El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en medio de una denuncia de conspiración en su contra, advirtió este jueves «a los vecinos» que está dispuesto a intervenir militarmente en Bolivia o Paraguay si en alguno de esos países fuerzas de derecha derrocan al gobierno o asesinan al presidente.
Con la muerte o derrocamiento del presidente boliviano Evo Morales "me estarían dando luz verde para yo apoyar cualquier movimiento armado que devuelva el poder a su pueblo", dijo Chávez, quien acusó de fraguar tales planes a "oligarquías" que hacen otro tanto en su contra en Venezuela y contra el presidente Fernando Lugo en Paraguay.
"Si la oligarquía y pitiyanquis dirigidos, financiados, armados por el imperio (Estados Unidos), derrocan algún gobierno nuestro, no tendríamos problema en iniciar operaciones de cualquier tipo para restituir el poder al pueblo en esos países hermanos", advirtió.
Los gobiernos vecinos "deben saber que queremos la paz, pero no estamos dispuestos a morir como (el libertador Simón) Bolívar o como (Salvador) Allende (presidente de Chile de 1970 a 1973)", y en cambio "crearíamos, como dijo Ernesto (Che) Guevara, uno, dos, tres Vietnam en América Latina", afirmó Chávez en cadena de radio y televisión.
El soporte de las declaraciones de Chávez fue su indignado reclamo por el desdén con el que los principales medios de comunicación privados de Venezuela trataron la denuncia de su partido acerca de un develado intento de magnicidio y golpe de Estado en su contra.
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Esos medios, entretanto, han desplegado las informaciones que derivan del juicio abierto en Miami sobre el caso de "la valija" con 800.000 dólares incautada en Buenos Aires el año pasado al venezolano-estadounidense Guido Antonini.
La nuez del caso son las denuncias, rechazadas por Caracas y Buenos Aires, de que ese dinero fue una de las remesas enviadas por Chávez para apoyar la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y además mostraría tejidos de corruptelas en los mandos políticos y petroleros de ambos países.
Como evidencia de la nueva conspiración golpista en Venezuela, una estación de televisión gubernamental divulgó la grabación de una conversación telefónica, sin fecha, entre personas que identificó como oficiales retirados de la Fuerza Armada. Chávez ya fue víctima en abril 2002 de golpe de Estado cívico-militar que lo sacó del gobierno por dos días.
Los oficiales mencionados son los generales retirados de la aviación Eduardo Báez, el de la guardia nacional Wilfredo Barroso y el vicealmirante Carlos Millán, quienes aluden a comandantes de batallones y unidades aéreas que estarían dispuestos a marchar sobre la sede presidencial en el caso de una sublevación, según se escucha en la grabación.
El ministro de Información, Andrés Izarra, aseguró que "hay grandes medios (de comunicación) involucrados en los planes de magnicidio y golpe de Estado". "Es sorprendente el cerco mediático que existe en empresas de comunicación, claramente vinculadas a sectores opositores", añadió.
Chávez recordó que en la víspera le fue renovada por cinco años la concesión a la señal de televisión a la empresa privada Televen, que en los últimos años se apartó de su inicial línea editorial crítica del gobierno.
Pero advirtió que a las estaciones privadas de televisión que, "si no se apegan a la ley, les revocaremos la concesión".
El ex vicepresidente José Vicente Rangel también afirmó que "los planes de golpe de Estado y magnicidio no son literatura para acosar a nadie sino un proyecto en marcha".
"Le dicen a uno que tiene que probar el golpe o magnicidio, y resulta que históricamente los golpes o los magnicidios se prueban ante el hecho concreto, cuando matan a la persona o cuando se produce el alzamiento", comentó Rangel. El general en jefe Gustavo Rangel, ministro de la Defensa, informó que la Fiscalía Militar abrió una investigación y llamó a rendir declaraciones a los oficiales retirados mencionados en la grabación telefónica divulgada.
"Estas manifestaciones no son sino una forma de tratar de dividir a la Fuerza Armada, de enfrentarnos, que no nos vean como un equipo consolidado, como un sólido bastión, soporte de la revolución bolivariana", dijo el general Rangel.
Al cóctel de advertencias a las oligarquías de la región, revelaciones en el juicio de Miami, el papel de los medios de comunicación y denuncias de conspiraciones, se agrega que Venezuela está a las puertas de las elecciones de gobernadores regionales y alcaldes, a realizarse en noviembre, cruciales según sus protagonistas para debilitar o fortalecer a Chávez.
Según el presidente "los pitiyanquis (pro-yanquis) de la oposición están desesperados, porque vienen las elecciones y los números no les dan, sus propias encuestas dicen que la popularidad de Chávez raya en 80 por ciento".
El general Rangel instó a periodistas a que "saquen la cuenta de lo que buscan estas personas (los oficiales investigados) vinculadas con la oposición". "En mi opinión, quieren impedir las elecciones de noviembre, pero no lo lograrán porque la Fuerza Armada garantizará que el pueblo ejerza ese derecho".
Juan Francisco Contreras, portavoz internacional del opositor partido socialcristiano Copei, acusó al gobierno de "lanzar una cortina de humo, como ha hecho durante 10 años cada vez que hay elecciones, para tratar de tapar los problemas del país y el escándalo generado por el caso de la valija de los 800.000 dólares".
La Asamblea Nacional (parlamento unicameral), donde los partidos de gobierno ocupan 155 de los 167 asientos, aprobó efectuar una investigación sobre el magnicidio e intento de golpe.
"Hay medios de comunicación involucrados en este golpe de estado, como es el caso de Globovisión", un canal privado de 24 horas de noticias, dijo la presidenta de la Asamblea, Cilia Flores.
"Su presidente, Alberto Federico Ravell, está implicado contundentemente. También Miguel Henrique Otero, editor de (el diario local) El Nacional, y por eso la comisión tendrá que hacer un seguimiento de lo que es el comportamiento de estos medios de comunicación que han tratado de generar angustia, desestabilización y terrorismo", sostuvo.
Cuando el diputado Ismael García, quien se distanció del oficialismo en 2007, pidió en la sesión parlamentaria de este jueves que se investigase el caso de "la valija" además de la conspiración magnicida y golpista, Flores lo declaró "fuera de orden" y no permitió que hablase más.
Chávez aseguró que, "si a mí me matan, ¡Dios mío!, no temo por mí, sino por lo que vendría después", y pidió a sus partidarios preparar "un contragolpe revolucionario".
