Kamala Limbu, combatiente maoísta, fue supuestamente secuestrado en 2001 por las fuerzas de seguridad de Nepal. Hoy, su esposa no puede solicitar la indemnización prometida a las familias de víctimas de la guerra civil, porque desconoce su paradero.
"Me discriminan. ¿Dónde voy a conseguir la información?", protestó.
El gobierno de Nepal anunció una indemnización para las familias que se vieron obligadas a abandonar sus hogares o que perdieron a sus familiares a causa de la guerra civil que duró 10 años. Pero el proceso resultó bastante complicado.
Muchos familiares de víctimas, en especial simpatizantes y dirigentes del ahora gobernante Partido Comunista de Nepal-Maoísta (PCN-M), se quejan de injusticias en la distribución de los fondos.
Los maoístas se retiraron en septiembre de 2007 de los cuatro ministerios que ocupaban desde noviembre de 2006, cuando comenzó a funcionar el gobierno interino que consolidó el actual proceso de conciliación nacional.
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Además, amenazaron entonces con reanudar las hostilidades si no se cumplían varios de sus reclamos, en especial una justa distribución de la indemnización a las víctimas del conflicto.
Los datos recogidos por el gobierno desde 1995 hasta la firma del Acuerdo General de Paz en 2006 fueron empleados para determinar las indemnizaciones, primero por el Ministerio de Asuntos Internos y luego por el nuevo Ministerio de Paz.
El contexto político que se vivía entonces dificultó el acceso de los maoístas a los fondos de asistencia. Pero el PCN-M alcanzó el gobierno hace casi dos meses y las víctimas todavía no ven ningún cambio.
Una de las principales razones es que sigue vigente gran parte del viejo sistema. Además, el flamante gobierno tiene otras prioridades.
Baburam Bhattarai, el nuevo ministro de Finanzas del gobernante PCN-M, incluyó ahora un paquete especial para ayudar a los desplazados, a las familias de desaparecidos y otras víctimas del conflicto armado.
"El PCN-M dio luz verde y la cantidad de solicitudes de indemnización se van a disparar. Hay grandes probabilidades de que las personas de otros partidos sean discriminados", sostuvo el analista Muma Ram Khanal.
Obligada por la guerrilla maoísta a abandonar su vivienda en 2002, que también dejó lisiado a su esposo, Lal Kumari Buda, de 57 años, todavía espera recibir alguna indemnización que le permita regresar a su hogar.
"Quiero volver, pero todavía no recibí ninguna indemnización ni compensación por la tierra y la propiedad que me quitaron", señaló Lal Kumasi. Su hermano menor, secuestrado por los maoístas, sigue desaparecido, aseguró.
Con un proceso de paz todavía en marcha, la discriminación puede fácilmente llevar al país hacia otro conflicto armado, sostuvo la analista política Shyam Shrestha.
"Restituir las viviendas a los desplazados, ofrecer asistencia a las familias que perdieron un miembro y averiguar el paradero de los desaparecidos deben ser las principales prioridades del gobierno", arguyó.
"Las víctimas deben recibir ayudar independientemente del partido con el que tengan afinidad", añadió.
Hace 14 meses, el Ministerio de Paz formó un equipo de trabajo para recopilar información acerca de las personas desplazadas, muertas, discapacitadas o las que afirman haber sufrido daños contra su propiedad.
Los datos recogidos revelaron que hubo más de 45.800 personas desplazadas, en tanto 15.000 fueron encontradas muertas durante el conflicto.
Más de 27.130 desplazados, la gran mayoría de ellos no maoístas, fueron indemnizados por el gobierno y pudieron regresar a sus hogares. En cambio, sólo cuatro familias con algún pariente fallecido se vieron beneficiadas, ninguna de ellas con afinidad con los maoístas.
En respuesta a las acusaciones de injusticias en la asignación de indemnizaciones, Dhruba Sharma, de la unidad de Alivio y Rehabilitación del Ministerio de Paz, señaló que quienes presentaron una solicitud y cumplían con los requisitos la recibieron, y que el proceso estuvo "abierto a todos".
Pero los fondos no pueden liberarse a menos que la solicitud coincida con el informe de la fuerza de trabajo, añadió..
"Es bastante claro que la familia desplazada tendría que haber informado a la autoridad de distrito en el que residían el lugar al que se iban. De lo contrario, no es posible darles el dinero", explicó.
El nuevo ministro de Paz y Reconciliación, Janardan Sharma, dijo a IPS que expertos estudian mecanismos para simplificar el proceso de asistencia.
"Estamos reuniendo los nombres de personas que no habían sido registrados antes", indicó Sharma, del gobernante PCN-M.
Pero el coordinador de la Comisión Nacional de Lucha de Víctimas de los Maoístas, Bhojraj Timilsena, se mostró escéptico al respecto. "Los que tiene vínculos reciben indemnización", protestó.
Unas 15.000 desplazadas están radicados sólo en Katmandú, según Timilsena.
La Comisión organiza manifestaciones pacíficas desde el 17 de junio en reclamo por medidas contra los responsables de violaciones a los derechos humanos y por la devolución de las propiedades que les fueron robadas.
