Mientras el ejército de Sri Lanka está determinado a invadir los últimos baluartes de los rebeldes tamiles, el primer ministro de India, Manmohan Singh, solicitó medidas para proteger a unos 220.000 civiles atrapados en los enfrentamientos en el norte de la isla.
El 18 de este mes, según un portavoz oficial en Nueva Delhi, Singh llamó al presidente srilankés Mahinda Rajapakse y «expresó su profunda preocupación por la deteriorada situación humanitaria en el norte de Sri Lanka, especialmente sobre las difíciles circunstancias de los civiles atrapados en las hostilidades».
Una declaración emitida poco después en Colombo señalaba que, durante la conversación telefónica, Rajapakse le aseguró a Singh que sus fuerzas de seguridad estaban «bajo estrictas instrucciones de evitar causar cualquier víctima civil».
El ministro de Relaciones Exteriores de India, Pranab Mukherjee, también fue invitado a visitar Colombo para participar en conversaciones, informó el comunicado.
Fuentes oficiales en Nueva Delhi consideraron probable el lunes que Mukherjee viajara pronto a la nación insular y mantuviera conversaciones con Rajapakse y con el canciller Rohitha Bogollagama.
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La preocupación por la ofensiva militar srilankesa crece en el meridional estado indio de Tamil Nadu, donde viven 55 millones de tamiles vinculados étnicamente a los tamiles de Sri Lanka.
El ministro jefe de Tamil Nadu, M. Karunanidhi, advirtió que los hombres de su partido renunciarían en masa al parlamento indio a menos que cesaran las hostilidades. Una decisión final se tomará el 28 de este mes.
Sin embargo, algunos observadores en Colombo sienten que la influencia de Nueva Delhi sobre el país es considerablemente reducida en relación a la última vez que India intervino en Sri Lanka. Lo hizo en 1987, enviando a la Fuerza India de Mantenimiento de la Paz (IPKF) como parte de un acuerdo tripartito que involucró a los Tigres para la Liberación de la Patria Tamil (LTTE) y a los gobiernos de dos países vecinos.
Pero el ejército indio, que en un punto había comprometido a 70.000 efectivos para el IPKF, tuvo que retirarse de Sri Lanka en 1990, tras sufrir fuertes pérdidas combatiendo al LTTE y enfrentado con la falta de apoyo político de parte de Colombo.
«Pienso que su influencia es bastante limitada en comparación con la que tenía en 1987. Lo más seguro es que India no envíe tropas», dijo a IPS Paikiasothy Saravanamuttu, del Centro para las Alternativas Políticas, con sede en Colombo.
«Lo que Nueva Delhi podría hacer es aumentar la presión internacional (sobre el gobierno de Rajapakse) para buscar un acuerdo político, y ya ha indicado que estaba presionando a Colombo para un acuerdo político», agregó.
Saravanamuttu considera que hay muy poco que India pueda hacer para frenar la ofensiva contra el LTTE. «Puede intentar cortar la asistencia militar no letal existente, pero Colombo ya ha mostrado que tiene otras opciones para obtener suministros militares», señaló.
El Ministerio de Defensa de Sri Lanka dijo que tropas que operan al sur de Kilinochchi fueron desarticuladas a través de una importante línea de trincheras establecida por el LTTE.
«Los efectivos dominaron una franja de tres kilómetros y tomaron el control en 19 búnkers muy fortificados del LTTE», señaló el ministerio, agregando que la organización rebelde tamil había lanzado un ataque con gas sobre los soldados que avanzaban.
Kilinochchi, otrora escaparate del dominio del LTTE en el norte de Sri Lanka fue convertido en un pueblo fantasma al que los civiles abandonaban.
La mayoría de los civiles huyeron al este, hacia Mulaithivu, otro baluarte del LTTE. «Los civiles se fueron del área del pueblo, hacia la carretera Paranthan-Mulaithivu», dijo telefónicamente a IPS el agente del gobierno para Kilinochchi, Nagalingam Vedanayagam, uno de los pocos funcionarios públicos contactados en el lugar.
