La dictadura militar de Birmania trata de atraer ayuda internacional para las víctimas del ciclón Nargis, que hace seis meses arrasó el delta del río Irrawaddy, pero la desconfianza de los potenciales donantes es un obstáculo.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que, hasta ahora, sólo se reunió la mitad de los 482 millones de dólares que había solicitado.
La falta de fondos conspira contra los planes de asistencia a los millones de víctimas del ciclón y la implementación de programas de recuperación.
Según un estudio realizado en junio por funcionarios de la ONU y representantes de la junta militar birmana, el monto de los daños causados por el desastre natural asciende a 4.000 millones de dólares
Según el gobierno birmano, el ciclón dejó un saldo de 84.537 muertos, 53.836 desaparecidos y 19.359 heridos, además de 2,4 millones de personas "severamente" afectadas.
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Sin embargo, fuentes privadas consideran que los muertos ascendieron a casi 300.000, con 5,5 millones de afectados.
A los críticos del régimen no les sorprende la falta de fondos de ayuda. La atribuyen a la censura de los donantes a la dictadura y a sus antecedentes de opresión, corrupción y destrucción de la que una vez fue una prometedora economía.
"La comunidad internacional no se ha olvidado de Birmania. El dinero no llega a causa de la falta de transparencia. La gente sufre como consecuencia de la horrenda reputación del régimen", declaró Sann Aung, ministro del último gobierno elegido democráticamente, hoy residente en el exilio.
"No es demasiado tarde para que los militares acepten una supervisión independiente de la ayuda y apoyen un sistema de rendición de cuentas que permita que las víctimas se beneficien. Existen todavía muchas restricciones para que los socorristas y el personal de la ONU tengan acceso a las zonas afectadas", agregó.
Sin embargo, el no gubernamental Grupo Internacional de Crisis (ICG, por sus siglas en inglés), con sede en Bruselas, señaló que la comunidad internacional, y especialmente las naciones occidentales lideradas por Estados Unidos, deben reexaminar sus políticas de ayuda a Birmania.
En un informe difundido esta semana, el ICG afirma que, tomando en cuenta "la cooperación sin precedentes" entre el gobierno birmano y las agencias humanitarias luego del ciclón, la comunidad internacional debe aprovechar esa oportunidad "y revertir políticas contraproducentes de larga data".
El centro de estudios estima que retener la ayuda como forma de presionar al régimen para abrazar una genuina reforma política que desemboque en una vibrante democracia es una estrategia que no funciona.
"Veinte años de restricciones, durante los cuales Birmania recibió menos ayuda por habitante que otros países en desarrollo, han debilitado en lugar de fortalecer a las fuerzas del cambio", afirmó el ICG.
"La ayuda no sólo es valiosa para aliviar el sufrimiento, sino también como un medio potencial para producir la apertura en un país cerrado, mejorar la gobernanza y empoderar a las personas para que tomen el control de sus vidas", dijo John Virgoe, director de proyectos para el sudeste asiático del ICG.
El informe critica a los gobiernos occidentales por no haber reunido los 482 millones de dólares solicitados para ayudar a Birmania tras el ciclón.
El ICG señala que la comunidad internacional ha sido injustamente dura en sus políticas de ayuda, en comparación con la asistencia otorgada a otros regímenes represivos.
En 2006, Birmania recibió 2,88 dólares por habitante en concepto de asistencia externa para el desarrollo, mientras que el promedio para los 50 países más pobres fue de 58 dólares, indicó el informe.
"Otras naciones con gobiernos represivos similares recibieron mucho más: Sudán, 55 dólares por habitante, Zimbabwe, 21 dólares, y Laos, con 63 dólares por habitante", agregó.
La miseria causada por el ciclón Nargis se suma a los problemas estructurales del país, en el que un tercio de sus 57 millones de habitantes viven en la pobreza absoluta, aunque esa tasa trepa a más de 50 por ciento en las regiones fronterizas, hogar de las discriminadas comunidades étnicas.
Según la ONU, más de un tercio de los niños de menos de cinco años están desnutridos.
Las sanciones y restricción de la ayuda a Birmania fueron consecuencia de la brutal represión del régimen a un pacífico movimiento prodemocracia en 1988, en el que miles de manifestantes fueron asesinados por el ejército.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por ejemplo, se vio con las manos atadas por una ley estadounidense de 1992 que amenaza con cortar los fondos para esa agencia del organismo mundial si se embarca en programas con el gobierno birmano.
Pero incluso si el llamado a normalizar la asistencia a Birmania lleva a un cambio de actitud de los donantes poco significará para las víctimas si el régimen militar no acepta los principios y prácticas comunes de las agencias humanitarias.
"No son nuevos, pero los militares se niegan a reconocer e implementar estas normas internacionales", dijo a IPS Khin Ohmar, coordinadora de una red de organizaciones no gubernamentales locales y regionales.
"Queremos que sea la gente la que se beneficie de la ayuda, no el régimen militar", afirmó.
