Un juez estadounidense se pronunció contra el intento del gobierno de su país de colocar en la «lista negra» de colaboradores con el terrorismo a una organización asistencial musulmana, cuyos activos fueron congelados hace casi tres años, y señaló que tiene derecho a defenderse ante un tribunal.
En respuesta a una petición formulada por la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés) y abogados defensores de los derechos humanos, el juez James G. Carr dictaminó que el gobierno de George W. Bush no puede calificar de "terrorista" a la organización KindHearts ignorando el "debido proceso" constitucional.
Carr destacó que la adopción de esa medida, previa a la revisión judicial del caso, provocaría a la organización un "daño irreparable" en la forma de "pérdida de su reputación".
Hina Shamsi, abogada de la ACLU, señaló que la decisión del juez "sirve al interés público al asegurar que las acciones del gobierno, incluso las tomadas en nombre de la seguridad nacional, están sujetas a los requerimientos constitucionales del debido proceso".
Los abogados de KindHearts dijeron que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), que depende del Departamento del Tesoro (ministerio de finanzas", congeló los activos del grupo hace 31 meses "con el único argumento de que se encontraba 'bajo investigación'".
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Desde entonces, han amenazado con calificar a la organización de "terrorista", citando "información clasificada" y sin otorgar al grupo la oportunidad de defenderse de los cargos, agregaron.
Uno de los abogados, el constitucionalista David Cole, de la Universidad de Georgetown, dijo a IPS que "el régimen legal empleado con el argumento de poner fin al financiamiento del terrorismo otorga al Poder Ejecutivo un 'cheque en blanco' para colocar en una 'lista negra' a grupos o individuos así como adjudicar culpas por asociación y carece de los mínimos atributos del debido proceso".
"Así como en los años 50 era ilegal ser miembro del Partido Comunista, ahora es un delito apoyar a una organización o individuo que figure en una lista de vigilancia del terrorismo, aunque el gobierno puede aplicar ese calificativo y congelar activos sin demostrar ningún vínculo con grupos terroristas o la comisión de actos ilegales", agregó Cole.
Otros analistas consideran que la campaña contra las organizaciones de caridad que desarrollan programas en el mundo musulmán se inscribe en un clima de sospecha hacia los fieles de esa religión y los árabes.
Samer Shehata, profesor de Política Árabe de la Universidad de Georgetown, indicó a IPS que la islamofobia "produce un ambiente que entra en colisión con los valores que supuestamente defiende Estados Unidos, de igualdad para todos y no discriminación en base al color de piel, la raza, la religión o el género".
Desde el 11 de septiembre de 2001, cuando se produjeron los ataques en Nueva York y Washington, el gobierno puso fin a las actividades de docenas de organizaciones de caridad, pero sólo tres fueron formalmente acusadas de apoyar al terrorismo y llevadas a juicio. Ninguna fue condenada.
"Lo que está pidiendo KindHearts es tener su oportunidad de plantear su caso ante un tribunal antes de que el gobierno, unilateralmente, la designe como terrorista, ocasionando un daño irreparable a su activo más valioso, su reputación", dijo Shamsi.
Los abogados de la organización no gubernamental señalaron que fue creada en 2002, luego de que el gobierno prohibiera el funcionamiento de varios grupos humanitarios musulmanes, con el propósito de ofrecer asistencia en el exterior y en Estados Unidos, con total respeto de la ley.
"Desde que sus activos fueron congelados, KindHearts ha pedido repetidamente al gobierno que informe los fundamentos de las acciones de la OFAC y le otorgue la oportunidad de defenderse", señaló Fritz Byers, uno de los abogados del grupo.
"La ausencia de respuesta dejó a la organización en el limbo, imposibilitada de cumplir su misión humanitaria", agregó.
