Brasil está ganando la batalla contra el hambre con un amplio conjunto de leyes, instituciones y nuevos conceptos sobre seguridad alimentaria, además de programas que estimulan un crecimiento más equilibrado de la economía.
La desnutrición crónica en niños de hasta cinco años bajó de 13 por ciento en 1996 a siete por ciento en 2006, según una investigación del Ministerio de Salud divulgada en julio. En el Nordeste, la región de mayor incidencia del hambre, la caída fue de 22,1 a 5,9 por ciento.
En consecuencia, la mortalidad infantil se redujo de 39 muertes por cada mil nacidos vivos a 22 por mil en ese período de 10 años en este país de más de 185 millones de habitantes.
La tendencia fue corroborada por el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, cuyo Índice Global del Hambre, publicado el martes, muestra el caso de Brasil con indicadores similares.
El esfuerzo se acentuó en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, iniciado en 2003, con el Programa Hambre Cero, una estrategia que comprende más de 50 acciones, desde el fortalecimiento de la agricultura familiar y la merienda escolar a la Beca Familia, que distribuye ayuda a 11 millones de hogares pobres.
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El principio orientador, la alimentación como un derecho humano, fue consolidado en la Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria aprobada dos años atrás, que creó un sistema nacional, articulando gobiernos y sociedad en acciones contra el hambre y estableciendo formas de monitorear la situación nutricional de la población.
Pero "queremos incluirlo en la Constitución", agregando ese derecho a las garantías sociales mencionadas en su artículo 6, como educación, salud, trabajo y previsión social, para hacerlo "irreversible", señaló a IPS el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea), Renato Maluf.
El Consea, órgano consultivo de la Presidencia de la República, con 19 ministros y 38 representantes de la sociedad, cumple un papel clave en el proceso. Creado en 1993, pero luego desactivado y recreado por Lula en 2003, se va organizando en los planos estadual y municipal como instrumento de participación social y generación de políticas intersectoriales.
Una iniciativa ejemplar es el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), nacido en el Consea en 2003, que integra a distintos sectores al crear mecanismos de comercialización para la agricultura familiar y abastecer a varios programas alimentarios gubernamentales, destacó Maluf.
Es aún un programa incipiente. En 2007 benefició a 92.372 pequeños agricultores, aplicando unos 105 millones de dólares, pero está en rápido crecimiento, pues duplicó sus cifras en dos años.
El proceso es lento "porque exigimos que los agricultores estén organizados en asociaciones o cooperativas", explicó a IPS Marco Antonio Pinto, superintendente de Soporte a la Agricultura Familiar de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab), empresa del Ministerio de Agricultura.
En consecuencia, el PAA avanzó más en el sur y sudeste de este país, más desarrollados, y no en el Nordeste, la región de mayor inseguridad alimentaria. Las limitaciones presupuestarias y de estructura de la Conab también dificultan la expansión, reconoció Pinto.
El combate al hambre desnudó la urgente necesidad de reorientar y reestructurar organismos relacionados con la agricultura, como la Conab y los centros de investigación agrícola, que antes priorizaban la producción empresarial a gran escala y exportadora. "No había políticas volcadas a la agricultura familiar", observó Pinto.
La seguridad alimentaria reforzó la valorización de esa pequeña agricultura que produce la mayor parte de los alimentos de los brasileños y emplea a 70 por ciento de la mano de obra rural, ocupando sólo 30 por ciento del área cultivada. Las estadísticas le atribuyen 67 por ciento de los fríjoles, 58 por ciento de la carne porcina y 52 por ciento de la leche que se consume.
El Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar, rubro importante del Hambre Cero, cuadruplicó el crédito subsidiado a ese sector desde 2003, beneficiando a unos ocho millones de personas, cifra que indica el vuelco experimentado por la política agrícola.
Ese proceso a favor de los pequeños productores genera "un círculo virtuoso" en las economías locales, dinamizando el mercado y evitando el éxodo rural, señaló Pinto. Permite que muchas familias amplíen sus ingresos o vuelvan a la producción agrícola, dejando de depender de programas sociales, como la Beca Familia.
El PAA respeta las condiciones locales, que determinan los precios pagados por la Conab, distinguiéndose de los precios mínimos de la política agrícola nacional. Es muy distinto comerciar productos en el interior de la Amazonia que en los alrededores de Brasilia, comparó Pinto.
Asimismo, el PAA apoya la diversidad productiva local, que varía desde el barú, un fruto muy nutritivo del Cerrado, la sabana central brasileña, a la castaña amazónica y la leche de cabra, que se expandió últimamente en el Nordeste.
El programa comprende el control social, a través de consejos locales y un grupo gestor que fija los precios cuando los del mercado están muy bajos. La compra es directa entre la Conab y los grupos de agricultores, evitando la intervención de gobernantes locales para "no politizar" ni afectar la credibilidad del programa, aclaró Pinto.
Tales avances no impiden que la agricultura brasileña aún siga siendo dominada por el modelo empresarial y exportador. El gobierno "se vanagloria de las grandes exportaciones que abastecen al mundo", criticó Maluf, defensor de la agroecología y la agricultura familiar para mejor la seguridad alimentaria.
De todas formas, Maluf celebra los grandes avances que han permitido que "la desnutrición aguda esté virtualmente erradicada" de este país, con índices cercanos a los de países desarrollados.
Pero permanecen "reductos metropolitanos y otros segmentos vulnerables" al riesgo del hambre, admitió.
Un estudio del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (Ibase), apuntó que 2,3 millones de familias beneficiarias de la Beca Familia, es decir 20,7 por ciento del total, aún sufren inseguridad alimentaria, con algún miembro que permanece sin comer por lo menos un día cada tres meses.
La Beca Familia, que ofrece una pequeña ayuda en dinero, variable según la cantidad de hijos, es un ingreso regular que muchos hogares nunca tuvieron, pero "no es suficiente" para asegurar una alimentación regular y diversificada para los beneficiarios, dedujo Mariana Santarelli, investigadora de Ibase, una organización no gubernamental que en los años 90 movilizó a todo el país en una campaña contra el hambre.
El estudio reveló que familias rurales muy pobres no tienen acceso al crédito y otras políticas para la agricultura familiar, como asistencia técnica, y que es necesario ampliar mucho el PAA y poner en marcha una política nacional de abastecimiento alimentario y la regulación de precios y existencias, recomendó la investigadora.
El Programa Nacional de Alimentación Escolar es un elemento importante en el proceso, como segunda mayor fuente de comida para las familias pobres, sólo superada por los supermercados, destacó Santarelli.
Una ley, que será aprobada pronto por el Congreso legislativo, regulará la calidad y operación de los comedores escolares, obligando a que 30 por ciento de sus compras provengan de la agricultura familiar.
Al aprobarse la ley, la merienda escolar se extenderá a la enseñanza secundaria, elevando a 42 millones la cantidad de niños y adolescentes beneficiados, realzó Maluf.
