Cuando todo permitía suponer que España había enterrado los fusilamientos perpetrados en la II República, instaurada en 1931, y en la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), la apertura de un proceso judicial hace presente una realidad que ocasionó miles de muertos.
Cifras gubernamentales indican que entre esas fechas fueron encarceladas 400.000 personas y otras 650.00 debieron exiliarse, mientras que las asesindas llegaron a 210.000, unas 60.000 de las cuales fueron víctimas del bando republicano, donde el Partido Comunista jugó un papel decisivo en el campo militar, y las 150.000 restantes murieron a manos del franquismo.
El gobierno aprobó el 3 de este mes cuatro decretos para desarrollar la Ley de Memoria Histórica, aprobada en enero y que entre otras cosas establecen la reparación económica a las víctimas y su rehabilitación pública.
Las indemnizaciones a las familias por cada fallecido irán desde los 135.000 euros (186.000 dólares) y sumas menores para quienes resultaron heridos, con montos que dependerán del grado de discapacidad provocada, la cual será acreditada por la sanidad oficial.
Un par de semanas antes, el juez Baltasar Garzón decidió abrir diligencias en torno a la recuperación de la memoria histórica.
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El magistrado lo hizo respondiendo a la solicitud de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid (ARMHV), provincia ubicada en el noroeste de la península ibérica, una de las más castigadas en aquella época.
Fernando Magán, abogado de ARMHV, calcula que en la Guerra Civil Española (1936-1939) fueron fusiladas más de 3.000 personas sólo en esa provincia, cuyos cuerpos todavía no fueron localizados, y calcula que los restos de personas que faltan ubicar en toda España serían unos 130.000.
Tras presentar su demanda ante Garzón, hace dos semanas, declaró que llevaba más de un año poniendo denuncias y aportando documentación y que sólo ahora "parece que estamos llegando a buen puerto".
La decisión de Garzón recibió apoyos, pero también críticas como la del coronel retirado Julián Delgado, quien fue uno de los fundadores de la Unión Militar Democrática (UMD), creada para luchar contra la dictadura franquista. Luego de instaurada la democracia fue jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, una de las ciudades más pobladas de España.
Delgado dijo a IPS que no considera correcto que se haya abierto un proceso judicial sobre los fusilamientos, ya que "es absurdo remover el dolor". "Esta es otra de las actitudes a las que nos tiene acostumbrados el juez Garzón", criticó.
Porque, añadió, "hay que dividir lo ocurrido entre los que murieron en el frente (de guerra) y los que lo hicieron en la retaguardia, en un enfrentamiento que dejó muchos tipos de víctimas, todas merecen respeto pero no deben ser incluidas todas de manera general".
No obstante, aclaró, "otra cosa es que las víctimas y sus familiares que no fueron indemnizados sean apoyados por el Estado, reciban indemnización y cierren su duelo". Pero todo ello debe hacerse "sin cierto revanchismo que se está produciendo y no hace nada bien a la democracia".
Sobre la cantidad de víctimas no identificadas todavía no hay cifras precisas, aunque a Garzón ya le han presentado unos 130.000 nombres de desaparecidos en aquella época. El problema está en que será muy difícil identificar los restos, casi todos enterrados en fosas comunes.
Un ejemplo está en Valladolid, donde la ARMHV investigó sobre 1.600 personas ejecutadas y solamente logró identificar a 125 de ellas, ya que son grandes fosas comunes en las que resulta muy difícil extraer el ADN de los huesos para compararlos con el de los familiares que hacen las denuncias.
Además, en la posguerra se enterró también en fosas comunes a quienes fallecían por muerte natural o accidentes y sus familiares carecían de dinero para pagar una tumba o nicho.
El reconocimiento incluirá a los extranjeros, cuyo número será elevado ya que los miembros de las Brigadas Internacionales que se constituyeron para apoyar la República y lucharon fueron más de 35.000 procedentes de medio centenar de países, a quienes se les retiraron los pasaportes para que no pudieran abandonar las filas.
Uno de ellos, con 94 años de edad y radicado en Francia, Theo Francos, declaró al diario madrileño El País que se siente apenado porque los brigadistas ofrecieron sus vidas para cambiar el mundo y no lo pudieron lograr.
Sobre la decisión del gobierno del socialista José Luís Rodríguez Zapatero de reconocerle la nacionalidad española a Francos, éste manifestó que "es algo simbólico, pero he estado tres años luchando por España y me apetece ser un ciudadano de ese país".
José Antonio de Santiago-Juárez, consejero (ministro) de la presidencia de la Junta de Castilla-León, a la que pertenece Valladolid, se pronunció en contra de la instancia judicial abierta por Garzón.
Santiago-Juárez, del centroderechista Partido Popular (PP), dijo que el juez está haciendo eso "para desviar la atención de la crisis económica por la que atraviesa España" y beneficiar con ello al gobierno de Zapatero.
Garzón, por su parte, requirió información a municipios, ministerios, a los centros documentales e incluso a la Conferencia Episcopal Española, que tiene archivos en los que constan los funerales que ha realizado.
Otra polémica ha surgido en torno al nonagenario dirigente comunista Santiago Carrillo, quien ejerció la Consejería de Orden Público durante la República quien, al preguntársele sobre el asesinato de 2.000 personas en Paracuellos del Jarama, localidad próxima a Madrid, rechaza cualquier responsabilidad.
"Puse aquella misión en manos de mis colaboradores de la seguridad del traslado", dijo. Un traslado que se interrumpió a poco de salir y que culminó con los asesinatos.
Según Carrillo, "la gente que ya había sufrido los ataques fascistas se lanzó a por ellos (por los militares que eran trasladados presos) y la guardia que iba custodiándolos no los defendió".
"Si alguna responsabilidad tuve yo de aquello fue la de no tener capacidad para controlar y castigar a los responsables…, fue una desgracia tremenda, pero hubiera sido mucho peor que se hubieran unido al ejército que estaba atacando a Madrid", explicó.
Así queda abierta la tumba histórica, pero quedan muchos pasos por andar. Un ejemplo es el del gran poeta Federico García Lorca, fusilado el 18 de agosto de 1936, cuyos restos puede que sean examinados próximamente si Garzón responde positivamente a la demanda de los familiares de otros dos fusilados junto a él y autoriza la exhumación de los mismos.
Pero hay casos que no necesitaron orden judicial para encontrar restos. En las obras para construir un jardín botánico en Mérida, capital de la Comunidad Autónoma de Extremadura, lindante con Portugal, se identificaron unos 1.200 cuerpos que aparecieron en una fosa común descubierta por casualidad.
Algo parecido ocurrió en otras provincias españolas, a lo largo y ancho del país.
Así, entre apoyos y rechazos, el pasado de la Guerra Civil y sus prolegómenos se hacen presentes otra vez en España. Falta saber si todo saldrá a la luz o si se impondrán quienes señalan que desean mirar hacia el futuro, en unidad, paz y democracia.
