Las políticas antiterroristas de Estados Unidos y su apoyo al gobierno de transición de Somalia, apoyado por Etiopía, han ayudado a crear una creciente crisis humanitaria y de seguridad en ese país de África oriental.
Ese panorama eleva la hostilidad de la población hacia Washington, advirtió uno de los principales expertos estadounidenses en el Cuerno de África, Ken Menkhaus, en un estudio titulado "Somalia: un país en peligro, una pesadilla de política exterior".
El informe de Menkhaus recomienda una completa revisión de las políticas del presidente George W. Bush hacia Somalia, incluso de su apoyo al gobierno federal de transición —de hecho, una facción más en el conflicto— y la prioridad que le ha asignado a la "guerra contra el terrorismo" en esa nación.
"Las políticas antiterroristas no sólo han puesto en riesgo otros puntos de la agenda internacional en Somalia, sino que han originado un fuerte sentimiento antiestadounidense que contribuye a la radicalización de la población", señala el estudio.
"Las operaciones de defensa e inteligencia pensadas para reforzar la seguridad de Estados Unidos ante la amenaza del terrorismo podrían estar incrementando la posibilidad de ataques contra los intereses estadounidenses", advirtió Menkhaus.
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El informe, realizado a instancias de Enough, organización creada por el Grupo Internacional de Crisis, con sede en Bruselas, y del Centro para el Progreso Estadounidense de Washington, fue divulgado mientras continúa en ascenso la violencia en Somalia.
Esto ha causado el desplazamiento forzoso de más de un millón de personas desde diciembre de 2006, cuando fuerzas etíopes y del gobierno federal de transición expulsaron de la capital, Mogadiscio, y otras ciudades importantes a los seguidores de la Unión de Cortes Islámicas.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha estimado que si no se registra un progreso sustancial en la situación de seguridad, alrededor de 3,5 millones de somalíes dependerán de la asistencia humanitaria para fines de este año.
"La crisis actual es diferente y más grave que la situación de la última década", dijo Chris Albin-Lackey, experto en el Cuerno de África de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
Albin-Lackey, quien durante el ultimo mes entrevistó a unos 80 refugiados en África oriental, dijo que la inseguridad se resquebraja por la violencia, incluidos los bombardeos con artillería casi diarios por parte del ejército etíope y el gobierno de transición, por un lado, y las milicias opositoras, por el otro.
A esto se suman los asesinatos cometidos por ambos bandos, agregó.
Las operaciones de búsqueda realizadas por fuerzas del gobierno de transición, con el supuesto propósito de arrestar a insurgentes, se han vuelto una excusa "para el asesinato, la violación y el saqueo a gran escala", dijo Albin-Lackey.
En consecuencia, alrededor de dos tercios de la población de Mogadiscio, unas 800.000 personas, se vieron forzadas a dejar sus hogares en los últimos 18 meses, señaló.
El Acuerdo de Djibouti, negociado en junio con mediación de la ONU por miembros moderados del gobierno de transición y de la opositora Alianza para la Reliberación de Somalia (ARS), ha sido un "paso importante" hacia la reconciliación, consideró Menkhaus.
Pero el experto advirtió que representantes de la línea dura en ambos bandos podrían precipitar su fracasar.
El acuerdo llama a un cese de las hostilidades, el despliegue de una misión de paz de la ONU y el retiro de las fuerzas etíopes.
Fue rechazado por las milicias islamistas Al-Shabaab y aceptado a regañadientes por el presidente de línea dura del gobierno de transición, Adullahi Yusuf, bajo fuerte presión de su par de Etiopía, Meles Zenawi.
"La esperanza es que cualquier entendimiento que facilite el retiro de las fuerzas etíopes abrirá la puerta para el fin de la insurgencia", según el análisis de Enough.
Pero esa posibilidad afronta "serios desafíos", entre otras razones porque los moderados que negociaron el acuerdo "no controlan a ninguno de los grupos armados", advirtió Menkhaus.
Los insurgentes de Al-Shabaab denunciaron a los líderes de la ARS como "apóstatas", y la línea dura del gobierno de transición sabe que su única posibilidad de mantenerse en el poder es la permanencia de las fuerzas etíopes, agregó.
Estados Unidos y la comunidad internacional sólo podrán ayudar a la implementación exitosa de ese acuerdo si fortalecen la posición de los moderados, dijo Menkhaus.
Pero para eso se requiere un cambio en las políticas occidentales, que en los últimos dos años "de hecho reforzaron" a los miembros de la línea dura, advirtió.
En ese sentido, el énfasis de Washington en el contraterrorismo ha sido especialmente destructivo, no sólo por apoyar la ofensiva etíope de diciembre de 2006 sino por colocar, en marzo de este año, a Al-Shabaab en la lista de organizaciones terroristas del gobierno estadounidense, lo que "le otorgó razones adicionales" para sabotear las conversaciones de paz, indicó Menkhaus.
Al mismo tiempo, Estados Unidos ha dado "fuerte apoyo logístico y financiero a grupos armados paramilitares que se resisten al control del gobierno de transición" para combatir a Al-Shabaab y buscar a sospechosos de terrorismo.
"Esas fuerzas de seguridad se oponen profundamente a los esfuerzos de reconciliación, por lo que los socios de Washington en materia de contraterrorismo han socavado los esfuerzos para construir la paz", destacó el informe.
Pero Estados Unidos no ha estado sólo en su apoyo a los "halcones".
Otros países occidentales han ayudado en forma directa a fuerzas de seguridad del gobierno de transición controladas por miembros de la línea dura. Incluso el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo lo ha hecho, a pesar de la supuesta neutralidad de la ONU y sus agencias.
El ataque con misiles que mató al líder de Al-Shabaab Aden Hashi Ayro, en mayo, radicalizó al grupo, que anunció que atacaría objetivos estadounidenses y occidentales, al igual que a socorristas y fuerzas etíopes o del gobierno federal de transición.
"Actualmente, Somalia es el lugar más peligroso del mundo para los trabajadores de las organizaciones de ayuda humanitaria. Más de 20 han sido asesinados desde enero y otros 30 fueron secuestrados", dijo Menkhaus.
"La situación supera los peores escenarios previstos por los analistas cuando evaluaron el posible impacto de una ocupación etíope. En los últimos 18 meses, el país descendió a terribles niveles de desplazamiento de personas, necesidades humanitarias, conflicto armado, asesinatos, cataclismo político, radicalización y un virulento sentimiento estadounidense", destacó el estudio.