Las últimas elecciones legislativas en Belarús, en las que ganó el oficialismo tras un boicot opositor, y que observadores consideraron incompatibles con los estándares democráticos, deberían llamar a un cambio de enfoque tanto en la oposición local como en Occidente, según analistas.
El presidente de Belarús, Alexander Lukashenko, no pudo obtener el ansiado respaldo de la Unión Europea (UE) ni de Estados Unidos tras los comicios del 28 de septiembre.
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE, organismo paneuropeo de seguridad), cuyas opiniones son consideradas autoritativas, sostuvo que las elecciones parlamentarias no alcanzaron las pautas requeridas. Lukashenko minimizó las críticas y dijo que eran la típica "jerga burocrática" de la organización. Un total de 263 candidatos, incluyendo 70 de la oposición, se postularon originalmente para los 110 puestos legislativos a ser elegidos por unos siete millones de votantes, en una población total de 10 millones, según datos de la Comisión Central de Elecciones.
La asistencia a las urnas fue de 75 por ciento, pero la oposición organizó un boicot, por lo cual ninguno de sus candidatos se presentó, y la población votó al actual régimen.
Los líderes opositores tomaron la medida tras denunciar haber sido excluidos de las comisiones electorales distritales que supervisan el conteo de votos.
"El gran revés para las fuerzas de la oposición en esta campaña fue que no pudieron asegurar la inclusión de sus representantes en las comisiones electorales que son directamente responsables del conteo de votos", dijo a IPS el líder opositor Ales Ales Michalevich.
Además, "el acceso de la oposición a los medios controlados por el Estado siempre es mínimo".
"El proceso de selección no le dio derechos iguales a otros candidatos", dijo a IPS Siarhei Alfer, vicepresidente del Partido de Unidad Civil, uno de los principales de la oposición, y profesor asociado de Derecho en el Instituto de Parlamento y Empresas de Minsk. "No hubo nada parecido a una campaña electoral en este país, lo cual es absurdo", afirmó.
Por su parte, el profesor Oleg Manaev, fundador del Instituto Independiente de Socioeconomía y Estudios Políticos, centro de estudios clausurado por la Corte Suprema en 2005 por petición del gobierno, señaló que las encuestas preelectorales mostraban que un tercio de la población no esperaba comicios justos.
"Los asientos parlamentarios fueron redistribuidos por las autoridades. Es por eso que el nuevo parlamento no reflejará los intereses de la sociedad", señaló Manaev. "La situación es clara y complicada al mismo tiempo, pero los políticos occidentales deberían aprovechar estas elecciones para replantearse seriamente su enfoque hacia Belarús", sostuvo.
Pero los partidos de oposición también fueron criticados por boicotear las elecciones. "Hay muchas personas que no aceptan el régimen de Lukashenko, pero tampoco ven como una alternativa a los partidos de oposición", dijo a IPS la candidata parlamentaria Olga Kozulina. "Si las fuerzas democráticas no compiten, no pueden decir que las elecciones son fraguadas", añadió.
Manaev dijo que había otras dificultades en la oposición. "Los partidos continúan concentrándose en sus asuntos internos, así como en el reconocimiento de Occidente, más que en la interacción con la sociedad belarusa", indicó.
"Fue claro que hubo muchas fallas en la campaña electoral y el proceso no pude ser considerado democrático, juzgando desde el concepto occidental de unas elecciones democráticas", dijo Olga Stuzhinskaya, de la organización no gubernamental Democratic Belarus, que asesora a instituciones de la UE y a partidos políticos pro-democráticos.
"Por otro lado, hay que admitir que hubo ciertas mejoras en comparación con años anteriores", sostuvo Stuzhinskaya, subrayando la mayor participación parlamentaria de los partidos opositores, pero criticó a estos por no haber asumido el desafío en los comicios.
La misión observadora de la Comunidad de Estados Independientes, que reúne a las ex repúblicas soviéticas excepto a las bálticas de Letonia, Lituania y Estonia, concluyó que las elecciones estuvieron bien organizadas, según las leyes nacionales y en línea con las normas internacionales.
La delegación también señaló que las autoridades electorales crearon las condiciones necesarias para incluir a la mayor cantidad de fuerzas posibles en el proceso. Rusia expresó su decepción por las conclusiones de la OSCE.
Lukashenko y unos 40 funcionarios de gobierno tienen prohibido visitar Estados Unidos o la UE, acusados de haber fraguado los comicios de 2006 en las que el mandatario fue reelecto, así como las elecciones parlamentarias previas, que fueron consideradas por muchos de ilegítimas.
El mandatario belaruso, considerado por Estados Unidos el último dictador post-soviético en Europa, ha estado esforzándose por mejorar las relaciones diplomáticas con otros países.
Hubo algunas señales de avance. La UE anunció que planeaba incluir a Belarús en un "programa de vecinos" que podía preparar el camino para que ese país recibiera asistencia financiera del bloque. Esta flexibilización mostrada por la UE fue posible gracias a que Minsk liberó a tres prisioneros políticos en agosto, en víspera de las elecciones.
