Parte del movimiento social e izquierdista hondureño, aglutinado en sindicatos y otras organizaciones populares, caracterizados por su radicalismo, vive una especie de sueño revolucionario encarnado en la relación que el presidente Manuel Zelaya mantiene con su par de Venezuela, Hugo Chávez.
Zelaya proviene de una de las familias de terratenientes ligadas a la explotación forestal y lidera el Partido Liberal, uno de los dos partidos fundacionales de Honduras, pero desde su llegada al gobierno se ha enfrentado a la vieja estructura de poder partidario y nacional.
El propio Zelaya identifica ese poder en grupos fácticos donde están los dueños de medios de comunicación y del sector energético, financiero y de las maquilas, como se les llama a las zonas francas industriales destinadas a la exportación.
Para el analista político Matías Funes, el presidente Zelaya "siempre ha sido un conservador". Lo que "tiene es una patastera (enredadera) ideológica que tiene entusiasmado a gran parte del movimiento social que se cree que Honduras vive un proceso revolucionario".
Funes, profesor universitario, recordó ante IPS que "las revoluciones no se producen por decreto ( ), y creer que por haber ingresado al ALBA, la cual yo avalo íntegramente, es que ya somos un país socialista, es la peor falacia que el movimiento popular hondureño puede pregonar".
"Todo indica que el ingreso al ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) ha alborotado a la siempre incipiente, malformada y malhumorada izquierda política y social hondureña", acotó a su vez, el sacerdote jesuita Ismael Moreno.
Moreno y Funes coincidieron en que el movimiento social pasa hoy por una especie de "espejismo revolucionario" de la mano de Zelaya y del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Zelaya y el presidente del parlamento, su correligionario Roberto Micheletti, rubricaron el sábado un convenio para ratificar en el parlamento la adhesión de Honduras al ALBA, firmado en agosto para sumarse a Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Dominica.
De este modo se destrabará el tratamiento del proyecto de ratificación, paralizado por la presión empresarial. El acuerdo, anunciado en una concentración política en la que Zelaya y Micheletti limaron asperezas, formó parte de las actividades del Partido Liberal con miras a las elecciones internas en busca de su candidato presidencial para los comicios generales de 2009.
Micheletti, quien aspira a la presidencia del país y compite con cinco corrientes liberales, ratificó el convenio a cambio del respaldo de Zelaya, quien a su vez aprovechó para obtener otros beneficios, entre los que destaca el proyecto de producción de energía a base de carbón otorgado a una empresa guatemalteca, cuestionado por irregularidades por el Tribunal Superior de Cuentas.
Pero los principales actores del movimiento social hondureño hacen caso omiso a este tipo de acuerdos partidarios condicionados, ilusionados, según analistas, en querer sentar las bases de un proceso revolucionario en Honduras, luego de que Zelaya manifestara que su gobierno se enfila hacia la izquierda bajo un modelo "liberal socialista".
El ingreso de Honduras al ALBA se produjo tras el acercamiento de Zelaya a Chávez, un año atrás en Nicaragua, y en momentos que los organismos financieros multilaterales presionaban al país por medidas de transparencia y rendición de cuentas ante denuncias de irregularidades en el manejo del gasto público, la inflación pasaba de 10 por ciento.
Asesores del gobernante consultados por IPS, que solicitaron el anonimato, indicaron que en privado les comentó que los organismos financieros no le dejaron otra opción que ingresar al ALBA, porque "tenía que atender las demandas del país, y Chávez le da el dinero sin exigirle requisitos ni auditorias".
Formar parte del ALBA supone una línea de créditos y beneficios en materia energética y alimenticia. Venezuela donará 30 millones de dólares para créditos a agricultores de pequeña escala, emitirá bonos por 100 millones de dólares para vivienda, otorgará 100 tractores y apoyará programas en salud, educación y asistencia tecnológicas, además de condiciones de pago concesionales en materia de combustible mediante Petrocaribe, entre otros.
Rafael Alegría, dirigente campesino del movimiento internacional Vía Campesina, dijo a IPS que "quienes han intentado desprestigiar el ingreso de este país al ALBA y las ejecutorias del presidente Zelaya son los sectores más oscurantistas del país que se consideran sus dueños y no quieren dar nada para el pueblo pobre".
