La demanda de seguridad pública expresada por cientos de miles de mexicanos que marcharon vestidos de blanco en varias ciudades fue acogida sin condiciones por las autoridades. Pero persiste el escepticismo sobre su capacidad para responder con éxito.
El gobierno del conservador Felipe Calderón, dirigentes de partidos políticos y gobernadores estatales se comprometieron a cumplir, tal como lo hicieron sus antecesores en otros momentos, mientras organizaciones no gubernamentales y ciudadanos se embarcaron en tareas de seguimiento y de promoción de la participación social.
"El escenario está puesto, ahora a vigilar si atienden el libreto y si el indignado y cada vez menos confiado público resulta favorecido o si otra vez se le falla, lo que abonaría el desprestigio de las instituciones", dijo a IPS el consultor en seguridad privada Saúl Méndez.
Una encuesta realizada en mediados de agosto por el diario Reforma a 1.515 personas a nivel de vivienda, en los 32 estados del país, dio como resultados que el porcentaje de entrevistados mexicanos que se declara insatisfecho con la democracia subió de 42 a 54 por ciento entre septiembre de 2007 y la fecha del sondeo.
Además, la confianza en las Fuerzas Armadas, embarcadas de lleno en el combate al narcotráfico desde que en diciembre de 2006 asumió Calderón, descendió entre los mismos meses de 70 a 63 por ciento.
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En otra encuesta, pero telefónica y realizada a 400 personas por el grupo privado Ulises Beltrán y Asociados a fines de agosto y publicada este lunes, se indica que 60 por ciento de los consultados están poco o nada satisfechos con el trabajo realizado por el actual gobierno en materia de seguridad pública.
Las marchas callejeras del sábado pasado en la noche estuvieron precedidas de numerosos hechos de alta difusión vinculados a secuestros de hijos de empresarios y el hallazgo de cuerpos decapitados. La mayoría de los medios de comunicación locales calificaron de histórica la manifestación debido a su nutrida participación.
Personas y familias de todas las edades y condición social se vistieron de blanco y caminaron varios kilómetros. En la manifestación no hubo consignas políticas ni discursos.
En la capital mexicana, los manifestantes llenaron la plaza central del Zócalo, donde colocaron miles de velas encendidas y entonaron el himno nacional. Aunque los organizadores pidieron no llevar carteles, algunos lo hicieron con leyendas alusivas a la inseguridad.
"Mi hijo fue asesinado cuando le robaban un miserable celular", indicaba una de los carteles. "Laura fue secuestrada en 2006 y nadie nos da razón de ella hasta hoy", indicaba otra. "Estamos hartos de la delincuencia y tenemos miedo", rezaba una más.
Casi 80 por ciento de los 450 mexicanos que fueron consultados por el diario Reforma en la caminata de la capital indicaron que en los últimos 12 meses uno de sus familiares o amigos fue víctima de algún delito.
"Ahora toca cumplir los acuerdos", declaró el presidente Calderón luego de recibir a los organizadores de la marcha, que fueron grupos vinculados a empresarios y organizaciones vecinales a las que se sumaron activistas y sindicatos.
"No quisiera ser un mensajero que arruine las pocas o muchas expectativas, pero no hay que esperar muchos cambios sobre todo en el corto plazo. Además, el terreno para atender las demandas está minado de amenazas como una policía ineficiente, políticos enfrentados y una corrupción rampante a nivel de calle", dijo Méndez.
Datos oficiales y diversos estudios indican que en la actualidad se cometen cada hora un promedio de 256 delitos en México, alrededor de 98 por ciento de ellos quedan impunes por la ineficacia policial, de investigadores y de jueces y porque un ínfimo porcentaje de las víctimas se anima a presentar su denuncia.
Según acordaron con el presidente los organizadores de la marcha del sábado, en 30 días quedará conformado el Instituto Ciudadano de Prevención Social del Delito, que, aunque funcionará con dinero del Estado, será independiente. Este nuevo organismo vigilará las acciones que realicen las autoridades en materia de seguridad.
Sindicatos, la estatal pero independiente Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana y otras 11 organizaciones sociales, entre las que además hay centros académicos, formaron la semana pasada un frente y convocaron a una serie de audiencias públicas y foros para este mes con el fin de recabar propuestas sobre seguridad ciudadana.
Dos semanas atrás, presionados por el reclamo social, Calderón, todos los gobernadores del país y jueces se reunieron en lo que llamaron la "cumbre de la seguridad" para suscribir un largo documento de compromisos, en su mayoría reiterativos pero con plazos de cumplimiento concretos que van de 100 días a dos años. El Estado ha fallado repetidamente en su obligación de brindar seguridad, ahora esto podría cambiar, "ojalá", pero los antecedentes no son prometedores, dijo a IPS Guillermo Zepeda, experto en temas de seguridad del Centro de Investigación para el Desarrollo, Asociación Civil.
Estudios de Zepeda, patrocinados por ese centro, indican que el presupuesto global de seguridad del Estado, sin incluir a las Fuerzas Armadas, se elevó en los últimos cuatros años de 7.000 millones a más de 10.000 millones de dólares anuales.
Según los últimos datos oficiales, en México hay 412.000 policías repartidos en 1.600 corporaciones, cada una de las cuales tiene un mando independiente.
La inseguridad ciudadana en México, un problema antiguo y persistente que ha dado a este país la fama de peligroso, está en franco crecimiento pese a las múltiples reformas legales promulgadas en materia de justicia y a los programas oficiales presentados en las dos últimas décadas.
Luego de una marcha contra la violencia ciudadana realizada en junio de 2004, similar a la del sábado en cuanto a asistencia e impacto en los medios de comunicación, el entonces presidente Vicente Fox (2000-2006) firmó 10 compromisos dirigidos a abatir la inseguridad. Sin embargo, los delitos continuaron al alza.
Tras la marcha del sábado último, los organizadores esperan que todo sea diferente. Sin embargo, el escepticismo entre muchos ciudadanos y observadores persiste.
