Paraguay quiere multiplicar casi por nueve los ingresos que obtiene por la venta de la parte que le corresponde de la energía generada por la central hidroeléctrica de Itaipú, compartida con Brasil, pero fundamentalmente reclama la soberanía sobre ese recurso.
"Queremos tener el derecho de disponer libremente de nuestra energía" y ese es el primero de seis puntos que pretende discutir el gobierno del presidente paraguayo Fernando Lugo, dijo Roberto Colman, miembro de la comisión creada en Asunción para negociar tratados internacionales, como el que estableció la sociedad binacional de Itaipú.
Entre las aspiraciones paraguayas se encuentran la posibilidad de vender energía a terceros países o elevar la parte de electricidad consumida internamente, aclaró Colman en diálogo con IPS durante la gira que hizo esta semana por Brasil, buscando apoyos de varias instituciones y movimientos sociales para los reclamos de Asunción.
Según el tratado bilateral, Brasil y Paraguay comparten a partes iguales la energía generada por Itaipú, cuya potencia se elevó a 14.000 megavatios en mayo de 2007, pero Asunción sólo puede vender sus excedentes a Brasil. Incluso para aumentar la parte que utiliza internamente tiene que avisar a su socio con cinco años de antelación.
Actualmente Paraguay consume apenas ocho por ciento del total generado por Itaipú. La exportación de sus excedentes, 46 millones de megavatios/hora, le aportan sólo 400 millones de dólares al año.
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Pero si pudiera vender esa energía al precio de 80 dólares por megavatio/hora, fijado para el mercado mayorista brasileño por la agencia reguladora nacional, el total anual se elevaría a 3.500 millones de dólares, destacó Colman.
Ese es "el precio justo", que constituye el segundo punto de las propuestas definidas en la comisión de negociación paraguaya, dijo Colman. Esos ingresos servirían para financiar una larga lista de planes y proyectos sociales del gobierno de Lugo, investido el 15 de agosto.
Itaipú es la mayor central hidroeléctrica del mundo. Mantendrá esa condición hasta que se encuentre en plena operación la de Tres Gargantas, en China. Con una represa de 1.350 kilómetros cuadrados, alimentada por el río Paraná, que sirve de frontera entre Brasil y Paraguay, Itaipú genera la energía que integra y aparta a los dos países.
Los proyectos que Lugo busca financiar con los ingresos adicionales que reclama incluyen la generación de empleos, una reforma agraria "integral", que contempla créditos, asistencia técnica y otras medidas para promover la agricultura familiar y la agroindustria, obras de infraestructura y programas sociales.
Pero la cuestión básica, enfatizó Colman, es "recuperar la soberanía" sobre el principal recurso energético de Paraguay, a través de la "libre disponibilidad" que le permitiría vender electricidad de Itaipú a otros países vecinos necesitados, como Argentina, Uruguay y, a veces, Chile.
Esos son los dos puntos vitales y más duros de negociar, ya que requieren una revisión del tratado firmado en 1973 con vigencia hasta 2023, reconoció.
Los paraguayos esperan encontrar una favorable disposición brasileña, basados en declaraciones del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y sus colaboradores directos, respecto de abrir a discusión el Tratado de Itaipú y a favor de actitudes de generosidad hacia los socios más pobres del Mercado Común del Sur (Mercosur), comentó Colman.
La negociación puede beneficiarse del deseo manifestado por los líderes del Mercosur (del que forman parte también Argentina y Uruguay) de "eliminar las asimetrías" y promover una "integración solidaria", con medidas para desarrollar a los socios menores del bloque, ya que a Brasil tampoco le interesa un vecino con problemas, agregó.
Reducir o condonar la deuda de la sociedad binacional de Itaipú, que podría alcanzar 65.000 millones de dólares para la fecha de finalización del tratado en 2023 por los elevados intereses, es el tercer punto que busca negociar Asunción y también interesa a los brasileños, porque ese costo financiero encarece la energía para todos los consumidores, arguyó Colman.
El pasivo de Itaipú comprende una "deuda espuria" de 4.192 millones de dólares, acumulada indebidamente porque una empresa brasileña ni siquiera pagó el precio convenido en el tratado, a lo que se suman tasas de interés "usurarias" de 7,5 por ciento anual más la inflación estadounidense.
El primer paso, sin embargo, "es alcanzar el consenso en Paraguay" sobre la propuesta de negociación con Brasil, que seguramente sólo podrá empezar después de las elecciones municipales brasileñas de octubre, señaló Colman.
Una gestión efectivamente binacional de Itaipú, distinta de la actual "en manos de Brasil", la definición de órganos de control y una auditoría completa "desde el inicio" y la conclusión de obras complementarias del lado paraguayo para distribución de la electricidad en el país, son los demás puntos a negociar, agregó.
Analistas estiman que será un proceso complicado. La nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia afectó inversiones de la petrolera brasileña mixta Petrobras en 2006 y provocó un fuerte rechazo de empresarios y formadores de opinión en Brasil, quienes condenaron la decisión boliviana y lo que calificaron como condescendencia del gobierno de Lula frente a la "violación del contrato".
En el caso de Itaipú, la reacción puede ser más generalizada porque se trata de electricidad, cuyo posible encarecimiento afecta a todos, no sólo a algunos sectores económicos, como en el caso del gas boliviano.