El resultado de una votación clave en el Parlamento Europeo sobre cómo enfrentar el cambio climático no ha sido tan negativo como temían los ambientalistas, pero también indica que la retórica de los políticos no tiene un correlato con acciones decisivas para enfrentar el recalentamiento global.
A pesar de las fuertes presiones de representantes de industrias que consumen gran cantidad de energía, quienes buscaban diluir un paquete de propuestas destinadas a reducir las emisiones de dióxido de carbono en los estados miembros de la Unión Europea (UE), los legisladores decidieron el martes mantener el plan sin cambios sustanciales.
Uno de los temas más conflictivos fue el de la magnitud de la reducción.
El año pasado, los gobiernos europeos se habían comprometido a reducir 20 por ciento las emisiones de dióxido de carbono para 2020, respecto de los niveles de 1990. Pero esa meta se elevaría a 30 por ciento si otras grandes economías adoptaban un objetivo similar.
Aunque la Comisión de Industria del Parlamento Europeo intentó hace poco evitar que esa reducción de 30 por ciento fuera obligatoria, en caso de que se llegara a un acuerdo internacional en la materia, la comisión de Ambiente votó el martes que la meta más ambiciosa debía aplicarse automáticamente si se alcanzaba ese consenso.
[related_articles]
Tomas Wyns, activista de la Red de Acción Climática, dijo que esa decisión envía "una señal alentadora" con vistas a las conversaciones para llegar a un acuerdo internacional, que se desarrollarán en diciembre en Poznan, Polonia, y el año próximo en Copenhague.
Asimismo, Wyns pidió a los gobiernos de la UE que el "paquete" sobre temas ambientales y de energía que están discutiendo, y que deben finalizar antes de fin de año, sea "robusto".
Los ambientalistas también estiman que en buena medida se han frustrado los intentos para debilitar la planeada Agenda de Comercio de Emisiones (ETS, según sus siglas en inglés).
Bajo esta agenda, los operadores industriales reciben permisos de emisión por hasta cierta cantidad de dióxido de carbono al año. Si prevén que excederán lo permitido, pueden comprar permisos adicionales en el denominado "mercado de emisiones".
Por el contrario, si sus emisiones reales son más bajas de lo permitido, pueden vender el excedente en el "mercado" o "ahorrarlo" para cubrir excesos futuros.
Pero algunos miembros del bloque de partidos de centroderecha en el Parlamento Europeo, el más numeroso, presionaron para que esos permisos se entregaran gratis.
Sin embargo, la mayoría de los miembros de la comisión de Ambiente rechazaron esa idea. Todos los "créditos de carbono", como se conoce a esos permisos, serán vendidos en subasta para 2020.
"Otorgarlos sin costo, de manera indefinida, hubiera socavado este aspecto central de la legislación de la UE sobre cambio climático, concediendo a las industrias grotescas ganancias", señaló Caroline Lucas, líder del Partido Verde británico..
Se estima que la subasta de permisos de emisión dejará un ingreso de 68.000 millones de dólares anuales para 2020. Algunos eurodiputados han pedido que la mitad de esa suma se emplee para ayudar a los países pobres a hacer frente al cambio climático.
La organización humanitaria Oxfam apoya esta idea. "Existe una gran injusticia en el impacto del recalentamiento global", dijo Douwe Buzeman, de la oficina de Bruselas de ese grupo no gubernamental.
"Los países ricos han causado el problema, tras décadas de emisiones de gases invernadero, pero los pobres serán los más afectados y enfrentarán mayores sequías, inundaciones, enfermedades y hambre", agregó.
Por otra parte, los ambientalistas señalan que la votación del martes en el Parlamento Europeo no atendió temas fundamentales, particularmente en lo que se refiere al uso de carbón, la mayor fuente de contaminación en las actividades de generación de energía.
Los eurodiputados recomendaron que se fije a partir de 2015 un techo de 500 gramos de emisiones por cada kilovatio/hora generado en centrales eléctricas alimentadas con carbón. Para la organización ambientalista Greenpeace se trata de un paso atrás, ya que actualmente las plantas de ese tipo más "limpias" emiten 350 gramos.
Joris den Blanken, de Greenpeace, señaló que "esto significa que centrales altamente contaminantes continuarán siendo construidas en la UE. El carbón era sucio en el siglo XIX y también lo es hoy. Europa debe liberarse de las cadenas del pasado y dejar de lado el carbón para salvar el ambiente".
La comisión de Ambiente también recomendó que todas las nuevas plantas de este tipo a construirse en la UE deben estar equipadas con la tecnología para capturar las emisiones de carbono y almacenarlas subterráneamente, en lugar de liberarlas a la atmósfera.
Los eurodiputados señalaron que se deben destinar 13.600 millones de dólares para desarrollar la tecnología necesaria.
En 2007, los gobiernos europeos prometieron financiar 12 proyectos de almacenaje de carbono para 2015, pero ninguno ha sido construido hasta el momento.
"Tienen el potencial de hacer una enorme contribución a la lucha contra el cambio climático. No podemos permitirnos más demoras, ni más construcciones de plantas convencionales alimentadas con carbón. Es tiempo de que los ministros respalden sus palabras con algunas acciones prácticas", dijo el eurodiputado liberal Chris Davies.
Den Blanken, sin embargo, calificó a la "captura" de "una apuesta cara" y sugirió que el dinero sería mejor gastado en los sectores de la energía solar o eólica.
Otra crítica que se hace a la posición de los eurodiputados es que han otorgado a la UE un amplio margen para reducir indirectamente emisiones contaminantes a través del financiamiento del "desarrollo limpio" en otros países, en lugar de mejorar el desempeño ambiental dentro de las fronteras del bloque regional.
Delia Villagrasa, del Fondo Mundial para la Naturaleza, señaló que "la ciencia nos indica que los países ricos deben reducir sus emisiones entre 25 y 40 por ciento".
"Pero a consecuencia del voto de la Comisión de Ambiente, los países y las industrias europeas, comprando créditos de emisión en el exterior, pueden compensar alrededor de un tercio de los esfuerzos que deberían realizar, pero sin la garantía de que se sigan sólidos criterios ambientales y sociales", afirmó.
