Más de 75 heridos y por lo menos una persona muerta era el resultado este miércoles de la represión a protestas indígenas en buena parte del territorio colombiano.
En la Movilización Nacional de Resistencia Indígena y Popular, convocada por organizaciones nativas, los manifestantes bloquearon la Carretera Panamericana, que une el centro y el sur de Colombia y comunica con Ecuador.
Para despejar la vía, el ejército y la policía atacaron la zona con helicópteros, tanquetas y fusiles.
"Fue terrible e injusto. Nosotros no tenemos armas. Sólo tenemos los bastones de mando. En este momento (medio día del miércoles) siguen disparando, aunque lograron sacarnos de la Panamericana", dijo a IPS el asesor indigenista Manuel Rozental.
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Sin embargo, "la movilización se agranda. Desde la cima de las montañas están bajando nuevos participantes a la protesta, y en todo el país fácilmente podemos calcular 200.000 indígenas en movilización", aseguró Rozental.
La protesta se cumple en 16 de los 32 departamentos colombianos: Guajira, Córdoba, Sucre, Atlántico y Chocó, en la septentrional Costa Caribe; Norte de Santander, Boyacá y Casanare, en el oriente; Meta, al sur de Bogotá; Risaralda, Caldas, Quindío y Tolima, en el centro del país; Cauca y Huila, en el suroccidente; y Valle del Cauca, en el occidente.
Los reclamos incluyen 12 puntos que los indígenas pretenden tratar directamente con el derechista presidente Álvaro Uribe.
Refiriéndose a las refriegas en el Cauca, el vicepresidente Francisco Santos afirmó que "lo que hay allá es una infiltración guerrillera, y los que pelean son los Nietos de Quintín Lame", líder indígena del siglo pasado que luchó por el reconocimiento de los derechos de las comunidades ancestrales.
El nombre de Lame fue adoptado por un grupo de jóvenes indígenas caucanos sin tierra, debido a la falta de ampliación de los resguardos. Recurren al uso de explosivos y otras prácticas violentas en las protestas y son desaprobados por sus autoridades tradicionales.
Aun así, los vínculos de los indígenas con cualquier grupo armado son desmentidos de manera insistente por los cabildos (gobiernos colectivos de las comunidades nativas).
Colombia vive una guerra civil de casi medio siglo.
Los indígenas del Cauca insisten en la presencia de Uribe en la zona porque "tenemos demasiados antecedentes de incumplimiento. En la cumbre mundial de los pueblos indígenas que se realizó ahí mismo, en La María, en 2005, nos ofrecieron dialogar y lo que hicieron fue mandarnos más ejército para quemar y arrasar", dijo Rozental.
En la noche del martes, durante una sesión plenaria del Congreso legislativo, el senador indígena Jesús Piñacué relató los graves motivos que inducen a la movilización y logró eco en la Comisión Segunda, relativa a asuntos internacionales, y entre legisladores de los opositores Partido Liberal y Polo Democrático Alternativo (PDA).
El miércoles, Piñacué reclamó que, así como Uribe ha negociado con narcotraficantes y sus fuerzas paramilitares, debería afrontar el diálogo con los indígenas. El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, calificó al legislador de "terrorista". "Espero que esta lucha de tantos años, y las solicitudes específicas de la movilización, en las que llevamos cinco años esperando con humildad y resignación, por fin encuentren una solución. Pero, mientras tanto, continuaremos luchando porque no hay nada más que hacer", dijo Piñacué a IPS.
El martes, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) elevó denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la presunta desaparición forzada de dos personas en la protesta de La María.
También solicitó a la Organización de los Estados Americanos "la intervención urgente" del relator para la Libertad de Expresión y Opinión, porque en plena movilización fue "bloqueada" la página web de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), y fue suspendido el servicio eléctrico en la sede del Consejo Regional Indígena del Cauca, desde donde se retransmite la emisora virtual de ONIC, Dachibedea.
Más de 30 organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales argumentaron que la movilización étnica se inscribe en el marco de acciones definidas desde el año 2001, "dirigidas a expresar su rechazo frente al genocidio físico y cultural, y las diversas modalidades de atropello y violación de que son sujetos".
A través de un comunicado público, las organizaciones sociales resaltan que "en los territorios indígenas confluyen dinámicas de explotación de recursos naturales que los convierten en escenarios de disputa por los grupos armados, y espacios estratégicos para la implementación de proyectos económicos y de infraestructura".
Con ello "se lesiona la autonomía, integridad territorial y derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluyendo la violación de espacios sagrados, la pérdida de culturas, y el derecho al consentimiento libre, previo e informado", agregan.
En el texto, las entidades manifiestan gran preocupación porque el gobierno colombiano se abstuvo de firmar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General del foro mundial el 13 de septiembre de 2007.
Se señala asimismo el incumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y de las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas.
Desde el inicio del gobierno de Uribe, en 2002, han sido asesinados 1.253 indígenas, y por lo menos 54.000 han sido expulsados de sus territorios ancestrales, según la ONIC.
* Con aportes de Constanza Vieira (Bogotá).
