Unas 47 personas murieron en seis motines en prisiones de México desde el 14 de septiembre. Con el último, este lunes, las autoridades prometieron por enésima vez mejorar el sistema penitenciario, minado por una superpoblación que alcanza a 140 por ciento de la capacidad locativa.
En el penal de Reynosa, ciudad del norteño estado fronterizo de Tamaulipas, la revuelta de este lunes causó 22 muertes y 34 personas heridas, según un informe preliminar de la Procuraduría General (fiscalía). Policías y militares retomaron el control del lugar, indicó el reporte.
Familiares de los reclusos aseguraron que había 60 o más fallecidos, y que la violencia estalló entre presos de bandos distintos, que habrían usado armas de alto poder y hasta granadas. La prisión tiene espacio para 1.000 internos, pero aloja a 2.000.
"Es un motín que exhibe otra vez los problemas del sistema penitenciario y de justicia mexicanos, todas sus incongruencias y las violaciones a los derechos humanos que produce", dijo a IPS el experto en seguridad y cárceles Guillermo Zepeda, del Centro de Investigación para el Desarrollo – Asociación Civil.
El último ciclo de motines se inició en el penal de la norteña ciudad de Tijuana, el 14 y el 17 de septiembre, siguió el día 18 en una localidad cercana a Monterrey, en el noreste, el 12 de octubre en Zacatecas, centro del país, y el 13 en Culiacán, en el noroeste.
[related_articles]
En 2007, 80 presos murieron en motines. El país tiene algo más de 220.000 reclusos, 45 por ciento de ellos en prisión preventiva y sin sentencia.
Bajo el guión seguido en incidentes anteriores, la fiscalía prometió investigar el último motín y trabajar para que no se repita.
En una reunión con legisladores, el subsecretario (viceministro) del Sistema Penitenciario, Patricio Patiño, reconoció que en las 441 prisiones y cárceles de México hay una situación crítica de superpoblación, corrupción, mala infraestructura, trabajadores y agentes no capacitados, y falta de programas reales de recuperación e inserción social.
Para Zepeda, autor de investigaciones sobre las cárceles mexicanas, aun cuando no está muy clara la ruta para solucionar el problema, existe esperanza de cambios a partir de una reforma constitucional que entró en vigor en junio, que debería modificar el sistema penal vigente en un plazo de ocho años.
Con el sistema penal inquisitorio las cárceles se saturaron de personas detenidas. "El promedio de superpoblación es de 140 por ciento, pero hay casos, como el de la capital y Tijuana, donde la población es de 180 y 200 por ciento respectivamente" de la capacidad locativa, indicó Zepeda.
Noventa por ciento de la población carcelaria no es de alta peligrosidad, pero comparte espacio con avezados delincuentes, en un sistema diseñado para reproducir el crimen, apuntó.
Las reformas introducidas, que aún no han sido reglamentadas, eliminan los juicios penales sumarios, en los que el juez rara vez ve al acusado, para dar paso a procesos orales y públicos en los que el magistrado tiene la obligación de estar presente. Se estima que con esta reforma volverá expeditos los arrestos y liberaciones de sospechosos.
Los cambios apuntan a restaurar la vigencia del principio de presunción de inocencia, reducen los márgenes de aplicación de la prisión preventiva y quitan a la confesión su carácter de prueba central, afirman las autoridades.
También se crea la figura del "juez ejecutor", que se encargará de dar seguimiento al proceso hasta que se dicte sentencia, se otorga a las víctimas mayores derechos para aportar pruebas y se obliga a los magistrados a estar presentes en todas las audiencias.
Pero los últimos motines son una prueba de lo que sucede en las cárceles: hacinamiento, violencia, tráfico de drogas, prostitución, corrupción y "todos lo demás males que podamos imaginar", señaló el investigador Zepeda.
Según estudios oficiales y privados, menos de 10 por ciento de las personas que están presas realizan algún trabajo, y hay un agente de custodia por cada nueve reclusos.
Esa relación debería ser por lo menos de un guardia por cuatro reclusos, según el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud).
El escenario no es exclusivo de México, indica el Ilanud, con sede en Costa Rica. En 26 países latinoamericanos la superpoblación carcelaria supera el 120 por ciento. En Bolivia esa proporción es de 162 por ciento y en Brasil de 181. En muchos países, la mayoría de los reclusos ni siquiera tienen sentencia firme.
"Lo que hay en México es un genocidio carcelario", opinó Zepeda tras denunciar que en las cárceles la probabilidad de morir es altísima.
Entre 2003 y 2007 se registraron 54 motines y 909 riñas violentas en las cárceles mexicanas. En ese mismo período, 168 personas detenidas se suicidaron y 224 fueron asesinadas.
La mitad de los presos purgan condenas por robos menores cometidos sin violencia, 80 por ciento nunca conocieron al juez que los condenó y 70 por ciento no tuvieron defensa legal contra la acusación fiscal, señala un estudio del Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE).
Según este trabajo, realizado en 2002 con base en encuestas a personas detenidas, la proporción de quienes no son informados de su derecho a no declarar en su primera comparecencia ante un tribunal es de 80 por ciento.
Según el CIDE, en las prisiones mexicanas "no se encuentran los delincuentes más peligrosos, sino aquellos cuya detención ofrece menos dificultades" y son más pobres.
