Un jurado de 13 miembros compuesto por economistas, científicos, ex funcionarios, expertos legales y líderes de la sociedad civil acusó al Banco Mundial de dañar el ambiente y reducir la calidad de vida de la mayoría de la población de India.
Entre los integrantes del jurado figuraron Aruna Roy, ganadora del premio Ramon Magsaysay, y Arundhati Roy, ganadora del premio Booker.
Al equipo le llevó un año evaluar alrededor de 1.000 testimonios de 150 deponentes tomados de grupos involucrados, testigos expertos y comunidades afectadas en toda India a fin de evaluar el impacto del Banco sobre 26 sectores del desarrollo social y económico de India.
La Universidad Jawaharlal Nehru, ubicada en la capital, tiene una historia de "intelectualismo de izquierda" y fue la anfitriona del "Tribunal Popular Independiente sobre el Banco Mundial en India" en septiembre de 2007.
Las consultas a nivel estadual se realizaron durante un periodo preparatorio de dos años, principalmente en estados donde el Banco Mundial ha jugado o está jugando un rol activo, como Uttar Pradesh, Orissa, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu y Kerala.
Al encuentro en la Universidad, en el que colaboraron 200 estudiantes voluntarios, asistieron unas 700 personas. Su propósito, según el Tribunal, fue "proporcionar un foro justo y no tendencioso para las personas que han enfrentado el impacto de proyectos y políticas financiadas o promovidas por el Banco Mundial", que es la más influyente de las instituciones financieras internacionales que trabajan en India.
El informe final, difundido el 21 de este mes, acusa al Banco de defender políticas que en realidad han acelerado la crisis agrícola y el hambre en India, además de aumentar la división entre los ricos y los pobres del país y de no cumplir su misión de reducir la pobreza.
La estrategia del Banco para India incluye un préstamo sustancial en las áreas de infraestructura (carreteras, transporte, electricidad, suministro de agua y saneamiento, irrigación y desarrollo urbano), desarrollo humano (educación, salud, protección social) y medios de sustento rurales, particularmente en los orientales estados de Bihar, Jharkhand y Orissa, y Uttar Pradesh en el norte.
El Tribunal estudió los impactos de proyectos del Banco sobre comunidades vulnerables, entre ellas mujeres, niños, indígenas pobres, pescadores, agricultores, obreros y "dalits" ("intocables"), la casta más baja de India.
También analizó el impacto de las condiciones impuestas por el organismo multilateral para otorgar préstamos y que afectan a la deuda financiera del país, su soberanía y los procesos democráticos, su vínculo con agencias del gobierno y consultantes, y el grado de su involucramiento con la elaboración de políticas.
El informe además acusa al Banco de ingresar deliberadamente a ex miembros de su personal en cargos públicos indios para influir en las políticas locales, así como de diluir la legislación ambiental, lo que implica una seria intromisión en las políticas administrativas de India.
Los derechos de voto en el Banco se basan en la contribución financiera de sus miembros, por lo que Estados Unidos posee el mayor poder dentro del organismo.
Desde junio de 2008, Estados Unidos ostenta 16,38 por ciento de los votos en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 12,67 por ciento en la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y 23,63 por ciento en la Corporación Financiera Internacional (IFC) y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), todos ellos bajo la órbita del Banco Mundial.
En contraste, el poder de voto de India es de 2,78 por ciento en el BIRF, de 2,82 por ciento en la AIF y de 3,39 por ciento en la MIGA y la IFC.
Desde julio de 2007, el BIRF y la AIF han prestado a India 69.700 millones de dólares. India es miembro de todas las instituciones del Grupo del Banco Mundial excepto de su Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
El Tribunal también informó haber enviado unas 60 invitaciones, entre ellas al Banco y a los departamentos relevantes del gobierno indio, como el Ministerio de Asuntos Económicos y Finanzas y la Comisión de Planificación, pero que "ninguno eligió participar pese a que el acontecimiento se realizaba en la capital, donde tienen su sede todos los departamentos".
El Banco inicialmente accedió a asistir a la sesión final y requirió al Tribunal que le proporcionara la evidencia que le permitiera estructurar su respuesta.
Pero a pesar de informes diarios de todos los testimonios y documentos generales enviados a la oficina del Banco en Nueva Delhi, el organismo multilateral "a último momento eligió no participar" y publicó una nota de rechazo del acontecimiento en su sitio web.
El informe del Tribunal señala que, en cambio, el Banco rápidamente organizó reuniones con algunas organizaciones de la sociedad civil para demostrar que estaba abierto a consultas.
Los resultados de estas consultas, también realizadas en septiembre de 2007, reconocen un "sentimiento anti-Banco Mundial" y sugieren que los proyectos del organismo se "diluyeron" en operaciones por varios motivos.
En respuesta a las acusaciones, la portavoz del Banco Mundial en Nueva Delhi, Patsy DCruz, dijo a IPS: "El Banco da la bienvenida a un debate abierto sobre su Trabajo en todos los países Sin embargo, no estamos de acuerdo con el formato de un 'tribunal' convocado para 'juzgar' al Banco sin un debate abierto e inclusivo sobre los asuntos planteados".
Es desafortunado que el Tribunal no aceptara en septiembre pasado la invitación del Banco para una discusión "más profunda y más útil" sobre estas cuestiones, agregó.
La secretaria del Tribunal, Deepika DSouza, dijo esperar que "una declaración tan fuerte de este distinguido grupo contribuya de modo significativo con el debate sobre la legitimidad de las operaciones del Banco en el país y como institución".
También alegó que la iniciativa india ya inspiró procesos similares en Holanda y Bangladesh.