Unos 6.500 millones de dólares por año le cuesta a América Central la violencia ciudadana, lo que equivale a 7,7 por ciento del producto interno bruto de la región. Los países menos violentos son el más rico, Costa Rica, y el más pobre, Nicaragua, afirma un estudio.
Para la Organización Panamericana de la Salud, una proporción "normal" de criminalidad está en el rango de cero a cinco asesinatos cada 100.000 habitantes. Cuando se excede los 10 cada 100.000, la situación se vuelve "epidémica".
América Central más que triplica esa epidemia, con excepción de Costa Rica, pues tiene más de 36 homicidios cada 100.000 personas: El Salvador tiene casi 68, Guatemala 45 y Honduras 43 cada 100.000.
Esto coloca al istmo "a la cabeza de las subregiones más violentas de América Latina y del mundo", afirma el estudio "Los costos económicos de la violencia en Centroamérica", coordinado por el economista Carlos Acevedo, de El Salvador.
Gastos en salud —atención médica, producción perdida y daño emocional—, costos institucionales específicos —seguridad pública y justicia—, gasto privado en seguridad y pérdidas materiales fueron los rubros valuados en la investigación, que utilizó datos de 2006 y se basó en estudios previos de la región y del mundo para formular parámetros y estimaciones.
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Los costos sanitarios directos —servicios de salud para prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar a los afectados por la violencia— sumaron 229 millones de dólares en 2006. Mientras los indirectos, correspondientes a producción y/o productividad perdidas por ausentismo, incapacidad temporal o permanente y mortalidad prematura, ascendieron a 1.213 millones de dólares.
Los cálculos, con base en la estructura de edades de las personas asesinadas, indican que en 2006 se perdieron en América Central "500.000 años de vida por causa de la violencia".
Además, los costos de salud intangibles fueron estimados en 1.909 millones de dólares, con base en el valor monetario de indemnizaciones a víctimas de la violencia. "El dolor, el sufrimiento o cualquier otra reducción de la calidad de vida son intangibles y, por tanto, muy difíciles de medir", reconoce el estudio encargado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública de la Presidencia de El Salvador.
Para Acevedo, el documento descubre "la dimensión aproximada de los costos" y aunque se deben tomar con "cierta cautela" sus resultados, pues hay vacíos informativos y estadísticos, "el panorama general no cambiaría" en cuanto a los países que más gastan y son más violentos, como El Salvador y Guatemala, y a Costa Rica en el otro extremo.
De acuerdo con el estudio, la ola delictiva se tragó en El Salvador casi 11 por ciento de su producto interno bruto (PIB), en Honduras 9,6 por ciento, en Guatemala 7,7 puntos porcentuales, en Costa Rica, 3,5 por ciento y en Nicaragua, 10 por ciento, una proporción que podría ser menor porque el PIB nicaragüense de 2006 fue subestimado, advirtió Acevedo.
En total, Guatemala gastó 2.291 millones de dólares, El Salvador 2.010 millones de dólares, Costa Rica 791 millones y Nicaragua 529 millones de dólares.
El rubro de "gastos institucionales" —legales, judiciales y policiales—, fue calculado a partir del presupuesto asignado en 2006 a las instituciones estatales correspondientes, pero incluyó "sólo aquellas partidas que tienen que ver de manera más directa con las políticas de prevención y combate de la violencia", y ascendió a 1.137 millones de dólares, aclara la investigación.
Los costos "preventivos" en seguridad privada de hogares y empresas —desde alarmas, rejas y muros hasta servicios privados de vigilancia— sumaron 1.238 millones de dólares. Y las pérdidas materiales, de bienes o valores robados o destruidos en actos delictivos, se estimaron en 780 millones de dólares.
Según cifras de 2005 y 2006, la tasa de homicidios de El Salvador, de 68 por cada 100.000 personas, está muy lejos de la de Costa Rica (7,7) y de la de Nicaragua (12,5), pero es inclusive muy superior a la de Colombia (43), que lleva casi medio siglo de guerra civil, y a la de Brasil (24), con sus violentas urbes como Río de Janeiro y São Paulo.
Además de la pérdida de vidas humanas, "principalmente de jóvenes", la delincuencia impone "costos onerosos" que inciden en el desarrollo de una sociedad y afectan "la acumulación de capital humano y social", indica el informe de 22 páginas publicado a fines de julio.
El estudio reconoce el vínculo entre pobreza y violencia, pero advierte que "las naciones e individuos más pobres no siempre son los más propensos al crimen" y llama la atención sobre la fatal combinación de una gran desigualdad de ingresos y oportunidades con otros factores sociales, culturales y psicológicos.
Los montos destinados a salud y educación en Guatemala y El Salvador no superan cinco por ciento del PIB, aseveró Acevedo, coordinador adjunto del Informe de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en este país..
En Costa Rica se destina 10 por ciento del PIB a salud y educación, mientras este último rubro ha representado entre tres y 3,5 por ciento del presupuesto estatal nicaragüense de los últimos siete años, señalan cifras oficiales de las dos naciones.
Aquellos países "donde se invierte menos en lo social como porcentaje del PIB, tienen costos superiores por la violencia. A Costa Rica le cuesta menos ese flagelo porque por décadas ha invertido más en lo social", subrayó Acevedo.
La socióloga costarricense Isabel Román dijo a IPS que la inversión social en Costa Rica respecto de países vecinos es relevante "porque tiene que ver con brindar oportunidades", y "se invierte en la gente y no en armas", en referencia a que esa nación no tiene Fuerzas Armadas.
Otros especialistas, no obstante, señalan que la inversión social costarricense muestra "un estancamiento", y citaron la educación primaria y secundaria que, por mandato constitucional, deben percibir el equivalente a seis puntos porcentuales del PIB, pero en 2007 no pasaron de 5,2 por ciento.
Javier Meléndez, director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de Nicaragua, admitió en general los resultados del estudio, pero aseguró a IPS estar "convencido" de que las cifras de su país son "50 por ciento verdad y 50 por ciento son un mito", pues el "subregistro del delito es mucho más dramático de lo que se piensa".
En opinión de Acevedo, si El Salvador "reorientara parte de los recursos que actualmente destina para lidiar con las consecuencias de la violencia, y los destinara hacia educación y salud, el país sería mucho más productivo".
"Dar educación a un niño desde primer grado hasta bachillerato es cinco veces más barato que mantener a una persona presa" por año.
El último IDH de El Salvador señala que al Estado le cuesta unos 1.200 dólares anuales mantener a un reo en prisión, mientras el gasto anual para educar a una persona en primaria y secundaria oscila entre 200 y 250 dólares.
"Entonces las preguntas clave son: qué tipo de países queremos en el largo plazo, cuánto nos cuesta alcanzarlos y si estamos dispuestos a financiarlos", concluyó Acevedo.
*Con aportes de Myriam Blanco (San José) y José Adán Silva (Managua).