Los civiles desesperados están pagando entre 12.000 rupias (120 dólares) y 24.000 rupias (240 dólares) para escapar en tractores hacia áreas más seguras al noreste de Kilinochchi, según los últimos informes del Comité Permanente Inter-agencias, una organización paraguas de la ONU y otras agencias humanitarias.
Aunque las agencias internacionales que trabajan en el área del Vanni controlada por el LTTE fueron reubicadas, por una directiva gubernamental de mediados de septiembre y por el deterioro de la seguridad, alimentos y otros suministros han seguido ingresando a la zona. Hasta ahora, 75 camiones con suministros del Programa Mundial de Alimentos (PMA) han alcanzado a los desplazados desde la reubicación.
La semana pasada, los suministros enfrentaron problemas cuando un demorado convoy de la ONU de 50 camiones fue obligado a volver a áreas controladas por el gobierno cuando estallaron enfrentamientos en la ruta.
«Hubo fuertes combates en la A9 (la carretera principal) y el convoy tuvo que regresar», dijo a IPS el portavoz de la ONU Gordon Weiss.
La ONU señaló que las explosiones tuvieron lugar muy cerca del convoy, alentando a los expertos en seguridad a abandonar el viaje.
El convoy había partido el 16 de septiembre de Vavuniya, el último pueblo controlado por el gobierno, con 750 toneladas de alimentos, cuando explosiones cercanas a la carretera próxima a Puliyankulam, unos 10 kilómetros al norte del punto de cruce hacia áreas controladas por el LTTE los forzó a volver.
Tras las garantías obtenidas por la ONU de parte del LTTE y del gobierno, el 17 de este mes se reanudaron los suministros. Antes, la negativa de la ONU a integrarse a un convoy programado el día 10 por falta de seguridad, había concitado agudas críticas del gobierno.
«La acción de la ONU y el PMA de retrasar los 50 camiones ya cargados con las mercaderías hasta que la evaluación de seguridad de su misión estuviera completada es inaceptable», señaló en un informe sobre los suministros a Vanni el comisionado general de Servicios Esenciales, S. B. Divaratne. El informe fue entregado a Rajapakse esta semana.
Divaratne dijo que debido a la negativa de la ONU a trasladar el convoy, el gobierno tuvo que comprar 300 toneladas de suministros en octubre. «Esta acción obstaculizó los suministros ininterrumpidos a los distritos del Vanni, por lo cual el PMA debería asumir la responsabilidad», dijo en su informe.
Pero el convoy de 20 camiones del gobierno se empantanó debido a las lluvias monzónicas. Funcionarios del Vanni advirtieron que la llegada anual del monzón podría obstaculizar los suministros y también causar inundaciones de áreas donde ahora acampan los desplazados.
«Las carreteras están en muy mal estado y será difícil que los convoys de vehículos pesados se muevan sobre ellas durante y después de las fuertes lluvias», dijo Imalda Sukumar, la agente del gobierno para el distrito de Mulaithivu, que posee la mayor concentración de desplazados, 155.000.
Cuando las agencias de la ONU se reubicaron fuera del Vanni, sólo se habían levantado 2.100 refugios temporarios, y ahora por lo menos 20.000 familias necesitan materiales para los refugios, según los agentes del gobierno para Kilinochchi y Mulaithivu.
«Los desplazados enfrentan dificultades luego que empiezan las lluvias. Hay riesgo de inundación en la mayoría de las áreas en las que permanecen ahora», dijo Vedanayagam.
Un informe de situación del Comité Permanente Inter-agencias difundido el 13 de este mes destacó que «muchos desplazados se congregaron en áreas a lo largo de la A35, que otrora eran arrozales y por lo tanto propensas a inundarse. Las agencias humanitarias previamente habían evaluado algunas de estas tierras como potenciales sitios para desplazados y las hallaron inadecuadas».
Vedanayagam también dijo que estas áreas bajas estaban infestadas con serpientes y que ya se habían reportado por lo menos 120 mordeduras, pero que había problemas para hacer llegar servicios médicos al lugar.