La muerte de seis indígenas y las heridas recibidas por otros 17 en un enfrentamiento con policías en Chiapas, México, fue consecuencia de la estrategia de «criminalizar la protesta social» adoptada por el «supuesto» gobierno de izquierda de ese distrito, denunció una organización humanitaria.
En el sureño estado de Chiapas, de forma abierta o velada, "la mayoría de los actos de descontento indígena son enfrentados como hechos criminales", dijo a IPS Jorge Luis Hernández, investigador del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la entidad fundada en 1989 por el obispo católico Samuel Ruiz, seguidor de la Teología de la Liberación.
El viernes de la semana pasada unos 40 policías ingresaron lanzando bombas lacrimógenas a la pequeña comunidad de Miguel Hidalgo, habitada por 750 familias de la etnia tojolabal.
El objetivo era desalojar a los indígenas de una zona arqueológica adyacente, propiedad del Estado, que había sido ocupada el 1 de septiembre para demandar que se los haga partícipes de los beneficios de su explotación turística.
Los nativos lejos de replegarse ante los policías, repelieron sus embates, los encerraron y finalmente arrebataron sus armas. Entonces vino una segunda incursión a cargo de 300 agentes, que desembocó en un violento enfrentamiento en el que murieron seis indígenas y varios heridos de ambos bandos.
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En varios centros hospitalarios permanecían hasta este martes internados cinco indígenas, uno con graves heridas de bala. Los 36 nativos detenidos tras la refriega fueron dejados en libertad a cambio de que regresen las armas que arrebataron a la policía.
También hay unos 30 policías consignados ante autoridades judiciales bajo acusación de ser responsables de las muertes y de actuar con negligencia.
"Lo sucedido en Miguel Hidalgo es parte de un patrón adoptado por las autoridades de Chiapas contra las protestas indígenas, cualquiera sea su filiación política o religiosa", señaló vía telefónica desde sus oficinas en la ciudad chiapaneca de San Cristóbal de las Casas el investigador de la organización humanitaria.
El gobierno estadual de Chiapas está comandado desde diciembre de 2006 por Juan Sabines, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), agrupación con la que no obstante ha mantenido algunas diferencias públicas.
Antes de ser gobernador por el PRD, Sabines fue al igual que varios miembros de ese colectivo, un activo militante del histórico Partido Revolucionario Institucional PRI.
Hernández consideró que el perfil del gobierno estadual estaría más ligado al PRI, pues varios de sus miembros son partícipes de cargos públicos.
Luego de los hechos del día 3, Sabines acudió a la comunidad de Miguel Hidalgo para ofrecer disculpas y pésames por lo ocurrido. "Aquí el gobierno no está peleando con el pueblo, esto (actos represivos) no se los hicieron sólo a ustedes, nos los hicieron a nosotros, es a Chiapas", declaró.
"La justicia estará siempre de lado de la gente. Me da mucho coraje lo que ha pasado, cuentan conmigo", añadió Sabines.
El gobierno estadual se comprometió a castigar a los policías culpables, indemnizar a los deudos, otorgar becas a los hijos de las víctimas, pensión a las viudas y desplegar proyectos productivos para la comunidad.
Pero el investigador del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, organización de inspiración católica, consideró que, aunque el gobierno de Sabines asumió una actitud "al parecer" diferente, el patrón de "criminalizar la protesta social se mantiene".
El grupo humanitario documenta y sigue con lupa diversos casos en los que los indígenas de Chiapas son reprimidos, maltratados o acusados de forma injusta.
Hernández retó al gobierno de Sabines a llegar con sus investigaciones sobre los hechos en Miguel Hidalgo hasta sus más cercanos colaboradores de gobierno para castigarlos por su presunta responsabilidad. "Veremos si esto no se queda en el nivel de los policías rasos", expresó.
En lo que va del año, el grupo humanitario registró en zonas rurales de Chiapas varios hechos "de represión" atribuidos a "elementos del Estado". Entre ellos, en abril indígenas habrían recibido amenazas de cárcel y multas por parte de funcionarios por trabajar en tierras privadas cercanas a una zona arqueológica.
En julio, agentes armados intentaron desalojar a la fuerza a campesinos apostados en los ingresos a un sitio turístico denominado Cascada de Agua Azul.
En ese mismo mes, policías sacaron por la fuerza a indígenas que ocuparon unas tierras en litigio, mientras que en septiembre hubo un ingreso de agentes a una zona considerada "zapatista" con la intención de detener a dos nativos contra los que no pesaba ninguna acusación en firme, indica el centro humanitario.
En Chiapas, donde hay un importante presencia indígena, los niveles de pobreza son altos. La alfabetización alcanza sólo a 80 por ciento de su población, casi 11 puntos porcentuales menos que el promedio nacional, y la esperanza de vida al nacer es casi dos años menor a la de los mexicanos en general que es de 74,5 años.
En ese estado se asienta el insurgente Ejército Zapatista de Liberación Nacional, llevantado en armas en enero de 1994 y que se se considera uno de las semillas del movimiento altermunidista. Poer ya no realiza acciones guerrilleras y es un actor cada vez más marginal en la política mexicana.