Alegría descartó que a cambio de la firma del ALBA el movimiento popular hondureño "esté comprado por Zelaya, sino lo que hay son acuerdos mutuos de entendimiento", acotó, tras mostrar su satisfacción por las "grandes transformaciones sociales que se están dando en Honduras".
No obstante, su discurso sufrió un revés cinco días atrás cuando el diario local El Heraldo publicó su investigación periodística, en la que aparecen recibos de cobro y pago por 284.000 dólares, que el gobierno habría erogado a 38 líderes sociales y políticos a cambio de su apoyo al ALBA y a las protestas suscitadas en el Congreso previo a su ratificación.
El periódico publica una la lista de nombres en las que se destacan dirigentes locales de Vía Campesina, de la Central de Trabajadores de Honduras (CTH), del izquierdista partido de Unificación Democrática, campesinos y sindicatos, entre otros.
Ante la denuncia periodística, la mayoría de los sindicatos se ha llamado al silencio.
En cambio, Wendy Cruz, de Vía Campesina, cuyo nombre y firma figura en recibos publicados, aseguró que ellos no recibieron 9.000 dólares del gobierno (que serían parte del monto mencionado) a cambio del apoyo al ALBA.
"Nosotros nos movimos con nuestros propios fondos ( )", apuntó, "Nosotros apoyamos al ALBA porque es buena para los pobres, lo hicimos de convicción", añadió a IPS.
A su vez, Hilario Espinoza, de la CTH, dijo a IPS que ese dinero "fue una ayuda". "Yo acabo de llegar al cargo y me dijeron que había un dinero como ayuda y lo recogí a nombre de la organización, no en forma personal. Por mí que investiguen porque tenemos como sustentar", desafió.
No obstante, Espinoza se mostró molesto porque el monto asignado a su organización fue de 10.000 dólares, y él aduce que sólo le entregaron 6.000 dólares para la central. La Fiscalía del Estado y el Tribunal Superior de Cuentas anunciaron el martes que han iniciado una investigación de oficio y llamarán a declarar al ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, de cuya partida habrían salido los fondos.
Flores Lanza dijo a IPS que, "si me llaman voy, nosotros entregamos esos recursos a petición de los grupos sociales y fue por una buena causa que dejará enormes beneficios a Honduras".
El presidente Zelaya, a su vez, quiso minimizar la denuncia intentando darle dinero al periodista Alex Flores, de El Heraldo.
Flores relató a IPS que, "cuando le pedí (a Zelaya) una reacción a nuestro trabajo de investigación, él me miró y me dijo: te voy a dar 500 lempiras (19 dólares) para que te calles. Luego, llamó a uno de sus guardias y le dijo, páguenle a éste, y procedió a sacar un billete de 100 lempiras (cinco dólares), a lo que le respondí que me respetara".
Para Pablo Carías, sociólogo y catedrático universitario, lo que está pasando en el país "es una especie de impunidad y complicidad. Todo este alboroto con el ALBA lo que ha logrado es endurecer a la derecha más conservadora del país, por la torpeza del movimiento social en creer que las revoluciones son de papel".
"Un proyecto tan interesante como el ALBA está siendo desnaturalizado por el gobierno mismo, con ese reparto y compra de conciencias que en nada abona al movimiento social, nos debilita, y ese pago que hemos visto sólo nos evidencia que hemos tenido revolucionarios de estómago, no de principios, y es preciso gestar líderes para contrarrestar los períodos de conservadurismo que se nos avecina", acotó.
Erasmo Guerrero, dirigente del transporte, indicó a IPS que "este nuevo escándalo debe llamar a la reflexión al movimiento social y popular. No es ético pero sucedió. Eso ha sido una vieja práctica que han realizado muchos gobiernos y por conveniencia nadie ha hecho nada para frenar esta conducta irregular".
Zelaya, que en 32 meses de gobierno ya afrontó 744 conflictos sociales de diverso tipo, abrió un nuevo frente con este escándalo del ALBA, un proyecto que goza del respaldo y la simpatía popular en la mayoría de la sociedad hondureña, pese a la oposición de los empresarios de mayor influencia y conservadurismo en el país.
