El narcotráfico vulneró los férreos controles y candados que el gobierno de México asegura haber puesto a sus organismos de seguridad. Las evidencias indican que jefes policiales. docenas de agentes y militares trabajan para las mafias, y hasta un secretario de Estado está bajo sospecha.
La lista de funcionarios acusados de colaborar con las organizaciones de traficantes se ha engrosado en los últimos días. Mientras, continúa sin pausa la violencia atribuida a las mafias, que según recuentos periodísticos locales superó ya los 4.000 asesinatos en lo que va del año, cifra inédita si se compara con períodos similares anteriores.
Los controles de confianza que se aplican a los agentes mexicanos no funcionaron, incluso con el apoyo y aval de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), dijo a IPS politólogo Daniel Blanco, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Sin embargo, "sería justo reconocer" que fueron las mismas autoridades de la Procuraduría General (Fiscalía) las que investigaron el asunto y "salieron a dar la cara, lo que genera al menos esperanza de que se trabaja contra la corrupción", señaló Blanco.
Para el experto en narcotráfico Sergio Fernández, la purga en los cuerpos de seguridad es tardía. "Esta corrupción policial que ahora se expone viene de años atrás, aunque el gobierno siempre afirmó que la combatía. Persistió y seguramente se mantiene ahora", declaró este observador a IPS.
Las sospechas de la infiltración estaban a la vista desde el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), "sólo era necesario fijarse en los automóviles y las casas de las que eran dueños los ahora detenidos, pero ni eso pudieron hacer", apuntó Fernández.
En el marco de la llamada Operación Limpieza, las autoridades informaron esta semana que el director adjunto de inteligencia y el coordinador técnico de la subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Fernando Rivera y Miguel Colorado, respectivamente, así como tres agentes de alto rango y 35 fiscales, fueron separados de sus cargos.
Según las investigaciones, en los últimos cinco o seis años, ellos filtraron información periódica a narcotraficantes a cambio de sobornos por los que recibían entre 150.000 y 450.000 dólares.
Además, el coordinador general de inteligencia de la Policía Federal, Víctor Garay, y el director general de Fuerzas Federales, Luis Cárdenas, dos cercanos colaboradores del secretario (ministro) de Seguridad, Genaro Luna, fueron llamados a declarar por sus presuntos vínculos con narcotraficantes.
Luna ha sido acusado por algunos de sus ex colaboradores de tejer redes de corrupción al interior de los cuerpos de seguridad. Además, es señalado por presuntos narcotraficantes, a través de carteles colocados en sitios visibles de diversas ciudades, de proteger a un bando de traficantes.
Pero el presidente Felipe Calderón lo mantiene en el cargo, aunque en los corredores de la presidencia corren insistentes rumores de que pronto sería removido.
La Procuraduría General tiene en su poder una lista, encontrada en una casa de narcotraficantes, en la que aparecen los nombres de unos 30 militares como colaboradores de traficantes.
También cuenta con datos que indicarían la existencia de una red de policías federales adscritos al aeropuerto de la capital mexicana que permiten el paso de drogas a cambios de jugosos pagos.
Otras evidencias señalan que narcotraficantes han logrado infiltrar a sus colaboradores en citas de la Policía Internacional (Interpol).
En un nuevo golpe a los narcotraficantes, las autoridades detuvieron el domingo pasado a Eduardo Arellano Félix, quien encabezaba una importante organización. El director de inteligencia de la DEA, Anthony Palacio, declaró que al menos uno de los funcionarios detenidos de la subprocuraduría de Investigación especializada en Delincuencia Organizada había mantenido contacto con esa agencia.
Palacio no reveló el nombre del implicado, pero reconoció que vulneró los controles de confianza de su agencia.
El procurador general de México, Eduardo Medina, prometió que antes de septiembre de 2009 culminará un amplio proceso de depuración de todos funcionarios policiales federales. Para los agentes estatales y municipales el plazo de limpieza culminará un año después.
El presidente Calderón declaró "que para frenar a la delincuencia primero hay que sacarla de nuestra propia casa, a la que se metió quizá desde hace mucho tiempo, y eso es precisamente lo que estamos haciendo"
Según diversas investigaciones, en México operan siete grandes organizaciones criminales que, vinculadas a colombianas, han establecido sofisticadas estrategias para enviar drogas a Estados Unidos.
Unos 30.000 soldados han sido enviados por Calderón, desde que comenzó su gestión en diciembre de 2006, a diversos estados con el propósito de combatir a las mafias.
Tal estrategia, junto a la guerra interna entre narcotraficantes por controlar territorios, desató una violencia sin precedentes, que se acompaña de denuncias contra soldados por violar derechos humanos de personas que poco o nada tienen que ver con el negocio de las drogas.
