El gobierno mexicano de Felipe Calderón recibe un bombardeo de presiones y amenazas por el proyecto en el que promete mejorar la educación pública, que según diversas evaluaciones es de pésima calidad.
Observadores opinan que la forma en que sortee el tema marcará gran parte de los poco más de tres años que le restan de gestión, hasta diciembre de 2012, y el futuro de millones de niños.
Un sector de profesores, activistas ligados a organizaciones humanitarias y dirigentes políticos de izquierda piden anular la denominada Alianza por la Calidad de la Educación por considerarla "neoliberal y privatizadora" y amenazan con paralizar al país.
Pero empresarios, algunos expertos y personas encuestadas apoyan ese plan, que es considerado el de mayor envergadura en varias décadas. El gobierno en tanto, afirma que no dará marcha atrás.
"La única salida al conflicto es el diálogo, pero de parte del gobierno no hay voluntad y, por el contrario, se apuesta a la represión", dijo a IPS Adrián Ramírez, director de la Liga Mexicana por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, organización filial de la Federación Internacional de Derechos Humanos.
La huelga que llevan adelante los profesores desde hace unos 50 días en el estado de Morelos, vecino a la capital, amenaza con radicalizarse y suma crecientes apoyos de grupos de izquierda, activistas y profesores de otros estados que tienen en común su críticas al gobierno del conservador Calderón.
Los huelguistas mantienen sin clases a cerca de 500.000 estudiantes de Morelos y han realizado movilizaciones en la capital, bloqueado carreteras vecinas y se han enfrentado con la policía. También se ha denunciado que en algunos momentos profesores amenazaron e insultaron a padres, madres y a grupos de colegas que no están de acuerdo con las protestas.
A su vez, las autoridades llevaron adelante el 9 de este mes un violento operativo en un poblado de Morelos en el que, según organizaciones defensoras de los derechos humanos, la policía y militares perpetraron detenciones arbitrarias, torturaron y practicaron otras violaciones a las garantías de los huelguistas y de personas que los apoyan.
"Lo mejor que puede hacer Calderón es dar marcha atrás, renunciar a la represión y escuchar a los que protestan", opinó Ramírez.
Pero el consultor en temas educativos Néstor Parás recordó que "los profesores ya tuvieron diálogo con las autoridades". Desde su punto de vista, no hay negociación posible que saque a los opositores "de su posición de mantener las cosas como están, de no tener ningún plan de envergadura a favor de la educación".
La Alianza por la Calidad de la Educación establece que sólo se podrá acceder a los cargos docentes por concurso, frenando la práctica de compra, herencia o entrega a discreción de plazas, como venía sucediendo según lo reconocen los mismos profesores.
Además, incluye compromisos para capacitar y evaluar a maestras y maestros y promesas de mejorar y ampliar la infraestructura física del sector educativo.
Aunque en ninguna parte del plan se indica que la educación será privatizada y por el contrario se habla de reforzar las escuelas públicas, los opositores afirman que el espíritu del mismo es afín al empresariado y a los postulados al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional.
"La educación es vista como una mercancía por este gobierno, donde lo que importa es entrar en competencia y ya no más el derecho a la educación de los niños y al de trabajo de los profesores", consideró el jefe de la Liga Mexicana por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Según una encuesta telefónica nacional realizada a 850 personas mayores de 18 años a fines de septiembre por el diario Reforma, 44 por ciento de los entrevistados desaprueba las protestas de los maestros, a 36 por ciento le es indiferente y 16 por ciento simpatiza con ellas.
Esa misma consulta, cuyos responsables afirman que al proyectarla a nivel nacional y general tiene un nivel de confianza de 95 por ciento, indica que 52 por ciento de los entrevistados opinan que con el nuevo programa oficial la educación mejorará, 25 por ciento sostienen lo contrario y el resto no sabe.
En este país, con unos 35 millones de estudiantes en el sistema público y privado, la educación tiene mala calidad, indican estudios y pruebas aplicadas a alumnos y profesores.
En 2006, 2007 y 2008, la Secretaría de Educación realizó pruebas a miles de alumnos de escuelas primarias y secundarias para determinar sus habilidades en matemática y manejo del idioma. Los resultados no variaron demasiado.
En la última evaluación, sólo 20 por ciento del estudiantado de escuelas privadas, unos 800.000, se ubicaron en niveles de excelencia. En las estatales, donde cursan 34 millones, llegaron a ese rango apenas 3,8 por ciento de los examinados.
En cuanto a maestras y maestros, las autoridades informaron de los resultados de una prueba realizada a quienes concursaron para ocupar nuevas plazas. Casi 70 por ciento de los 71.000 examinados reprobaron. Tales evaluaciones, que en el pasado no se realizaban o se ocultaban, confirmaron los resultados de otras de carácter internacional
La Prueba Internacional para la Evaluación de los Estudiantes (PISA) realizada en 2006 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entre sus 30 estados miembros y otros 27 ajenos colocó a México en el lugar 43 en cuanto a capacidades de lectura y manejo del idioma y en el 48 en destreza para las matemáticas.
Según la PISA, que se aplica a estudiantes de 15 años, los evaluados de México se ubicaron, en cuanto a capacidad para reflexionar bajo parámetros científicos e innovar, en el último sitio entre los socios de la OCDE, el bloque que tiene entre sus integrantes a todos los países industrializados.
Aunque en los últimos días la crisis financiera internacional y la guerra contra el narcotráfico han sido asuntos que llamaron la atención, es en la Alianza por la Educación donde el gobierno se juega la credibilidad, señaló Sergio Sarmiento, columnista del diario Reforma.
El plan está ya en marcha y tiene mayoritario apoyo ciudadano. La pregunta es si el gobierno, que ha dicho que el programa es esencial, lo va a mantener o si cederá a la presiones para quedar así marcado como un gobierno débil, consideró este observador. Los profesores inconformes reconocen que desearían que sus plazas continúen siendo heredadas a sus hijos, si es que los mismos acreditan capacidad, o que sea el sindicato el que entregue los puestos de trabajo.
Este grupo, que según el gobierno de Calderón es minoritario, sostiene que concursar por una plaza es poner al profesor en calidad de mercancía. Además, sostienen que su principal demanda no es mantener una plaza a cualquier costo, sino promover una educación humanista y con planes que sean producto de un amplio diálogo social.
"Quienes afirman que lo único por lo que luchan los maestros es por privilegios, engañan y ocultan, pues ellos sí tienen propuestas alternativas para mejorar la educación que indudablemente no está bien", dijo Ramírez, quien no oculta su antipatía por la Alianza por la Calidad de la Educación, que a su entender fue negociada "con la mafia del sindicato".
Los que se oponen al plan son contrarios al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que reúne a la mayoría de los más de 1,5 millones de educadores de México.
La alianza fue acordada por el gobierno con la cuestionada maestra y dirigente política Elba Esther Gordillo, jefa de ese poderoso sindicato, un gremio marcado por la poca o nula transparencia en el manejo de recursos, que serían millonarios, y las alianzas con diversos gobiernos.
Según al consultor Parás, el gobierno de Calderón cometió el grave error de limitar la firma y negociación de su acuerdo, que aunque puede ser positivo, a un sindicato desprestigiado y marcado por la corrupción.
