Familiares de víctimas de la dictadura española de Francisco Franco (1939-1975) y sectores de la justicia entienden como un golpe a Baltasar Garzón el recurso de la Fiscalía Nacional contra la decisión de ese juez de investigar los crímenes cometidos en la guerra civil y por el régimen que siguió.
En términos muy duros para Garzón, al que, entre otros términos, califica de "inquisidor incompatible con la Constitución", la Fiscalía Nacional de España argumenta su rechazo en que "las detenciones ilegales con desaparición no son un sujeto de las reglas de la justicia universal" y en que "los delitos han prescrito por la ley de amnistía de 1977".
"Aunque temíamos esta resolución nos ha decepcionado y dolido, porque la ley de amnistía fue hecha cuando la democracia no estaba consolidada, como lo prueba el hecho de que cuatro años después se produjo un intento de golpe de Estado con la toma del Congreso por el teniente coronel Antonio Tejero", dijo a IPS Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Esta y otra veintena de asociaciones entregaron a Garzón una lista con 143.153 militantes republicanos desaparecidos durante la guerra civil (1936-1939), a la que se suman 50.000 fusilados y sepultados en fosas comunes después de la contienda. Estaban convencidos de que, además de su exhumación, se podrían investigar estas y otras muertes.
"Estábamos animados por el éxito que tuvo este gran juez al lograr que los magistrados británicos decidieran la extradición de (Augusto) Pinochet a España, que, lamentablemente, impidió el gobierno derechista de José María Aznar (1996-2004)", comentó Macías.
"También por la extradición y procesamiento en Madrid de represores argentinos, como Miguel Ángel Cavallo y Adolfo Scilingo" que logró. "Lamentablemente parece más fácil que Garzón juzgue a los dictadores latinoamericanos que a los españoles", añadió. Con este criterio coincide el escritor Carlos Santos, autor de "El Silencio del gallo", un libro de notable éxito en España en el que cuenta que la represión militar en Guatemala (1960-1996) causó cerca de 250.000 muertos.
"Estos temas suelen ser muy lentos, pero siempre avanzan", señaló Santos a IPS. "El juez Santiago Pedraz, en este caso, actuó a petición de los familiares de las víctimas guatemaltecas, tuvo siete años estancado el proceso en la Audiencia, pero finalmente llegó a la Comisión de Exteriores del Congreso y el Tribunal Supremo determinó que los delitos de lesa humanidad no tienen fronteras."
Completa su visión diciendo que, "si determinados crímenes y delitos de lesa Humanidad no pueden tener fronteras en el espacio, tampoco deberían tenerlas en el tiempo", y aclara que las amnistías que se han dado a sí mismos los dictadores y las producidas en épocas de excepción difícilmente pueden ser aceptadas por los jueces en democracia.
Garzón es el centro de la gran polémica jurídica, en España, en la que también están divididos los partidos políticos de derecha, centro e izquierdas.
Lo era ya por su decisión de abrir 22 fosas comunes en las que están sepultados dirigentes políticos, sindicalistas, intelectuales, maestros o simples simpatizantes del bando republicano español, entre ellas la que se supone se encuentra el poeta Federico García Lorca, asesinado en agosto de 1936 por los fascistas franquistas en la sureña ciudad de Granada.
Ahora lo es por la decisión de la Fiscalía Nacional de declararlo incompetente para investigar los crímenes del franquismo.
Sobre este último aspecto, la Fiscalía explica que ha decidido presentar el recurso ante la Sala de lo Penal, para que sea ésta la que decida en sesión plenaria "teniendo en cuenta la importante trascendencia de las cuestiones que son objetos de discrepancia" y que, en su criterio, "no puede ser retroactivo juzgar crímenes contra la humanidad."
En tanto se espera la respuesta de esta sala y con la seguridad de que Garzón apelará, las declaraciones sobre las exhumaciones y sobre el juicio a las responsabilidades del franquismo expresan criterios muy opuestos.
Manuel Fraga Iribarne, ministro en los últimos años de gobierno de Franco y fundador del derechista Partido Popular, dice que "es un disparate que este señor se declare competente, puesto que ya hubo ley de amnistía" y que "políticamente es un error gravísimo resucitar los problemas de la guerra civil."
Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior del actual gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, entiende, por el contrario, que "la decisión Garzón de abrir una investigación sobre los desaparecidos de la guerra civil no significa "reabrir las heridas" sino, por el contrario, "cerrarlas."
El historiador hispano-escocés, Ian Gibson, autor de libros importantes sobre la vida y muerte de Lorca y máximo impulsor intelectual de su exhumación declara a IPS que "negar y sepultar la historia es el peor servicio que se puede hacer a la reconciliación. No se logrará que cicatricen todas las heridas hasta que no se sepa toda la verdad."
