La detención del dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990) hace una década en Londres activó la justicia de Chile y de otros países del mundo, promovió la recuperación de la memoria y mandó un fuerte mensaje a varios insignes violadores de derechos humanos.
Estas fueron algunas de las conclusiones de la Conferencia Internacional "El efecto Pinochet. A 10 años de Londres 1998", inaugurada este miércoles en la privada Universidad Diego Portales de Chile.
El 16 de octubre de 1998, cuando se recuperaba de una intervención quirúrgica en una clínica de Londres, Pinochet fue arrestado por la policía británica por orden del juez español Baltazar Garzón, que buscaba extraditarlo a España para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad.
Pinochet perpetró el 11 de septiembre de 1973 un cruento golpe de Estado contra el presidente socialista Salvador Allende (1970-1973), e implantó una dictadura de 17 años. Se estima que 3.000 opositores de izquierda fueron asesinados y desaparecidos durante ese periodo y otras 35.000 personas torturadas.
La democracia retornó en 1990 de la mano de la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia, que se mantiene en el poder hasta hoy, con la presidenta socialista Michelle Bachelet.
Luego de 503 días de arresto en Londres, el entonces senador vitalicio retornó a Chile gracias a que el ministro del Interior británico de la época, Jack Straw, acogió la petición del gobierno chileno de repatriarlo por "razones humanitarias", considerando su avanzada edad y problemas de salud.
Pinochet falleció en diciembre de 2006 sin ser condenado en ninguno de los juicios por violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción que se le imputaban.
Uno de los expositores de la conferencia que finalizará este viernes, el reconocido abogado de derechos humanos chileno Roberto Garretón, planteó que detención del ex dictador en Londres tuvo dos efectos, uno que denominó "Pinochet" y el otro "Garzón".
El primero es un mensaje para otros dictadores y violadores de derechos humanos del mundo, que indica que "no deben moverse de donde están parados" para no ser juzgados en otras latitudes gracias al avance del derecho internacional, señaló.
El "efecto Garzón", en tanto, incluyó a los jueces y los militares.
"Los jueces chilenos y de muchas partes del mundo aprendieron que se podía hacer justicia", planteó Garretón.
Asimismo, los militares chilenos reconocieron que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los 17 años del régimen de Pinochet "merecían censura y no podían volver a repetirse". "Sin Garzón no hubiera habido ese reconocimiento", sostuvo.
En este marco, en Chile surgió una mesa de diálogo y una comisión que documentó los actos de tortura. También se designaron jueces con dedicación exclusiva para investigar los casos.
"Políticamente, la detención de Pinochet dinamizó un proceso de justicia, de recuperación de la memoria y de reparación de las víctimas, que estaba estancado en Chile", comentó a IPS el politólogo Claudio Fuentes, ex director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Chile.
El ex presidente peruano Alberto "Fujimori (1990-2000) no entendió el 'efecto Pinochet' y salió muy seguro de Japón (hacia Chile, de donde fue posteriormente extraditado a Perú). Y como en Perú opera el 'efecto Garzón', los jueces peruanos lo están procesando" por crímenes cometidos durante su gobierno, dijo a IPS Garretón.
Sin embargo, este abogado cree que el "efecto Garzón" no alcanzó a la "clase política chilena", ya que una parte de la oposición derechista todavía defiende a ex uniformados procesados por violaciones a los derechos humanos y aún persisten amarres dictatoriales, principalmente en materia de participación política.
Chile aún no ha ratificado importantes instrumentos internacionales como la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas, el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer (Cedaw), recordó Garretón.
El "efecto Garzón" también habría llegado de distintas maneras a países como Argentina, Perú, Paraguay y Uruguay, dijo Garretón.
Este último país, por ejemplo, aceptó en 2006 la extradición a Chile de tres militares uruguayos involucrados en el secuestro y asesinato del ex agente de la dictadura pinochetista Eugenio Berríos, en 1993.
Asimismo, "la detención de Pinochet causó un efecto importante en los jueces argentinos, que ya estaban siendo presionados por víctimas y organizaciones de derechos humanos para llevar a adelante detenciones, reabrir los procesos y finalmente declarar la nulidad de las leyes" de amnistía, explicó a IPS Gastón Chillier, director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CLES) de ese país.
Las leyes de obediencia debida y de punto final, que mantenían a los militares alejados de los juzgados, fueron anuladas por la Corte Suprema de Justicia en 2005, y hoy son más de 300 las personas imputadas y detenidas y 32 las condenas dictadas por violaciones a los derechos humanos. Los juicios están en pleno desarrollo, informó Chillier.
El abogado Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, también mencionó el proceso de recuperación de la memoria acordada en 2007 por ley en España, que busca identificar restos, reparar crímenes y reivindicar a las víctimas de la Guerra Civil Española (1936-1939) y de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
"No deja de ser irónico que el Estado que se enfrentó al chileno en ese entonces por la extradición de Pinochet haya acabado, después de 10 años del caso Pinochet, recordando y haciendo esfuerzos por integrar a su conciencia actual hechos que, desde la muerte de Franco, se había empeñado en silenciar", señaló Peña.
"Y es que, como sabemos, y lo muestra el mismo caso Pinochet, eludir el pasado equivale al absurdo de saltar fuera de la propia sombra", concluyó.
