
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Al mismo tiempo, la prensa informó que 10.000 partidarios del gobierno vestidos de rojo se unieron el sábado a la manifestación del denominado Frente Unido por la Democracia contra la Dictadura, en lo que se considera una demostración de fuerza contra la APD, cuyos simpatizantes usan ropa amarilla.
La Casa del Gobierno sigue ocupada por parte la APD, lo cual ha distorsionado la actividad del primer ministro Somchai, quien opera desde el 26 de agosto en el viejo aeropuerto internacional y realiza las reuniones del gabinete en cuarteles.
El temor a un recrudecimiento de la violencia política es muy real, y no hay a la vista ninguna solución clara. "No me pregunten qué va a ocurrir, porque ni siquiera sabemos qué sucederá en las próximas horas", comentó un activista tailandés.
Tampoco hay consenso sobre son los mecanismos para resolver un conflicto que se gesta desde hace años, cuando Thaksin fue elegido en las urnas para encabezar por primera vez el gobierno, en 2001.
Acusado de corrupción y de violaciones de derechos humanos, Thaksin —que se fugó estando bajo fianza en agosto y se radicó en Gran Bretaña, donde solicitó asilo— cortejó con habilidad a los votantes más pobres, durante mucho tiempo desatendidos por los políticos tradicionales, incorporando al norte y nordeste del país a sus bastiones.
Este apoyo, conquistado con medidas como programas de préstamos para aldeas y seguros universales de salud, llevó al PPP —considerado por sus críticos el representante de Thaksin— a la victoria en las elecciones nacionales de diciembre pasado, realizadas bajo el régimen militar instaurado en septiembre de 2006.
Pero el resultado de los comicios fue rechazado por la APD, cuyos miembros habían jugado un rol clave en las protestas que llevaron a la caída de Thaksin.
En los últimos tres años, la política tailandesa estuvo dominada por el populismo de Thaksin y por las reacciones de sus enemigos ante esta política.
Liderado por figuras de elite como un magnate de los medios y un general, con algún respaldo de la clase media, ahora la APD quiere destituir al PPP, cuyo gobierno, dicen, sería "ilegítimo" porque los votantes pobres responsables de su victoria no conocían nada mejor.
La puja actual no es tanto entre el gobierno y la APD, sino entre la tradicional elite política y la ciudadanía rural pobre, que durante mucho tiempo se sintió postergada y ahora encuentra una voz gracias al PPP, señalan analistas.
"¿Pasará Tailandia a ser un sistema político estable y democrático donde organizaciones progresistas y alternativas puedan llegar al poder con apoyo ciudadano a través de elecciones? ¿O volverá a la vieja política de inestabilidad, crisis y golpes?", se preguntó Walden Bello, de la organización no gubernamental Focus on the Global South, con sede en Bangkok.
En Tailandia ya hay "una dimensión muy importante de la lucha de clases", agregó en una entrevista.
"El gobierno disfruta de una mayoría electoral que obedece al apoyo de las clases urbanas y rurales más pobres. La oposición debería luchar por esa mayoría, y no prohibirla por considerarla una masa ignorante y fácilmente manipulable", explicó Bello.
El activista tailandés dijo que el estancamiento podría permitir que cuestiones sin solucionar salieran a la superficie. Por ejemplo, la habitual falta de respeto a los resultados electorales, gusten o no a ciertos grupos, o la aceptación de que el voto de los pobres tiene el mismo peso que el de cualquier otro ciudadano.
La APD promueve, por ejemplo, adoptar un sistema institucional al que denomina "nueva política", en el cual 70 por ciento de la legislatura estaría conformada por miembros designados y sólo 30 por ciento surgidos de comicios.
"Quieren un 'nuevo orden' como el de (el dictador indonesio Alí) Suharto, donde sólo la mitad de los legisladores sean electos y el primer ministro no necesite ser un parlamentario electo", dijo Giles Ungpakorn, de la Universidad de Chulalongkorn.
Los manifestantes "deberían saber que lo que están haciendo es destruir el país", dijo Jean, una contadora. "Un grupo de personas, sometidas a un lavado de cerebro, creen poder manipular el sistema democrático, sin respetar a la mayoría del país", agregó.
Pero también hay posiciones como la de Lek, un oficinista par quien el PPP que debería ser despujado del poder aunque haya ganado las elecciones.
La Fiscalía General reclamó el viernes al Tribunal Constitucional la disolución del PPP, informó el diario Bangkok Post.
Ese tribunal sentenció en septiembre que Samak no podía encabezar el gobierno porque había recibido ilegalmente ingresos extraordinarios por conducir un programa de cocina en la televisión.
En mayo de 2007, el tribunal había dispuesto la proscripción por cinco años del TRT y de miles de sus miembros, entre ellos Thaksin, tras hallarlos culpable de fraude en las elecciones de abril de 2006.
Tailandia sufrió 17 golpes de Estado desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Para algunos, la solución es otro golpe.
Entre ellos figura el ex viceprimer ministro Chavalit Yongchaiyudh, un general que formuló públicamente esa posibilidad al ejército. El comandante del arma, general Anupong Paojinda, declaró reiteradamente que los militares no tomarán partido.
El viernes, Anupong decláró que esa posibilidad fue evaluada, pero descartada. "No puede resolver el problema", dijo Anupong a la prensa.
