En vísperas del inicio de la XVIII Cumbre Iberoamericana en la capital de El Salvador, el presidente Antonio Saca se niega a firmar la convención que ampara los derechos de los jóvenes en el bloque, pese a que el tema de convocatoria es precisamente el desarrollo de ese segmento poblacional.
Representantes de la sociedad civil y de la procuraduría salvadoreña de la Niñez y Juventud advierten la contradicción de Saca, quien pidió la sede de este encuentro para su país e incluso propuso que el lema sea precisamente "Juventud y Desarrollo".
Los expertos y dirigentes sociales y políticos consultados por IPS también señalan "falta de voluntad" de Saca para reconocer la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.
"Las declaraciones del presidente Saca y de la canciller (Marisol Argueta) son desalentadoras" para quienes buscamos el respeto de nuestros derechos, dijo Fátima Rodríguez, la estudiante de sociología de 19 años que es la portavoz de la Coordinadora Intersectorial Pro-juventudes de El Salvador (Cipjes), una suerte de coalición donde convergen 30 instancias juveniles.
En palabras de Luis Salazar, procurador adjunto de los derechos de la Niñez y Juventud, todas las observaciones gubernamentales para no firmar la Convención "son absurdas" y pueden ser superadas a través de reservas que este país puede interponer, como indica el artículo 40 del documento.
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"Definitivamente, el rechazo de la Iglesia Católica a la Convención pesa más que los argumentos esgrimidos por el gobierno", subrayó Salazar. "Esas son las causas verdaderas (de la negativa gubernamental)", añadió.
Tanto Saca como Argueta han aseverado que no firmarán la Convención porque el artículo 12, entre otros, se contradice con la Constitución salvadoreña al contemplar el derecho de las personas de entre los 18 y 30 años de objeción de conciencia para negarse a prestar el servicio militar obligatorio.
Pero son argumentos que se vuelven confusas, ya que los acuerdos de paz de 1992, que pusieron fin a la guerra civil de 12 años, abolieron la obligatoriedad a la afiliación castrense, opinan analistas.
En las últimas semanas, el arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, perteneciente al sector más conservador de Iglesia Católica se ha pronunciado en contra de la firma de la Convención, aduciendo que parte de su contenido es pernicioso para la sociedad, como es el caso de los artículos que revalidan el derecho a la educación sexual y a la elección de pareja.
En su último mensaje dominical, este prelado solicitó a los participantes de la Cumbre Iberoamericana de tres días, que comenzará este miércoles en San Salvador, incluir en la declaración final un pronunciamiento en contra de la despenalización del aborto.
Se espera que asistan 20 gobernantes a la Cumbre Iberoamericana, que congrega a Andorra, España, Portugal y 19 países de América Latina. Hasta ahora han ratificado la convención de los Jóvenes, que entró en vigor en mayo pasado, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, República Dominicana y Uruguay.
Los gobiernos que aún no la han firmado, además de El Salvador, son Argentina, Colombia y Chile.
El texto de la Convención fue firmado por 18 de los 22 países miembros de la Comunidad de Naciones de Iberoamérica, en 2005 en la ciudad española de Badajoz, y contiene 44 artículos donde se consagran los derechos de los jóvenes en temas como salud, sexualidad, trabajo, educación y cultura, a través de la implementación de políticas públicas en esa dirección.
Para Salazar, El Salvador no está aprovechando los beneficios del denominado "bono demográfico" por su alto índice de población joven y que deberían ser un "actor estratégico" para potenciar el desarrollo productivo aunque esto requiere que los jóvenes tengan "garantías" en cuanto a sus derechos y condiciones básicas como educación, salud y vivienda.
Pero en este país "los jóvenes padecen de olvido, represión y utilización política", aseguró el procurador.
Este país centroamericano tiene 5,7 millones de habitantes, 1,2 millones de los cuales tienen entre 15 y 24 años, según el censo de 2007.
Las respuestas del "poder" en vez de satisfacer sus necesidades para que "aporten al desarrollo social y económico", padecen de olvido en cuanto a políticas públicas y los utilizan como "mano de obra barata", y "carne de cañón de las batallas campales de los partidos políticos", agregó de forma categórica.
En tanto, miembros del llamado Movimiento de Jóvenes Rurales marcharon por las calles de San Salvador el viernes pasado en "demanda de la aprobación de la Convención", y de la creación de más y mejores oportunidades de empleo y educación.
Según Santiago Serrano, líder juvenil del norteño departamento de Chalatenango, 60 por ciento de los jóvenes en el campo no pueden acceder al sistema educativo por "no tener recursos", y quienes van a la escuela apenas terminan sexto grado. Leonor Calderón, representante en El Salvador del Fondo de Población de las Naciones Unidas, explicó a IPS que respetan la "decisión de los gobiernos de no firmar la Convención" de la juventud. "Lo que nos interesa es que (los estados) tomen acciones que hagan prevalecer los derechos de la juventud", aclaró.
La Encuesta Nacional de Juventud realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública, difundida en junio, indicó que sólo 9,8 por ciento de los jóvenes consultados habían podido acceder a estudios universitarios y técnicos, mientras que 30,4 por ciento habían finalizado el bachillerato, 36,8 por ciento cursó el nivel básico de la escuela secundaria y 21,7 por ciento sólo la primaria.
El estudio también estableció que uno de cada cuatro jóvenes había deseado emigrar en el último año, como forma de buscar mejores oportunidades de empleo y salarios.
Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hecho público en julio, destacó que el desempleo y subempleo afecta al 62,4 por ciento de los jóvenes.
La juventud debe, además, sobrevivir en un ambiente de violencia de pandillas, crimen organizado y delincuencia común, que entre 2003 y 2007 causó la muerte de más de 16.000 salvadoreños, según cifras oficiales.
Otro informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal-2007) señala que El Salvador es el país que menos gasto social implementó entre 2004 y 2005 en América, con apenas 5,6 por ciento del producto interno bruto.
A pesar de ser un país laico, en El Salvador "los criterios religiosos más conservadores de la Iglesia Católica se anteponen" a los derechos de la juventud, concluyó Rodríguez,
