El gobierno de Líbano finalmente acordó la agenda del nuevo gabinete de unidad, tras semanas de negociaciones entre las facciones que lo componen. Pero aún es una incógnita qué mejoras y qué peligros traerá el contradictorio documento para este país, en un contexto local y regional polarizado.
"Es un documento imposible que contiene muchas contradicciones", sostuvo Oussama Safa, director del Centro de Estudios Políticos.
La declaración ministerial, aprobada el 12 de agosto por el parlamento, establece el programa del nuevo gabinete, creado tras el Acuerdo de Doha suscrito el 21 de mayo de este año.
Ese pacto puso fin a una semana de enfrentamientos entre la mayoría legislativa pro occidental y árabe conformada por las cristianas Fuerzas Libanesas, el también cristiano partido Kataeb ("falanges"), el sunita Movimiento Futuro y el druso Partido Progresista Socialista, y la oposición pro siria y pro iraní comprendida por los chiitas Partido de Dios (Hezbolá), Movimiento Amal y el Movimiento Cristiano Libre Patriótico.
"El pueblo libanés espera que nuestra coalición de gobierno, de voluntad nacional unificada, nos aleje de la crisis y de los peligros de fracturas con vistas a una asamblea calma y abierta al diálogo", reza la declaración ministerial.
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En su esencia, el documento es muy parecido a uno redactado en 2005, objeto de gran polémica tras el estallido de la guerra de 2006 entre Hezbolá e Israel. Muchos acusaban al texto de legitimar la actividad militar del movimiento chiita.
"Al ser la actual declaración muy similar a la anterior, carga con las mismas flaquezas. Pero la principal diferencia es que este gobierno en particular es transitorio y tiene el propósito de conducir al país hacia las próximas elecciones parlamentarias en menos de un año", indicó Safa.
Muchos líderes políticos consideran que la declaración actual es incoherente.
El documento subraya, por un lado, su "adhesión al principio del estatus referencial y de unidad del Estado en todo lo concerniente a la política interna", y, por otro, remarca "el derecho del pueblo libanés, del ejército y de la resistencia" chiita —reconociendo así su actividad militar— "a liberar o recuperar las Granjas de Shebaa, las montañas de Kfar Chouba, y la parte libanesa de la aldea de Ghajar", entre este país y las Alturas del Golán, todos territorios ocupados por Israel.
También "defender a Líbano y sus aguas territoriales ante cualquier enemigo y por todos los medios legítimos y disponibles", agrega.
Las Granjas de Shebaa son un pequeño territorio que en 2000 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó era propiedad de Siria.
La declaración se contradice al abogar por la implementación de la resolución 1701 de la ONU, que puso fin a la guerra de 2006 y que exhorta al desarme de todas las agrupaciones militares libanesas.
El texto no delega a Hezbolá el derecho de actuar como resistencia, según Safa, y emplea un lenguaje ambiguo que deja mucho espacio para la interpretación.
"El documento asegura que todas las facciones queden como ganadoras. Es muy poco probable que el nuevo gabinete llegue a implementar su programa. La economía se maneja igual que antes, y asuntos polémicos como la privatización de sectores clave, como el eléctrico y de telecomunicaciones, quedarán para cuando el equilibrio de fuerzas se redefina en las próximas elecciones", añadió.
Además de oficiar de gobierno interino, el nuevo gabinete debe asegurar que se apruebe una nueva legislación electoral y que se designen a las personas que cubrirán los altos cargos militares que han quedado vacantes.
"El gobierno también tiene el compromiso de organizar elecciones legislativas a tiempo y conforme a la nueva legislación, que debe ratificar el parlamento en línea con el Acuerdo de Doha", reza la declaración.
Pero la nueva legislación electoral será la manzana de la discordia entre las facciones políticas en pugna, según Safa.
"Hezbolá pretende que los comicios se organicen a tiempo porque tiene altas probabilidades de obtener la mayoría de los escaños legislativos junto a sus aliados. Pero es muy pronto para especular. El resultado también dependerá de la futura formación de coaliciones", sostuvo.
El analista también destacó la importancia del impacto que pueda tener el diálogo nacional que se realizará el mes próximo.
Su papel fundamental fue reiterado por la declaración, que subraya la "adhesión de los partidos a los principios de la Constitución libanesa y de los Acuerdos de Taif, que pusieron fin a la guerra civil de 1975 a 1990, y el llamado a un diálogo nacional encabezado por el presidente en colaboración con la Liga Árabe".
El Acuerdo de Taif, firmado el 22 de octubre de 1989 en esa occidental ciudad saudita, puso fin a los combates entre las fuerzas cristianas y las musulmanas y propuso un esquema de gobierno con representación de las diferentes agrupaciones.
Concretamente, el pacto auspiciado por Arabia Saudita redujo la autoridad del presidente maronita en beneficio del primer ministro sunita, y dio a cristianos y musulmanes igual representación parlamentaria. Pero el acuerdo no contempló el creciente poder de los chiitas.
Una primera ronda de diálogo entre las facciones se realizó en 2006. La segunda estaba prevista para principios de este mes, pero se pospuso para octubre.
