El ejército colombiano atacó un caserío indígena en el sudoeste del país a las 03:45 hora GMT del jueves, apoyado por un avión militar de inteligencia que sobrevoló la zona desde 15 minutos antes. Cuando poco después IPS recibió el reporte desde el lugar, por el teléfono se escuchaban gritos a la distancia.
La María pertenece al pueblo guambiano y es designado por los indígenas "territorio de convivencia, diálogo y negociación". Allí están congregados miembros de las etnias guambiana, nasa, yanacona, totoró, coconuco y eperara-siapirara.
Para plantear las solicitudes de las comunidades, invitaron a La María al presidente de Colombia, el derechista Álvaro Uribe, a una "mesa de acercamiento" el martes, pero éste ni fue ni envió a nadie.
A cambio, la noche del miércoles dio en la sede presidencial una rueda de prensa que no fue transmitida al país, como se había anunciado.
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IPS constató que los indígenas que permanecen en La María no se enteraron de las declaraciones de Uribe y del general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional, que la presidencia publicó en su sitio web.
La Movilización Nacional de Resistencia Indígena y Popular, convocada por varias organizaciones, comenzó el domingo y se extiende por 16 de los 32 departamentos en que se divide este país andino habitado por 44,6 millones de personas, 1,6 millones de las cuales son aborígenes distribuidOs en 102 etnias, incluyendo las no reconocidas oficialmente.
Unos 445.000 nativos no tienen tierra, según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Uribe reconoció que se ha demorado la entrega a los indígenas del Cauca de un total pactado de 7.124 hectáreas, 3.797 de las cuales corresponden a reparación por la masacre del Nilo, en diciembre de 1991, en la que murieron 20 aborígenes nasa, incluyendo menores de edad, y sobre la que el Estado colombiano reconoció responsabilidad ante la Comisión Interamericana de DerechoS Humanos (CIDH).
La María limita con la Carretera Panamericana, que une el centro con el sudoeste del país y conecta con Ecuador. En sus protestas, los indígenas de la zona suelen bloquear esa vía.
LOS PORQUÉS DE LA MOVILIZACIÓN
"Los indígenas nos estamos haciendo escuchar", dijo en un debate parlamentario esta semana la legisladora de la cámara baja Orsinia Polanco, de la etnia wayúu, que habita la nororiental península de La Guajira.
"Todos hacemos parte del Estado y necesitamos que nos apoyen", agregó tras enumerar las necesidades sociales de los pueblos aborígenes, 18 de los cuales tienen menos de 100 miembros y están en vías de extinción, según la ONIC.
Los indígenas se rebelan porque consideran que son víctimas de genocidio, figura legal de extrema gravedad en el derecho internacional y que podría provocar la inmediata intervención de la Corte Penal Internacional, independientemente de la cláusula de salvaguarda para crímenes de guerra invocada por Colombia y que vence a fines de 2009.
"Durante los últimos seis años han sido asesinados 1.253 indígenas en todo el país", advirtió la ONIC en la carta que envió el martes a la CIDH. Según el Sistema de Información de la ONIC, "cada 53 horas un indígena es asesinado".
También se movilizan contra la guerra, que afecta a toda la población.
Colombia padece un conflicto armado interno con raíces en 1946, en el que se enfrentan guerrillas izquierdistas contra la fuerza pública y sus aliados paramilitares, escuadrones de la muerte parcialmente disueltos por Uribe tras una negociación.
Los indígenas sienten amenazados sus territorios por la presencia creciente de firmas multinacionales, sobre todo mineras y petroleras, así como por el turismo.
Están contra leyes aprobadas o que aún tramita el parlamento y referidas al territorio, como el Código Minero, el Estatuto de Desarrollo Rural y la fracasada Ley Forestal, y rechazan el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, congelado en el Congreso legislativo de ese país por la bancada del opositor Partido Demócrata.
SANGRE EN LA RUTA
"Diálogo sí, violencia no", dijo Uribe, aunque su prioridad parece ser mantener la ruta Panamericana despejada. Deploró que los indígenas acusen a su gobierno ante la comunidad internacional, y argumentó que "todo" es para bloquear la aprobación del TLC.
Tanto él como altos cargos de su gobierno y oficiales de la fuerza de seguridad pública consideran que detrás de esta movilización está la guerrilla izquierdista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a la que Uribe llama "terrorista".
Tras la acusación, sobrevino el ataque.
Desde el lunes, la multitudinaria protesta indígena es reprimida en la zona de La María por un millar de policías antidisturbios apoyados por militares adscritos al Batallón José Hilario López, la Brigada 29 y la Tercera Brigada del Ejército.
La zona se volvió escenario de una batalla campal. El martes falleció Tarquino Ramos Valencia, proveniente del resguardo Tacueyó, en la montaña. Una bala le atravesó la cabeza.
Ni Uribe ni Naranjo se refirieron a Ramos Valencia, y en cambio el general aportó la cifra de 19 policías heridos en 36 horas de refriega, 10 hospitalizados, "algunos heridos con arma de fuego", otros "lesionados con esquirlas" provenientes de "granadas artesanales" y otros con machete.
