Un juez federal de Michigan, Estados Unidos, ordenó al gobierno de ese estado septentrional habilitar para el voto a ciudadanos privados de ese derecho a raíz del desalojo de sus viviendas.
El juez del Distrito Oriental de Michigan, Stephen J. Murphy III, consideró ilegal eliminar de los padrones a votantes cuyos documentos de identidad fueron devueltos por correo al gobierno del estado, la mayoría de ellos tras ser desalojados por la imposibilidad de pagar sus hipotecas.
Estas acciones motivaron la demanda formulada por la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés), la Fundación de la Asociación de Estudiantes de Estados Unidos y Advancement Project, formulada contra la secretaria de Estado de Michigan, Terry Lynn Land.
Además, estas tres organizaciones defensoras de los derechos civiles reclamaron al Congreso legislativo una investigación del Departamento de Justicia (fiscalía general) de Estados Unidos.
La Secretaría de Estado de Michigan es responsable variadas funciones, desde la protección del consumidor hasta la supervisión electoral, pasando por el registro de licencias de conducir.
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Activistas temen que la "actualización" de padrones tenga consecuencias devastadoras sobre el poder de voto de las comunidades de bajos ingresos, donde residen minorías golpeadas por la crisis hipotecaria.
Una de ellas es el condado de Wayne, con gran presencia de afroestadounidenses y de ciudadanos origen latinoamericano, en su mayoría votantes del opositor Partido Demócrata.
"Privar del derecho de voto atenta contra nuestra democracia. El dictamen del juez restaura, de alguna manera, la confianza en nuestro sistema electoral", señaló Michael Steinberg, director de ACLU en Michigan, respecto del fallo del lunes.
El fallo del juez Murphy, divulgado el lunes, insta a los funcionarios electorales del estado a restaurar los nombres de las 1.438 personas borradas de los padrones desde enero y abandonar esa práctica.
"Estamos muy contentos con el dictamen. Fue un fallo firme y a conciencia", señaló Bradley Heard, director del equipo de abogados de Advancement Project para el caso. "El juez básicamente señaló que las prácticas que recusamos son una flagrante violación a la legislación federal."
La primera práctica recusada en la demanda es la cancelación inmediata del registro de voto de los residentes de Michigan con carné de conducir de otro estado sin previa confirmación mediante carta franqueada.
"No hay ninguna razón para creer que el domicilio que requiere un estado para emitir un carné de conducir sea idéntico al que se pide para votar", reza el fallo de Murphy de 43 páginas.
"En Michigan mismo se permite que quienes tengan un carné de conducir de otro estado mantengan su estatus activo en los Archivos de Votantes Habilitados, al reconocer que esos domicilios son sólo temporales, y que están autorizados a votar en este estado", continúa.
"Es decir que el propio estado de Michigan reconoce que los ciudadanos pueden votar en este estado y tener carné de conducir expedido por otro", concluye.
La otra práctica recusada por los demandantes es aquella mediante la cual funcionarios electorales borran de los padrones los nombres de personas que pudieron cambiar de domicilio respecto de aquel en el que figuran registrados, sin enviar una nota de advertencia por correo franqueado.
Murphy resolvió que es ilegal, pero en vez de ordenar su interrupción, señaló que los demandantes tenían que tratar de llegar a un acuerdo en el litigio.
El magistrado también ordenó terminar con la cancelación o el rechazo de registros de votantes cuyo el carné de identificación original fue devuelto porque no se le pudo entregar por correo.
Por último, instó a borrar en los Archivos de Votantes Habilitados la inscripción "rechazado" a los votantes cuya identificación original haya sido devuelta desde el 1 de enero de 2006 hasta el momento porque no se pudo entregar, a menos que haya otra razón legítima para hacerlo.
El diario The New York Times informó la semana pasada que funcionarios electorales de al menos nueve estados, incluido Michigan, violaban la legislación federal por usar de forma errónea datos de la Seguridad Social o eliminar miles de votantes después del vencimiento de la fecha límite federal.
"Lamentablemente, nuestro pasado y nuestra historia están llenos de ejemplos de actitudes partidarias de funcionarios sesgadas que llevan a la purga de votantes y a la eliminación de votos", señaló el director del Proyecto de Derecho de Voto de ACLU.
"De seguir permitiendo esas prácticas, el día de las elecciones, miles de votantes concurrirán a las urnas sólo para descubrir que fueron borrados de los registros", añadió.
Kelly Chesney, portavoz de la Secretaría de Estado de Michigan, dijo a IPS que la oficina estudia el dictamen del tribunal federal.
"Estamos revisando el dictamen del juez Murphy. No hemos determinado aún cuál será nuestro próximo paso", señaló Chesney.
