Malasia sufre una crisis parlamentaria, a causa de un proyecto de ley que, según la oposición, asigna a la policía y al gobierno un enorme poder para usar muestras de ADN en la investigación de delitos.
La resistencia al proyecto es tan intensa que los 82 legisladores de la oposición, liderada por Anwar Ibrahim, abandonaron el recinto cuando el gobierno se rehusó a enviar el texto a una comisión para un estudio más detallado.
La disputa se concentra en varias disposiciones del proyecto, que, según las autoridades, son necesarias, pero que, para la oposición, atentan contra la privacidad, los derechos fundamentales y las garantías contra el abuso gubernamental.
Incluso algunos legisladores oficialistas señalaron que la iniciativa es "atemorizadora" por sus vastos alcances.
"Es un mal proyecto, con disposiciones que invaden claramente la privacidad y violan derechos fundamentales", dijo a IPS el diputado opositor Jeyakumar Devaraj. La iniciativa debe volver a la comisión para su estudio y posible modificación, afirmó.
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El ministro del Interior, Syed Hamid, argumentó que el proyecto ha sido estudiado por expertos desde 2001 y que recoge mecanismos ya implementados en otros países.
"Las facultades que otorga el proyecto no probarán nada que no haya hecho una persona. Los estudios de ADN sólo revelarán la verdad", agregó.
Las autoridades señalan que la iniciativa también regula los procedimientos para la obtención y almacenamiento de muestras de ADN, al igual que para la creación de un banco de datos genéticos, algo común en el mundo, dicen, y un arma poderosa para combatir el delito.
"Todo el procedimiento es altamente profesional, completamente transparente y científico", afirmó Hamid.
Una de las críticas fundamentales al proyecto de ley es que contempla designar a un alto jefe policial como director del banco de datos genético.
Esto es peligroso, señalan legisladores opositores, pues permite a la policía, que tiene un interés en lograr la condena de sospechosos, manejar la obtención y almacenamiento de ADN.
Otro artículo del proyecto permite a la policía "usar todos los medios necesarios" para obtener muestras de saliva o cabello, por ejemplo, de un sospechoso.
Los críticos apuntan que incluso el término "sospechoso" está vagamente definido.
"Cualquiera puede serlo, incluso alguien que cometió una infracción de tránsito", dijo el diputado opositor William Leong, quien encabeza la campaña para que el proyecto sea devuelto a comisión para su estudio.
Incluso presos políticos detenidos por aplicación de la Ley de Seguridad Interna, quienes permanecen arrestados sin ser llevados a juicio, son considerados "sospechosos" que deben proveer muestras para análisis de ADN.
"No han cometido ningún delito. Esto es una seria violación a derechos humanos fundamentales", señaló Leong a IPS.
La negativa a ofrecer muestras para su análisis se castigará, si el proyecto es aprobado, con una multa de 2.890 dólares o un año de cárcel.
También se cuestiona el artículo que establece que la información del banco de datos genético debe ser aceptada por los jueces como evidencia incontrovertible, sin que los magistrados puedan rechazarla o evaluar esa evidencia.
El proyecto de ley se basa en la noción de que los análisis de ADN constituyen una ciencia exacta e infalible y que sus hallazgos no pueden ser cuestionados.
Algunos analistas consideran que coloca a los acusados, sus abogados, los jueces y hasta el principio de presunción de inocencia a merced de los hallazgos de un técnico de laboratorio.
La verdad, advirtió Leong, es que "se cometen errores, se mezclan las muestras y gente inocente es enviada a prisión".
El proyecto "no provee garantías para preservar la integridad y exactitud de la información genética", lo que lo vuelve inaceptable.
Además, diversos delitos se castigan en Malasia con la pena de muerte, por lo que no existe forma de reparar el daño una vez que una persona inocente es condenada sobre la base de muestras de ADN manejadas erróneamente.
Las pruebas de ADN no son novedad en Malasia, pero siempre han sido usadas en combinación con otras evidencias y los jueces han tenido la posibilidad de evaluar todos los elementos de prueba antes de llegar a una decisión.
"Se trata de una herramienta demasiado poderosa para dejarla en manos de una fuerza policial que ha demostrado que puede ser manejada por el gobierno para perseguir a opositores. No hay ningún apuro para aprobar este proyecto, que necesita una urgente revisión", dijo Jeyakumar.
La polémica tiene un costado político. Algunos consideran que el proyecto está dirigido contra el líder de la oposición, Anwar Ibrahim, quien busca atraer a legisladores del oficialismo para desplazar al gobierno, privándolo de su mayoría parlamentaria.
Anwar está acusado de sodomizar a un ex colaborador y se ha rehusado a que se le tomen muestras para un análisis de ADN.
El parlamento decidirá si el proyecto se envía nuevamente a comisión o no a mediados de octubre, cuando finalice el receso durante el mes sagrado de Ramadán.
