Los cuerpos de tres civiles, víctimas del asesinato masivo cometido en 1985 por militares peruanos en la zona andina de Accomarca, fueron desenterrados por sus familiares y autoridades judiciales. Podrían ser los últimos que se exhumen por orden de la justicia.
Hasta ahora se han recuperado 36 cadáveres. En otra fosa, hallada este año, los restos óseos estaban tan dañados y mezclados, que hasta el momento se ignora a cuántas personas pertenecieron.
Accomarca, en los Andes de la empobrecida región sureña de Ayacucho, está compuesta por caseríos dispersos.
En el operativo participaron cuatro patrullas. La que dirigía Telmo Hurtado —hoy en prisión preventiva en Miami por delitos migratorios— cometió la mayor parte de los crímenes contra los campesinos, inclusive niños y mujeres embarazadas.
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Hasta hace poco se creía que las otras patrullas cumplieron funciones de seguridad y contención. Pero ahora se sabe que las cuatro asesinaron a pobladores.
El cadáver de Filomeno Chuchón estaba enterrado en una zona conocida como Huambalpa. Detenido y forzado a servir como guía de los militares, Chuchón fue ejecutado por los soldados tras la matanza, por orden de Hurtado.
Agustín Chávez tenía 64 años, y Severino Baldeón, 55. Los mataron el 13 de agosto de 1985, en Pitecc, camino a Accomarca, un día antes de que se consumara la masacre.
Desenterrar los restos de civiles es también desenterrar la verdad. Los tres hallazgos confirman que las patrullas que participaron en el Plan Operativo Huancayocc, aprobado por el alto mando del ejército, "tenían la orden de que nadie quedara con vida", dijo a IPS la abogada de las víctimas, Karim Ninaquispe, testigo de la exhumación.
"Un día antes de la matanza de Accomarca, las patrullas de Juan Rivera y David Castañeda se reunieron en Pitecc. Allí encontramos los cadáveres de Agustín Chávez y Severino Baldeón, ejecutados por los militares. A Castañeda se le atribuye el asesinato de Baldeón", añadió.
Los tenientes Castañeda y Rivera comandaron dos de las cuatro patrullas implicadas. El primero vive en Estados Unidos, donde le fue rechazado su pedido de asilo político, mientras el segundo fue expulsado a Perú por las autoridades estadounidenses.
"Hurtado y Rivera salieron del lugar por la ruta de Huambalpa, donde ha sido hallado el cuerpo de Filomeno Chuchón", añadió Ninaquispe.
"Los pobladores refieren que los militares provenientes de Accomarca lo traían amarrado y que luego le dispararon. Chuchón había sido entregado por inteligencia del ejército a Telmo Hurtado y fue obligado a actuar como guía. Lo ejecutaron en Huambalpa, el 15 de agosto de 1985. Por eso el hallazgo de su cuerpo es muy importante", insistió.
En la exhumación de Chuchón, con presencia de autoridades judiciales, fiscales y forenses, estaba también su viuda, Narcisa Mendívil, su única hija, Victoria Chuchón Mendívil, su nieta y sus hermanas.
Victoria, que tenía 10 años cuando mataron a su padre, encendió velas como ofrenda.
Los trabajos en Pitecc y Huambalpa fueron los últimos cumplidos por mandato judicial. No habrá más exhumaciones porque los familiares no cuentan con datos precisos o porque se estima que es imposible recuperar ciertos cuerpos.
Los restos de Brígida Pérez y de su hijo Alejandro Baldeón, por ejemplo, fueron destruidos cuando se construyó una carretera en el lugar donde estaban sus tumbas clandestinas.
"No conocemos de la existencia de otras fosas, aunque según nuestros datos habría una tumba en una zona llamada Lloccllapampa. Allí estarían los restos de cinco niños. Pero no tenemos testigos que ubiquen el lugar exacto", dijo Ninaquispe.
Mientras se espera la deportación de Hurtado desde Estados Unidos, Rivera, que permanece detenido, compareció ante la justicia para negar su participación en los crímenes, contradiciendo un testimonio que él mismo había prestado en 1985.
El plazo otorgado por la Sala Penal Nacional al juez Percy Vargas para la fase de investigación concluirá dentro de dos semanas. Entonces el magistrado deberá decidir sobre el procesamiento de los acusados.
Pero quedan muchos obstáculos.
Hasta ahora, el estatal Instituto de Medicina Legal (IML), con sede en Lima, no ha obtenido la identidad de ninguno de los restos hallados este año, pese a que el Poder Judicial le ha solicitado varias veces que practique los exámenes de ADN necesarios.
"Existe poca voluntad por parte del IML. Ni siquiera han recabado las muestras de los familiares directos de las víctimas para establecer la identidad de los cuerpos encontrados", dijo Ninaquispe.
"Hemos tenido que recurrir al (no gubernamental) Equipo Peruano de Antropología Forense para que recaben las muestras y las envíen a laboratorios de Estados Unidos. No confiamos en las autoridades del IML porque muestran desinterés, falta de sensibilidad, desidia ante un caso tan grave como Accomarca", aseveró.
"Ahora necesitamos que se corrobore la causa de la muerte de las tres víctimas que encontramos. Esperamos que se cumpla la ley", apuntó la abogada de la no gubernamental Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (Adehr).
