El esclarecimiento del asesinato de 13 indígenas en distintas partes de Colombia en las últimas dos semanas encabeza los reclamos en la movilización que reúne a unas 7.000 personas en el municipio de Piendamó, en el departamento de Cauca.
Indígenas, negros, mestizos y blancos, representantes de organizaciones sociales, participan en la minga (trabajo colectivo para el bien común) conmemorativa por los "516 años de resistencia contra el régimen de terror al servicio de la codicia del capital transnacional", como reza la convocatoria a los actos en coincidencia con el Día de la Raza que recuerdan la llegada de Cristóbal Colón a América.
La manifestación sin fecha de finalización, a la que este lunes se sumaron representantes de la sindical Asonal Judicial y los cortadores de caña, ambos en huelga desde hace más de un mes y que en número podría duplicar la actual concentración, según cálculo del portavoz indígena Manuel Rozental, a quien IPS contactó por teléfono.
Los manifestantes esperan respuesta a la carta entregada el jueves al presidente de Colombia, el derechista Álvaro Uribe, en la que piden justicia y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, que respalda la Constitución aprobada en 1991.
Pero Uribe y su gabinete guardan silencio. El gobernador de Cauca, Guillermo González Mosquera, "por lo menos habla, pero no ofrece soluciones ni acepta responsabilidades", se quejó Rozental.
El domingo "nos advirtió que, según informes de inteligencia militar, el líder indígena Feliciano Valencia podría estar en la mira de las FARC (la guerrilla izquierdista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)", dijo Rozental.
Pero la advertencia de González Mosquera no es totalmente creíble para el movimiento indígena porque, en los continuos actos de violencia en la región, los grupos irregulares se cruzan acusaciones.
"Las FARC acusan a las águilas negras (paramilitares de derecha) y éstos a las FARC", comentó el portavoz. Mientras, el ejército colombiano permanece en la zona.
El mismo Valencia dijo a IPS que, "de todas maneras, de donde venga la orden, está dada".
Feliciano Valencia es un dirigente del movimiento indígena caucano que se destacó por luchar contra los atropellos cometidos por esclavistas contra las etnias originales y los negros, práctica que se afirma aún persiste en haciendas de grandes terratenientes.
"Esa actividad es distinta de participar en el conflicto armado. Somos una comunidad indígena con propias normas que pretendemos sean respetadas por cualquiera de los grupos armados y el Estado", indicó Valencia.
Pero no piensan los mismos los actores de la añeja guerra civil, que en las últimas dos semanas perpetraron 13 asesinatos sin que aún se pueda identificar a los autores.
Según indicaron los portavoces indígenas, la última víctima fue el dirigente Nicolás Valencia Lemus, de 39 años, quien fue asesinado el domingo a las 08:30 de la mañana en una vía por la que se dirigía a Toribío (Cauca). Fue obligado a bajar del vehículo que conducía, en el que también viajaban su esposa e hijo, por hombres encapuchados que afirmaron pertenecer a las águilas negras.
"Vengan de donde vengan las balas asesinas, le sirven únicamente a quienes están contra los pueblos", señala un comunicado expedido por el movimiento indígena.
"Mientras se desarrolla la Minga por la Conmoción de los Pueblos y se conmemoran 516 años de resistencia y dolor, el asesinato de Nicolás debe esclarecerse. Por esa zona donde fue acribillado hacen presencia diversos grupos armados que pretenden beneficiarse con estos actos de terror", se añade en el texto.
"Frente a la muerte, seguimos y seguiremos proclamando y defendiendo la vida y la dignidad. (…) El terror que siembran se convertirá en su vergüenza y condena. No les alcanzará la vida, las armas, los discursos para encubrir la repugnancia de su acto criminal. Nos duele Nicolás Valencia Lemus y en su nombre lucharemos para que se haga justicia", agrega.
Al asesinato de Valencia Lemus se suman 12 muertes más en distintas regiones como Nariño en el sur, Caldas en el centro y Antioquia en el noroccidente.
A esos asesinatos se suman amenazas y otros ataques. Este lunes, la caravana que se dirigía al encuentro de Piendamó fue detenida por el ejército durante algunas horas, pero "luego nos dejaron pasar y aquí estamos", dijo a IPS, otro líder de nombre Ezequiel.
La Minga se adelanta de manera simultánea en otras regiones del país como los norteños departamentos de La Guajira y Santander, los orientales Boyacá y Casanare, el centro occidental Quindío, pero la mayor concentración se registra en Cauca, departamento con fuerte raigambre indígena, unido en tradición con Nariño y Putumayo.
La protesta expresa también el desacuerdo por el tratado de libre comercio firmado por Colombia con Estados Unidos, pendiente de aprobación aún por el Congreso legislativo de ese país.
"Queremos tratados entre pueblos, para los pueblos y la vida, y contra los pueblos y la Madre Tierra que están matando con su codicia", sostienen los indígenas.
Piden también "la derogación de las reformas constitucionales y de la legislación de despojo, con la que entregan lo nuestro a intereses privados, nos someten al silencio, la estupidez, el trabajo forzado, a la exclusión y la muerte".
Mencionan los indígenas el Estatuto Rural, el Código de Minas, Leyes y planes de aguas, la ley de bosques, impulsadas por el gobierno de Uribe, afirmando que "seguiremos luchando para conseguir que sean derogadas".
Se expresan en contra del "terror que siembra el Plan Colombia (de lucha antidrogas y contrainsurgente), la Seguridad Democrática (plan bandera de Uribe), y la parapolítica (congresistas vinculados con paramilitares de ultraderecha) que infestan nuestros territorios y los siembran de muerte y desplazamiento con la excusa falsa de lograr recuperación social".
"Con esta protesta, que no es un delito sino una obligación convertida en crimen por los que le temen a la libertad, queremos que el mundo se entere de cómo Estados Unidos y el Comando Sur (su comando militar para el área) establecen Centros de Coordinación de Acción integral desde donde ocupan nuestros territorios para entregarlos a las (firmas) transnacionales con los recursos de los pueblos", agregó Feliciano Valencia.
Recordó también la legislación vigente en Colombia, las declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el mandato agrario, los derechos sindicales y los fundamentales, e hizo un llamado para "construir la agenda de los pueblos, que permita pasar de un país con dueños y sin pueblos, a un país de los pueblos sin dueños".
