El pakistaní Zulfiqar Ali, de 38 años, se salvó una vez más de ser ejecutado gracias a que el presidente del país, Asif Ali Zardari, extendió el plazo para que su familia negocie con las de las dos personas por las que está acusado de asesinato.
Un día antes de la fecha fijada para la ejecución de Ali, el mandatario suspendió el 7 de este mes el cumplimiento de la sentencia por 14 días. Luego el tiempo concedido para que las familias puedan negociar se amplió a 60 días.
El hermano menor de Ali, Abdul Qayyum, señaló que era necesario más tiempo porque "al principio no sabíamos dónde vivían".
"Perdimos tiempo por eso. Tenemos que avanzar despacio. Estas cosas no se hacen a las apuradas. Esas familias sufrieron una pérdida y hay que manejar el asunto con delicadeza. Esperamos que accedan a un acuerdo, pero no puedo asegurar las características que tendrá", dijo Qayyum a IPS.
Las negociaciones se llevan adelante con intermediarios.
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"No quiero discutir el asunto de si mi hermano es culpable o no. Sólo suplico perdón por razones humanitarias a las familias afectadas, al gobierno y a Dios", apuntó.
Ali, un ex instructor de la Marina de Pakistán, fue detenido en 1998 por la muerte de dos transeúntes cuando usó su arma de reglamento durante una disputa con un conductor de autobús.
Fue sentenciado a muerte por un tribunal de distrito en abril de 1998. Tras el fracaso de las instancias de apelación, lo sentenciaron a muerte el 29 de septiembre de este año y la ejecución se fijó para el 8 de este mes.
Este año fueron ejecutados 35 de los más de 7.000 condenados a muerte que hay en Pakistán, según I. A. Rehman, director de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (CDHP).
Hace dos años, la esposa de Ali murió de cáncer. Sus dos hijas, de 10 y 11 años, están a cargo de Qayyum, 31, quien tiene cuatro hijos.
Bajo las polémicas Ordenanzas Qisas y Diyat, introducidas en el Código Penal en nombre del Islam en 1990, las familias de las víctimas de asesinato pueden aceptar una compensación (diyat) o insistir en una retribución (qisas), del responsable.
Activistas de derechos humanos sostienen que esa norma sólo permite que las personas con recursos escapen del castigo. Muchas personas consideran que las ordenanzas no tiene nada de sagrado, entre ellas el otro presidente de la CDHP, Iqbal Haider, también ex ministro de Justicia.
"Es una ley hecha por el hombre, intrínsicamente injusta, que da a los ricos el derecho de matar", señaló Haider, quien lleva adelante una campaña ante representantes del gobernante Partido Popular de Pakistán (PPP) para salvar la vida de Alí sobre la base de razones humanitarias.
La Comisión de Derechos Humanos de Asia, con sede en Hong Kong, también pidió clemencia al gobierno de Pakistán sobre la base de que Ali no recibió adecuada asistencia legal.
La defensa de Ali estuvo a cargo de abogados de oficio sólo para cumplir con el requisito legal. Esos profesionales suelen estar mal pagos.
Además, "suelen ser jóvenes sin experiencia o sin competencias, abogados que no deberían representar condenados a muerte", señaló la organización Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, en una carta del 17 de junio.
La misiva urgía al primer ministro Yusuf Raza Gilani a conmutar las condenas a muerte por cadena perpetua y derogar el máximo castigo.
Qayyum señaló que nunca se reunió con el abogado de su hermano, designado por la Corte Suprema de Justicia, en la penúltima etapa de apelación. De hecho, en la última instancia "sólo hablé con el abogado un par de veces por teléfono", remarcó.
"Básicamente, sólo cumplían con las formalidades. El abogado nos decía que las próximas instancias judiciales no habían sido fijadas y, de repente, nos vimos frente a la pena capital", relató. Qayyum.
"Cuando enfrenté al abogado, no tenía idea de nada. Supe por otro profesional que la Corte Suprema había descartado el pedido final de Zulfiqar, contra la ejecución, porque nuestro abogado no estaba presente", añadió.
El derecho pakistaní no permite reparación o remedio sobre la base de incompetencia o representación legal incompetente o ineficaz, señaló HRW.
Los condenados a muerte tienen puestas sus esperanzas en que Pakistán decida una amnistía general para todos.
El 21 de junio, Gilani dijo al parlamento que las sentencias a muerte serían conmutadas en honor a la ex primera ministra Benazir Bhutto, esposa del presidente, durante un acto de campaña del PPP en diciembre de 2007.
Bhutto fue primera ministra entre 1988 y 1990 y entre 1993 y 1996.
Pero el ministro de Justicia, Farooq Naek, todavía no terminó de preparar la amnistía. Desde el anuncio de junio, 15 personas fueron ejecutadas, indicó Rehman.
Iqbal Haider sostuvo que la demora en cumplir con la promesa es responsabilidad de Naek.
"El gobierno quiere dictar una amnistía, pero el ministro de Justicia no está de acuerdo por temor a las fuerzas religiosas", dijo Haider a IPS. "Dice que no se puede conmutar las condenas a muerte por cadena perpetua por las ordenanza Qisas y Diyat", explicó.
El electorado rechazó de forma rotunda a los partidos religiosos en las elecciones generales del 18 de febrero. Esas agrupaciones, conocidas por sus demostraciones de poder en la calle, conforman la principal oposición contra una moratoria sobre las ejecuciones y la propuesta de amnistía.
Haider sostuvo que el poderoso ministro de Justicia puede insistir en que el "artículo 45 de la Constitución, que otorga al presidente la potestad de indultar o perdonar a un preso, invalida las ordenanza Qisas y Diyat, sin sanción divina".
El portavoz del PPP y ex miembro del Comité de Derechos Humanos del Senado Farhatullah Babar señaló que la pena de muerte "no puede llevarse a cabo en ningún caso, porque es irreversible". También dijo tener esperanza de que se conmuten las penas capitales.
Hasta que el gobierno no cumpla su promesa de amnistía, la única esperanza para los presos del pabellón de la muerte como Zulfiqar Ali es pedir clemencia a las familias de las víctimas y lograr aplazar la ejecución de forma temporal a fin de ganar tiempo para negociar.
