El Parlamento Europeo declaró que los Estados miembro de la UE deberían diseñar un programa para combatir el tráfico de niños y niñas. De la declaración a su implementación efectiva habrá un largo camino por recorrer.
Se estima que entre dos y cuatro millones de personas —la mayoría niños— son víctimas cada año de alguna forma de explotación, como el trabajo forzado.
Aunque la UE (Unión Europea) definió una política de defensa de los derechos de la infancia en 2006, los activistas consideran que no aborda adecuadamente los problemas asociados con el tráfico.
Más de la mitad de los 785 eurodiputados han firmado una declaración reclamando que el bloque regional financie una estrategia para hacer frente a este problema.
La organización no gubernamental Terre des Hommes, dedicado a la defensa de los niños, señaló que el problema del tráfico es visto a través del prisma del cumplimiento de la ley y el control de la inmigración.
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En consecuencia, cuando las autoridades identifican a un menor víctima del tráfico, su objetivo fundamental, frecuentemente, es buscar información sobre el crimen organizado, en lugar de proteger al niño o niña en cuestión, destacó Terre des Hommes.
Los gobiernos europeos han llegado a condicionar la protección del niño a su cooperación con la justicia, agregó.
Salvatore Parata, portavoz de Terres des Hommes, afirmó que la UE "ha mezclado el tráfico infantil con la migración y la explotación sexual de los adultos". En cambio, agregó, el tema debe ser visto como parte de un fenómeno más amplio, que incluye el narcotráfico, las adopciones ilegales y la mendicidad.
El mes pasado, Scotland Yard, la policía de investigaciones británica, acordó trabajar en conjunto con las autoridades de Rumania para investigar denuncias acerca de casos de niños de ese país forzados a mendigar y robar en Gran Bretaña.
Aunque se han hecho denuncias similares en las ciudades españolas de Madrid y Valencia, las autoridades de ese país no han tomado ninguna medida concreta al respecto, agregó.
Terres des Hommes también señaló que muchos niños que llegaron a la UE sin la compañía de sus padres y fueron alojados en centros de custodia "desaparecieron" de ellos en dudosas circunstancias.
Hasta el momento, no hubo una respuesta coordinada del bloque regional frente a estos informes.
Diana Wallis, eurodiputada liberal británica, dijo que la UE "no hace lo suficiente para combatir este problema. Se trata de un horror perpetrado a 200 años de la abolición de la esclavitud".
La eurodiputada socialista búlgara Maryusya Lyubcheva señaló que el tráfico infantil "puede destruir y destruye vidas. Los niños son vendidos como mercancías con fines de explotación sexual y adopciones ilegales".
Simon Chorley, de la no gubernamental británica Stop the Traffik, destacó que "los niños deben ser correctamente identificados como víctimas del tráfico, no como criminales".
Asimismo, hizo referencia a un vínculo entre el tráfico de niños y la explotación de menores en los países pobres. Según Chorley, la mitad del chocolate que se consume en Europa es fruto de la labor de jóvenes africanos que han sido forzados a trabajar en su producción.
Por otra parte, el Parlamento Europeo reclamó el jueves que la UE asuma formalmente el objetivo de reducir la pobreza infantil a la mitad dentro de los próximos cuatro años. Según el cuerpo legislativo, hay en Europa 19 millones de niños en riesgo de caer en la pobreza.
Según la eurodiputada sueca Eva-Britt Svensson, el tráfico infantil responde "a la pobreza, causa principal de la moderna esclavitud".
El Parlamento Europeo también recomendó que los 27 Estados miembro de la UE establezcan un salario mínimo para los trabajadores adultos, que debería ser como mínimo 60 por ciento del percibido por los empleados en el sector industrial.
Aunque tener empleo es la mejor defensa contra la pobreza, no siempre constituye una garantía, señalaron los legisladores.
La eurodiputada izquierdista alemana Gabriele Zimmer señaló que hay "tremendas diferencias" en la proporción de personas en riesgo de caer en la pobreza en los países de la UE, que va de menos de 10 por ciento en Suecia a más de 20 por ciento en Lituania y Polonia.
En 1992, la UE estableció que toda persona tiene derecho a contar con "suficientes recursos y asistencia social para vivir de forma compatible con la dignidad humana".
Dieciséis años más tarde, todavía existen países en el bloque regional "que no cuentan con una adecuada red de protección social", afirmó Zimmer.