Naranjo sostuvo que el policía Aldíver Giraldo Galeano perdió ambas manos cuando fue objeto de "un ataque lanzado con explosivos por parte de radicales que han infiltrado" la protesta. Y, "de acuerdo con la información del general Orlando Páez, director de Seguridad Ciudadana de la Policía, Giraldo Galeano fue víctima de un explosivo lanzado por quienes protestaban, que le impactó en las manos", dijo la Secretaría de Prensa presidencial.
Pero autoridades tradicionales indígenas indican que el uniformado resultó herido cuando intentaba colocar explosivos contra los indígenas. Al manipularlos se le explotaron, volándole las manos e hiriéndolo gravemente.
Naranjo dispuso el cierre de la Carretera Panamericana entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana porque, afirmó, los indígenas "se estaban preparando para incendiar vehículos en la noche de hoy", por el miércoles.
El general dijo que la movilización indígena está "infiltrada" por las FARC, que se trata de un "plan" que tiene "claras características terroristas y no corresponde a una protesta pacífica", y mencionó que los aborígenes estarían usando "armas no convencionales".
Curiosamente, las descripciones de Naranjo sobre las armas utilizadas parecen copiar algunos contenidos de un comunicado expedido horas antes, entre otros, por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), máxima autoridad aborigen en ese departamento, y el Coordinador Nacional Agrario (CNA), que agrupa a las organizaciones campesinas.
Este consigna que el miércoles "el abuso de la fuerza llegó hasta el punto de disparar a la humanidad de la población indígena con tiros de fusil", usando fusiles Galil y Fal 765. La tropa penetró en La María y rompió e incineró enseres y otras pertenencias de siete familias indígenas, que tuvieron que pasar la noche en albergues.
La fuerza de seguridad utiliza "tiros recalzados en los disparos de gases lacrimógenos y granadas de mano", además de machetes y garrotes, afirmó el comunicado encabezado por el CRIC.
El "recalzamiento" parece ser efectivamente un arma no convencional, genéricamente prohibida por el derecho internacional y que, en todo caso, no debería ser usada en o contra una protesta civil. Consiste en mezclar pólvora negra, puntillas, tachuelas y vidrios que, al detonar, generan una descarga de esquirlas.
La refriega ha dejado 76 indígenas heridos, que han tenido que ser atendidos por médicos. Una decena de ellos han sido remitidos a urgencias de hospitales de la vecina ciudad de Piendamó y a Popayán, capital del Cauca, según el CRIC.
Pero la cifra podría ser mayor, debido a que la labor del cuerpo médico indígena y de los defensores de derechos humanos "ha sido impedida por las múltiples agresiones de la fuerza pública", reza el comunicado del CRIC, CNA y otros.
Sólo 40 heridos están listados con nombre y tipo de lesión. De ellos, cinco tienen heridas de bala, 11 recibieron impactos provenientes de artefactos "recalzados" y uno sufrió la amputación de un miembro, aparentemente por herida con machete.
De los heridos, al menos dos son menores de edad.
CONSTITUCIÓN VIOLADA
Con todo, para Jorge Caballero, criollo de la Comisión de Comunicaciones del CRIC, "lo más grave es la penetración al territorio".
Según la Constitución nacional, las autoridades aborígenes son autoridad estatal en sus resguardos. Estos son propiedad colectiva y "no pueden ser allanados" sin la previa aprobación indígena, dijo Caballero a IPS, la autoridad indígena está siendo desconocida.
"Aquí no ha habido consultas. Ha habido una agresión", señaló.
Agregó que "es una tristeza para quienes creen en la democracia. Hay una fuerza pública que se olvida de su labor y se dedica a perseguir a los indios dentro de su resguardo. Parecen ejércitos de invasión".
"Los resguardos han sido convertidos en escenarios de guerra y el movimiento indígena lo único que pone son víctimas. La comunidad indígena no está metida en el conflicto armado, pero el conflicto sí la está afectando", advirtió.
Precisó que "hay amenazas de la guerrilla, del ejército, de los paramilitares. Eso se está denunciando hace mucho rato y nadie pone atención. Y cuando se protesta, el gobierno dice que (los indígenas) son terroristas y aliados de la guerrilla".
"La gente ha tenido un comportamiento excelente. Muy combativo, sí, pero muy civil", estimó.
IPS supo que el miércoles en la tarde la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) y delegados del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) recomendaron a la policía antidisturbios (ESMAD por sus siglas) retirarse del resguardo, cosa que ésta hizo parcialmente.
Mientras, el ejército permanece dentro del territorio indígena. La tropa está 1,5 kilómetros resguardo adentro, con tanquetas, reportó Caballero.
La declaración del CRIC y el CNA advierte que "varios medios de comunicación han querido llegar hasta los diferentes lugares de concentración de los indígenas y han visto su labor totalmente obstaculizada" tanto en el Cauca como en el vecino Valle del Cauca.
* /Atención editores: Esta nota actualiza y corrige, en los párrafos 25 y 26, la información del despacho transmitido el jueves 16 de octubre de 2008 sobre las circunstancias en que resultó herido un policía./
