El paquete de rescate de 700.000 millones de dólares aprobado la semana pasada por el Congreso legislativo de Estados Unidos no es lo que ese país necesita para apuntalar su tambaleante economía, señalaron expertos independientes.
El presidente de la Reserva Federal (banco central) de Estados Unidos, Ben Bernanke, advirtió el martes que la economía emprendía una tendencia descendente. Hizo ese comentario horas después de anunciar un programa para la compra de deudas de corto plazo, dirigido a estimular el crédito.
La acción de la Reserva Federal se produjo luego de que el índice bursátil Dow Jones cayera el lunes por debajo de 10.000 por primera vez desde 2004, en sintonía con pérdidas en las bolsas de todo el mundo, especialmente marcadas en Brasil y Rusia. Los países en desarrollo afrontan duros tiempos por venir.
Bancos de todo el mundo han invertido en los mismos títulos ligados a hipotecas de alto riesgo del mercado inmobiliario estadounidense. El estallido de esa burbuja el año pasado descalabró la economía estadounidense y expandió la "enfermedad" a todos los mercados.
[related_articles]
Los ministros de finanzas de la Unión Europea (UE) pidieron a los gobiernos del bloque coordinar sus políticas de estímulos económicos, pero no adoptaron una estrategia común. Cada país implementará la que considere más apropiada.
Ya lo hicieron Irlanda y Alemania. La canciller (jefa de gobierno) alemana Angela Merkel anunció que garantizaría los depósitos de todos los bancos, en un intento de inspirar confianza a los ahorristas. Varios países de la UE acudieron al rescate de poco más de media docena de instituciones financieras en riesgo de quiebra.
Pero en Estados Unidos "el rescate del sector financiero no ha sido lo suficiente para ayudar a la economía real", aseguró Scott.
El público estadounidense expresa su rechazo a este plan. Legisladores señalaron que recibieron quejas de sus votantes acerca de la magnitud de la operación y por el hecho de que se centra en grandes instituciones financieras, sin tomar en cuenta a los propietarios de viviendas que corren el riesgo de perderlas por incapacidad de pagar los préstamos que tomaron para comprarlas.
Encumbrados miembros del Congreso legislativo aseguraron a los contribuyentes la semana pasada que no debían preocuparse por la posibilidad de un mal empleo de esos 700.000 millones de dólares, ya que habrá alguna supervisión por parte del legislativo y agencias gubernamentales.
Los legisladores también prometieron poner en práctica regulaciones más severas para el sector bancario y financiero, con el objetivo de prevenir abusos como los registrados con los títulos inmobiliarios.
"Si nos detenemos aquí sería una traición. Tenemos que realizar una seria reforma, con un nuevo paquete de regulaciones para todo el sector financiero", dijo el representante (diputado) Barney Frank, presidente de la poderosa Comisión de Servicios Financieros de la cámara baja.
Agregó que debía ser "algo comparable al New Deal", el programa implementado por el ex presidente Franklin Delano Roosevelt (1933-1945), que rescató a Estados Unidos de la Gran Depresión desatada por otro ciclo de alocada especulación, que culminó con la quiebra de la Bolsa de Valores en 1929.
El representante Dennis Kucinich considera que el plan de rescate es un error. "Representa el fracaso del proceso democrático y el triunfo de los intereses sectoriales por sobre los del público", afirmó Kucinich, quien votó en contra.
"Podríamos haber reconocido el poder del gobierno para volcar dinero en inversiones sociales, para la creación de empleos, la atención de la salud y la energía 'verde'", agregó.
Muchos economistas continúan advirtiendo que el plan de rescate apunta en la dirección incorrecta y que el gobierno debe tomar otras acciones.
Las ejecuciones de vivienda ya suman 10.000 por semana, calculó Timothy Canova, profesor de derecho económico internacional de la Universidad Chapman.
"El rescate apunta a lo más alto de la pirámide, no hace mucho para ayudar a los que están en la base y corren riesgo de perder su casa. Hace falta una moratoria de desalojos y nuevas disposiciones de quiebras que protejan a los propietarios de viviendas", agregó.
Según Scott, el gobierno debe invertir 900.000 millones de dólares para estimular la economía. Si los emplea en la infraestructura y escuelas creará empleos. Estados como California y Massachusetts, que ya sufren las consecuencias de la contracción económica, necesitan ayuda del gobierno federal, agregó.
"Hay que ayudar a los propietarios de viviendas para que refinancien sus hipotecas" a través de créditos de bajo interés, dijo Scott.
Es lo que propone Emily Rosenbaum, directora de una organización sin fines de lucro que ayuda a amenazados por el desalojo en Lowell y Lawrence, dos comunidades pobres del estado de Massachusetts que frecuentemente son la primera escala de los nuevos inmigrantes.
"El número de ejecuciones hipotecarias se triplicó el año pasado. Fueron 93 en 2006 y se elevaron a 293 en 2007 en esta zona. No conocemos aún las cifras de este año, pero estimamos que se duplicará", dijo Rosenbaum.
