Argelia figura entre los tres países que dictaron más condenas a muerte en lo que va del año, muchas veces contra acusados de terrorismo, estén o no presentes en los tribunales que las emiten.
Desde enero, los jueces argelinos emitieron casi 300 condenas a muerte, informó a IPS el abogado y activista de derechos humanos Amar Zaidi. La mayoría de estas sentencias fueron aprobadas en ausencia de los imputados por cargos relacionados con el terrorismo.
Apenas una pequeña parte de esos dictámenes corresponden a asesinatos premeditados o a narcotráfico, según informes de prensa.
En 2007, los tribunales argelinos condenaron a muerte a 271 personas. Se ubicó, así, tercero en la lista de 51 países cuyas leyes aún prevén ese castigo extremo, según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
La nómina de Amnistía está encabezada por China, con más de 1.800 condenas, seguida por Pakistán, con más de 307.
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En 2007, Argelia fue la única nación árabe en votar afirmativamente la resolución de la Asamblea General de la ONU que reclamó una moratoria de las ejecuciones de pena capital. El país observa su propia moratoria nacional desde 1993.
Desde la aprobación de la moratoria de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), las ejecuciones se redujeron en el mundo, según organizaciones no gubernamentales. Pero para que llegue la abolición directa de la pena de muerte, la sociedad civil debe concientizar al público argelino, dijo Zaidi.
Además, es preciso presionar a los dirigentes políticos, dijo Hocim Azem, vicepresidente del no gubernamental Congreso Mundial Amazigh, que defiende los derechos de los ocho millones de bereberes en Argelia.
"Es necesario ponerle fin a este cruel castigo, que pertenece a una era pasada. Pero los políticos no muestran ningún interés especial en la abolición", dijo a IPS.
"En el parlamento no hay un debate serio sobre la pena de muerte. La oposición democrática es demasiado débil para cambiar algo y proponer nueva legislación. El gobierno deja las cosas para después", agregó.
Azem atribuyó buena parte de esa inercia a factores religiosos. Luego están el "temor al terrorismo" y factores políticos y sociales.
En 2006, el Partido Laborista presentó un proyecto de ley para abolir la pena de muerte. Pero otros ocho partidos, entre ellos el gobernante Frente de Liberación Nacional, se negaron a respaldarlo.
También en ese año fue revisado el código penal y se redujo la cantidad de delitos punibles con la pena de muerte.
Azem puso en duda la transparencia de los juicios capitales. "Hay muchos arrestos y condenas sin evidencia", dijo.
El partido Concentración para la Cultura y la Democracia (RCD), que ocupa 19 escaños en el parlamento de 390, es férreo abolicionista. Su parlamentaria Hadj Arab Lila, también abogada, consideró, en declaraciones a IPS "absurdo que todavía se mantenga en el código penal".
El líder del RCD, Said Saadi, considera postularse a las elecciones presidenciales del año próximo. Ahora el partido hace campaña contra una enmienda constitucional que permitirá al presidente Abdelaziz Bouteflika presentarse a una segunda reelección consecutiva.
Saadi es popular entre los bereberes —17 por ciento de la población—, muchos de los cuales apoyan la abolición. Buena parte de esa comunidad también apoya al Frente de Fuerzas Socialistas (SFF), también abolicionista. Pero el SFF boicoteó las elecciones de 2007 y no está representado en el parlamento.
Farouk Ksentini, presidente de la oficial Comisión Asesora sobre Derechos Humanos, también reclama la abolición, pues la pena de muerte "no tiene un efecto disuasivo sobre el delito", dijo. Además, sostuvo, la vigencia del castigo empaña la reputación del país.
Ksentini, quien recibe críticas del clero islámico por exponer su posición al respecto, indicó que el caso del magnate Abdelmoumene Khelifa constituye un argumento adicional para la abolición.
Gran Bretaña se ha negado a entregar a Khelifa a las autoridades argelinas porque temía por su posible ejecución. El empresario fue condenado en ausencia el año pasado tras el colapso de su imperio financiero, incluyendo el Banco Khelifa.
Los países de la Unión Europea no pueden dar trámite a extradiciones a países donde exista la pena de muerte, en especial con juicios en ausencia, aun cuando haya una moratoria de las ejecuciones.
El presidente honorario de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos, Abdennour Ali Yahia, pidió reanudar el debate sobre la pena capital.
"Antes de tomar una decisión, debería haber una consulta entre expertos en justicia y religión", dijo el día 15 al periódico argelino L'Expression, que se publica en francés. Según Ali Yahia, hay inocentes en el pabellón de la muerte.
