Con una década de atraso, el proceso por el tráfico de armas a Angola tiene como acusadas a destacadas figuras de Francia y a un multimillonario israelí, pero ningún dirigente del vasto país africano ha recibido intimación del juez de un tribunal de París.
La tarea del tribunal francés será intentar probar las responsabilidades y ramificaciones de un vasto negocio de venta ilegal de armamento a Angola, entre 1993 y 1998, por un valor estimado de 790 millones de dólares.
El juicio al "Angolagate" comenzó el 6 de este mes y su primera semana se ha limitado a la lectura de un rosario de acusaciones punibles con entre cinco y 10 años de prisión por comercio ilegal de armas, abuso de confianza, fraude fiscal y tráfico de influencias.
Entre los más conocidos indagados en el proceso se cuentan el ex ministro de Interior de Francia, Charles Pasqua (1993-1995), ahora con 81 años, y su más cercano colaborador, Jean-Charles Marchiani, el hijo del fallecido presidente francés François Mitterrand (1981-1995), Jean-Christophe Mitterrand, Jacques Attali, ex consejero presidencial, y el empresario Pierre Falcone.
El proceso involucra en total a 42 personas, entre políticos y empresarios franceses y el multimillonario israelí de origen ruso Arcadi Gaydamak, que recibirán, en presencia o en ausencia, la sentencia que será dictada el 4 de marzo de 2009.
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El juicio presidido por el magistrado Jean-Baptiste Parlos se desarrollará en 58 sesiones para analizar el caso, sin la comparecencia de Gaydamak, uno de los principales acusados, refugiado en Israel, donde se acogió a las leyes de ese país que no permiten la extradición de judíos desde su territorio.
Sin embargo, se considera que el mayor responsable es Falcone, quien pese a ser francés fue designado en 2003 por Luanda como representante de Angola ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Por entonces, artículos de la prensa portuguesa interpretaron el nombramiento de Falcone ante la Unesco, que tiene su sede en París, como un intento de evitar su prisión con el recurso de la inmunidad diplomática.
Pese a que ningún ciudadano angoleño consta en la lista de los convocados a dar explicaciones ante el juez francés, el libelo acusatorio de la fiscalía asevera que cerca de tres decenas de altas personalidades de Angola, incluido el propio presidente José Eduardo dos Santos, recibieron sobornos.
En 1993, Luanda necesitaba carros blindados y municiones para enfrentar a las disciplinadas fuerzas de la Unión Nacional para la Liberación Total de Angola (Unita) del líder rebelde Jonas Savimbi, en momentos en que Portugal, principal socio en cooperación militar, se veía forzado a mantenerse equidistante debido a las fuertes criticas internas por su apoyo al Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA) de Dos Santos.
Las acusaciones de parcialidad contra Portugal se remontaban a 1975, cuando el MPLA había recibido el poder del último gobernador portugués designado por los militares revolucionarios que habían tomado el poder en Lisboa, al derrocar al régimen corporativista-colonial en abril del año anterior.
El gobernador Antonio de Alba Rosa Coutinho, conocido como "El almirante rojo" por sus simpatías por los comunistas, había sido muy criticado en la época por haber desestimado a la Unita debido a los apoyos que Savimbi recibía, principalmente de Sudáfrica y de Estados Unidos, lo que desembocó en el estallido de la primera guerra civil angoleña (1975-1992).
Ante ese escenario, en 1993 el gobierno de Angola recurrió a Francia, que sin embargo se negó a venderle armas debido al embargo internacional decretado al inicio de la segunda guerra civil angoleña (1992-2002).
Las negociaciones encubiertas se centraron en Falcone, empresario considerado muy próximo a Pasqua y asociado a Gaydamak, que realizó los contactos necesarios con Moscú para proporcionar el material bélico requerido por Luanda.
Por lo que consta en la acusación, el arsenal comprado no se redujo a 420 carros blindados de combate. La lista incluyó seis navíos de guerra, 12 helicópteros, 150.000 obuses y 170.000 minas antipersonales, entre lo más destacado.
Los contratos se realizaron con un margen de lucro de 50 por ciento, con el obvio resultado de que los diferentes socios de las varias empresas, algunas de ellas fantasma, acabaron convertidos en multimillonarios con el negocio sucio de la guerra, que en Angola causó cerca de un millón de muertos.
El dinero angoleño era depositado en cuentas que diversas empresas francesas tenían en París, en Ginebra (Suiza) y Tel Aviv, antes de proseguir viaje hacia paraísos fiscales en las Islas Vírgenes o en Mónaco.
La acusación también indica que la empresa Brenco International, perteneciente a Falcone, proporcionaba "jóvenes señoras" que en París se encargaban de "atender" a militares angoleños de alto grado.
La defensa del empresario argumenta que el juicio es ilegal, ya que las armas no pasaron por Francia, una teoría recogida con agrado por el actual ministro de Defensa de Francia, Hervé Morin, según la interpretación de la agencia de noticias portuguesa Lusa.
"Para el gobierno francés, el juicio no surge en el mejor momento, dado que las autoridades galas han intentado una aproximación con Luanda, y una prueba de esto es la visita que el presidente Nicolas Sarkozy efectuó en mayo a Angola, país rico en petróleo, que es ya el mayor productor de África", sostiene un comentario de Lusa firmado con las iniciales JSD.
Al parecer, el juicio podría proyectar algunas sombras sobre los logros del viaje de Sarkozy a Angola, "conseguidos sabe Dios cómo", dijo a IPS el magíster en ciencias políticas angoleño Eugenio Costa Almeida, columnista habitual de varias publicaciones portuguesas.
El analista citó las palabras de Jacques Marraud des Grottes, director para África de la empresa petrolera francesa Total, con motivo de la visita de Sarkozy: "El continente africano es cada vez más importante en términos de reserva y de producción".
Los franceses se limitan a corroborar el hecho de que "África representa más de 10 por ciento de las reservas mundiales, y Angola es cada vez más importante en este contexto", añadió Costa Almeida.
"Y para la francesa Total, África representa 34 por ciento de la su producción, a lo que se añade que el próximo año, Angola, el mayor productor de petróleo de la región subsahariana, va a presidir la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)", acotó el politólogo.
El desarrollo del juicio por el "Angolagate" puede no ser el mejor para los intereses políticos y económicos franceses, pero surge en un país con fuerte tradición de autonomía del Poder Judicial.
"Esto de que haya países que quieran mantener la autonomía del Poder Judicial frente al poder político y económico es una manía", comentó Costa Almeida con ironía destinada al gobierno del MPLA.
"¡En un país serio, donde el que manda es el partido, que es el pueblo y el pueblo es el partido, esto sería inimaginable!", concluyó.
