El gobierno de Venezuela pisa a fondo el acelerador en su carrera por la estatización de empresas y ramas industriales completas, descartando que su radicalismo en economía se traduzca en una derrota política en las elecciones nacionales de noviembre.
Los venezolanos elegirán gobernadores para 22 de los 23 estados y a 228 de los 235 alcaldes, pero más allá de su carácter regional el oficialismo ve esos comicios como la antesala de una reforma que permita la reelección indefinida del presidente Hugo Chávez, según Freddy Bernal, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
La oposición, en cambio, pide a los electores votar el 23 de noviembre para detener lo que considera cóctel de autoritarismo, militarismo, capitalismo de Estado y comunismo.
Mientras se calientan los motores para el comienzo formal de la campaña política, en septiembre, Chávez ordenó en las últimas semanas estatizar la industria del cemento, el tercer banco comercial del país, varios hatos ganaderos y el transporte y distribución de combustibles.
En el correr de 2007 y en el primer semestre de este año, activos de compañías petroleras extranjeras que explotaban crudos pesados fueron forzadas a conformar empresas mixtas, al igual que la empresa de telefonía básica, Electricidad de Caracas, la producción de 90 por ciento del acero venezolano, emplazamientos turísticos e industrias de alimentos.
[related_articles]
Para esas adquisiciones, el Estado debe erogar unos 20.000 millones de dólares, provistos por los ingresos petroleros récord gracias a los altos precios de los mercados internacionales, que le permitirá quedar en control de por lo menos 12 de las 15 mayores empresas del país, además del gigante consorcio Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
"Chávez avanza en su proyecto político de carácter estatista y socialista, resumido en el Plan de la Nación", indicó a IPS el analista Oscar Schémel, director de la firma de consultoría y encuestas Hinterlaces.
Además, "se hace en pleno año electoral con el importante flujo de caja que provee la venta de cemento, de aceros, de electricidad, telefonía y combustibles. Y, por añadidura, encuadra ahora a más de dos millones de trabajadores", dijo Schémel. Es decir, el Estado es patrono de uno de cada tres venezolanos con un empleo formal.
Facultado por un año y medio para legislar por decreto, Chávez dictó a fines de julio al término del plazo 26 normas que en su mayoría acentúan los controles del Estado sobre todas las actividades económicas.
"Son para beneficiar al pueblo", sostuvo el mandatario, pero sus críticos le acusaron de "meter de contrabando" aspectos rechazados por el referendo del año pasado sobre una propuesta de reforma constitucional.
"Vamos a convertir a Venezuela en una potencia, y la única forma es construyendo el socialismo. Debemos profundizar la revolución, avanzar más rápido, ampliarla, expandirla por todas partes", dijo Chávez.
El Plan de la Nación 2008-2012, la iniciativa del gobierno aprobada por el parlamento, donde 155 legisladores de los 167 que lo conforman son oficialistas, prevé un "modelo productivo socialista", que durante la próxima década debe cristalizar en una economía de la cual un tercio sea del Estado, otro tercio capitalista privada y un tercero de "empresas de propiedad social". "Ya el Estado no se plantea sólo el control de la economía, sino su dominio", comentó a IPS el analista político Manuel Molina.
Por su parte, Juan Manuel González, presidente de la asociación empresarial Fedecámaras, criticó "estas medidas de tinte comunista", con las cuales "no se crean empresas nuevas, sino que se obliga a cambiar de manos a empresas productivas".
Para González, "solamente depende de los venezolanos que el comunismo, que pareciera haber llegado, llegue para quedarse o no. Por eso no podemos perder el foco del 23 de noviembre, cuando masivamente deberemos salir a fijar nuestra posición".
Las elecciones regionales apuntan así a convertirse en un nuevo plebiscito sobre Chávez, algo que el mandatario ha sido el primero en plantear pues, a su juicio, si la oposición gana las plazas más importantes "el año próximo vendrán por mí", es decir, podría buscar una vía para acortar su actual mandato sexenal, que expira en enero de 2013.
Pero esa preocupación puede haber mermado en los últimos meses, a pesar del radicalismo estatizador, pues según últimos sondeos la oposición "tenía buena opción para ganar en al menos la mitad de los estados y más de 100 alcaldías, pero su pegada ha mermado y quizá sólo se imponga en cuatro o cinco regiones", dijo Schémel.
La oposición se ha desgastado desde enero en pugnas entre partidos, grupos y figuras por ser "candidatos de la unidad" para cada cargo en disputa, y en plaza clave en vez de unidad se ve a los aspirantes escindir y ahuyentar al electorado con sus diatribas.
El oficialismo también presenta fisuras en algunas regiones, pero en los estados y municipios más poblados aparece solidificado en torno a candidatos por los que Chávez ha comenzado a hacer campaña en actos públicos, con apoyo de la radio y televisión estatales.
Luis Vicente León, de la firma consultora Datanálisis, aludió al rechazo por 51 a 49 por ciento de los votos de la propuesta de reforma constitucional, que el presidente presentó en diciembre de 2007, y se preguntó ¿por qué Chávez avanza con medidas radicales a las puertas de una nueva elección si el radicalismo ahuyentó a sus electores en ese referendo? El presidente de Venezuela "considera que el nuevo marco legal, institucional y económico es vital para el avance de la revolución y debe considerar que más tarde podría ser en realidad demasiado tarde para tomar estas medidas", comentó León a IPS.
Sin embargo, los avances del gobierno sobre actividades económicas "se complican ante bloqueadores que están presentes en la sociedad, como que 80 por ciento de la gente cree que se debe respetar la propiedad privada y una mala gerencia de sectores como el de alimentos puede ser para el gobierno su propia soga", opinó León.
