El sangriento ataque contra solados y civiles en el sur de Perú, atribuido a remanentes del insurgente Sendero Luminoso, es considerado una represalia al amplio operativo militar en el Valle de los ríos Apurimac y Ene (VRAE), que ha motivado denuncias de acciones indiscriminadas contra lugareños.
"La emboscada al transporte de militares fue una respuesta del senderismo frente a la decisión de las Fuerzas Armadas de tomar el control de Vizcatán", el cuartel general senderista, dijo a IPS Jaime Antezana, experto del Instituto de Estudios Internacionales, de la Pontificia Universidad Católica.
"Los senderistas pretendieron demostrar que la 'Operación Excelencia' no los ha debilitado" con el ataque a cuatro camiones militares en la localidad de Tintaypunco, en la provincia surandina de Tayacaja, en la región Huancavelica, ubicada 440 kilómetros al sudeste de Lima. En la acción murieron 12 soldados y dos civiles que iban en los vehículos.
El contingente era parte de los 1.200 militares que participan del mayor operativo de los últimos tiempos lanzado para desarticular un remante de unos 350 miembros del grupo maoísta, surgido en 1980, que controlan el VRAE, que comprende las regiones Ayacucho, Cusco y Apurímac, la principal zona productora de coca y de clorhidrato de cocaína de Perú.
El atentado, registrado el miércoles a las seis de la tarde, pero sólo confirmado el viernes por las autoridades, es el más grave cometido por los senderistas desde que su fundador y líder, Abimael Guzmán Reinoso, fue detenido por la policía el 12 de septiembre de 1992.
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Según fuentes del ejército, el jefe de la Base Contrasubversiva de Cochabamba Grande, que resguarda el ingreso y salida a la zona del VRAE, recibió la invitación de Welfa Común Gavilán, alcaldesa de la localidad de Tintaypunco, para que sus hombres participaran en una ceremonia cívica por el aniversario de creación del distrito.
La alcaldía ofreció un camión para trasladar ida y vuelta a los soldados. Cuando se encontraban de regreso en el vehículo, aproximadamente a mitad del camino de retorno, una mina detonó debajo de un camión con 26 soldados y cinco civiles. Inmediatamente, de ambos lados de la carretera los senderistas dispararon para rematar a los heridos.
La opinión de Antezana coincide con comentarios militares respecto de que el ataque fue una respuesta de Sendero Luminoso a la Operación Excelencia.
"Nunca dan la cara, atacan por la espalda. Lo que ha ocurrido en Tintaypunco es una manifestación de que los hemos golpeado donde más les duele, porque hemos cortado las vías de acceso a las zonas donde producen cocaína. La venta de droga es su principal fuente de financiamiento", dijeron portavoces del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el VRAE.
El último informe de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indica que, de la producción potencial anual de 180 toneladas de cocaína que se registra en Perú, 58 por ciento sale del VRAE, cuyo valor en el mercado estadounidense es de 2,400 millones de dólares.
Desde el comienzo de la "Operación Excelencia" se han destruido siete campamentos de Sendero Luminoso, entre ellos el conocido como Bidón, donde había un laboratorio de procesamiento de cocaína.
"En ese lugar se encontraron insumos químicos para la elaboración de droga en grandes cantidades", indicaron fuentes militares. "Incluso había hornos microondas para el secado de la cocaína. Estamos hablando de una industria de la droga en manos de Sendero Luminoso", afirmaron.
El objetivo militar es tomar el control de Vizcatán, una vasta e inaccesible zona del VRAE que los senderistas la han convertido desde hace 20 años en su centro de operaciones. La Operación Excelencia les ha permitido a los militares cerrar las vías de acceso al área, tanto por tierra como por vía fluvial, y conforme avanzan instalan bases contrainsurgentes.
El ataque contra el convoy se produjo pocos días después de que pobladores del VRAE denunciaron ante la fiscalía penal y organizaciones de derechos humanos que el ejército atacó indiscriminadamente, durante el operativo, a comunidades campesinas y asesinó a pobladores creyendo que eran senderistas. El ejército negó esas acusaciones.
El seis de este mes, activistas de la no gubernamental Asociación Paz y Esperanza y pobladores del VRAE hallaron cinco cadáveres en las cercanías de la localidad de Pichari. El Ministerio de Defensa los calificó de "presuntos subversivos", pero habitantes del área dijeron que se trataría de agricultores de la zona.
Desde el inicio de las operaciones se habían reportado 25 soldados heridos.
El presidente de la comisión de Defensa del Congreso legislativo, Edgard Núñez, anunció que debido al ataque a Tintaypunco citó para este lunes a las autoridades del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que expliquen lo que está pasando en el VRAE.
"Lo que ocurrió en Tintaypunco es condenable y revela que las Fuerzas Armadas requieren de mayor apoyo. Le estoy reclamando al Ministerio de Economía la asignación de más fondos para el Comando Conjunto. Pero también es preciso saber si estamos avanzando o no en la lucha contra el terrorismo", dijo a IPS el legislador oficialista.
Sin embargo, para el presidente de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), Miguel Huerta, las autoridades no sólo deben preocuparse por incrementar el presupuesto militar en el VRAE sino también velar porque se respeten los derechos humanos de la población que no tiene que ver con el conflicto.
"Rechazamos todo acto de violencia y particularmente los actos terroristas, pero son también condenables los abusos cometidos por los militares en el VRAE", dijo Huerta a IPS.
"Se debe enfrentar con firmeza a la subversión pero sin violar los derechos humanos de los inocentes. Exigimos investigar y sancionar a los responsables de las violaciones, como a los autores del brutal ataque a los soldados que no tuvieron capacidad de defensa. Estamos monitoreando lo que sucede en el VRAE. Hay una guerra que el resto del país parece desconocer", añadió.
Después de haber consumado el ataque, los senderistas se llevaron 18 fusiles Galil de los solados. Además de los fallecidos, quedaron heridos 14 militares y tres civiles, entre ellos un menor.
