Representantes de la sociedad civil de Zimbabwe aseguran que aún no pueden trabajar con libertad, a pesar de que el gobierno levantó la veda de actividades que pesa sobre sus organizaciones desde la campaña electoral que concluyó en junio.
Al menos cinco millones de zimbabwenses actualmente necesitan asistencia alimentaria, tras una pésima cosecha. La comida desapareció de la mayoría de los comercios minoristas. Las organizaciones no gubernamentales son fundamentales para distribuir la ayuda.
Según la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (Nango), el gobierno, en realidad, intensificó su control tras derogar la prohibición impuesta durante la pasada campaña electoral, con el argumento de que esas instituciones promovían a la oposición.
El 1 de este mes, el alto funcionario Lancaster Museka, del Ministerio de Servicio Público, Trabajo y Bienestar Social, convocó a su despacho a delegados de la sociedad civil, de la policía y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El objetivo de la reunión, según dijo, era "clarificar las modalidades de operación" tras el levantamiento, el 29 de agosto, de la prohibición que pesaba sobre las operaciones de las organizaciones no gubernamentales.
Museka dijo a los activistas que la reunión fue convocada para darles "una metodología de 'recompromiso' y 'reintroducción' luego de la suspensión".
Pero luego le dijo a IPS que el gobierno estaba resuelto a controlar de cerca las operaciones de estas instituciones.
"El congelamiento era necesario, pues, según nuestros informes, varias organizaciones no gubernamentales estaban operando fuera de los términos de sus mandatos registrados", declaró.
"Algunas no estaban siguiendo las pautas operativas y otras coqueteaban con la política partidaria. Varias tendrán que responder por sus iniquidades", advirtió Museka.
Sólo se permitirá el trabajo de las organizaciones involucradas en asistencia humanitaria, en áreas como la ayuda alimentaria, atención y protección de familias, niños y niñas y ancianos, asistencia a personas con discapacidades y tratamiento del VIH/sida.
"El gobierno introducirá medidas para asegurarse de que lleven a cabo sólo aquellas responsabilidades para las que están registradas. Estas medidas incluyen un instrumento de control y evaluación", dijo Museka.
Esto volverá aún más difícil las operaciones de las organizaciones no gubernamentales, dijo Fambai Ngirande, gerente de políticas públicas de Nango.
"En los papeles, la prohibición fue levantada. Pero, en la práctica, el gobierno le ajustó los tornillos a nuestras operaciones", señaló. "Las milicias que impedían el trabajo de nuestro personal en las aldeas aún siguen allí."
"El levantamiento de la suspensión es selectivo y excluye a miles de organizaciones, tanto registradas como fundaciones o universidades, así como otras registradas como instituciones privadas voluntarias no hacen tareas humanitarias, de desarrollo o bienestar", agregó.
La mayoría de las organizaciones cuyas actividades siguen suspendidas son de carácter comunitario. Su exclusión complica la tarea de otras más grandes que operaban, fundamentalmente, a través de sus estructuras.
Ngirande dijo que este requisito iba contra las disposiciones de la ley, si bien una ley en desuso, vigente desde 2005, afianza el control de las autoridades al establecer el registro de instituciones y les impide recibir financiamiento desde el extranjero.
"NANGO considera que los nuevos requisitos implementan la cuestionada Ley de Organizaciones No Gubernamentales de 2005 en tiempos en que Zimbabwe necesita una relación entre el Estado y la sociedad civil que atienda la devastadora situación humanitaria del país", dijo.
Un empleado de una importante organización de asistencia, quien solicitó reserva de su identidad, dijo que milicias afines a la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-PF, por sus siglas en inglés) le impidió distribuir ayuda de manera independiente.
"Así, es muy difícil operar. El problema es que si decimos lo que pensamos podríamos ser acusados de trabajar con enemigos del Estado y, en consecuencia, se nos desregistraría", afirmó.
Entre otras obligaciones, a las organizaciones se les obligue ahora a actuar dentro de estructuras fijadas por el gobierno. Por lo tanto, la asistencia alimentaria será supervisada por los Comités de Desarrollo de Aldeas, caciques tradicionales y concejos, que se encargarán, además, de identificar a los beneficiarios.
En el pasado, los trabajadores de asistencia en el terreno eran los encargados de distribuirla, con la colaboración del gobierno local.
"Desde nuestra experiencia, las estructuras gubernamentales son partidarias y excluyen a gran parte de los necesitados", dijo el informante.
Las restricciones aún afectan, sobre todo, a los aldeanos de los distritos alejados de centros urbanos. En una reciente visita a comunidades de la Provincia de Matabeleland Meridional, IPS constató que algunos pobladores sobrevivían comiendo raíces y frutas silvestres, pues se les había agotado el maíz, el alimento básico.
"Para nosotros, esto es el infierno en vida. Nos dijeron que levantarían las restricciones, pero, como ves, no hemos recibido nada. Ni siquiera se nos informó cuándo llegará la comida", dijo a IPS Tawana Phuti, del poblado de Plumtree.
"Hace días que disfrutamos por última vez algo que podamos llamar una comida adecuada", agregó Lulamile Ncube, de Masendu.
