El Rey, gobierno, el Parlamento, empresarios, los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil de España condenaron los tres atentados terroristas cometidos entre el sábado y este lunes por ETA, que causaron la muerte de un militar, heridas al menos a 16 personas y grandes destrozos materiales.
Los dos primeros ataques fueron perpetrados el sábado y el domingo en el País Vasco y el tercero esta madrugada en Cantabria, dos de de las 17 comunidades autónomas que componen España y ambas ubicadas al norte del territorio.
En el atentado de este lunes en Cantabria murió el brigadier Luis Conde de la Cruz, quien se encontraba de vacaciones en el Patronato Militar Virgen del Puerto, una residencia de personal y centro de formación de hijos de militares. También resultó gravemente herida una mujer de 70 años que transitaba por la vereda del edificio y otras cinco personas que se encontraban dentro del mismo.
Para cometer estos tres últimos atentados, el grupo terrorista ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en vascuence) utilizó tres coches bomba, cuyas cargas fueron detonadas a distancia. Los tres automóviles utilizados habían sido robados en Francia y cargados cada uno con aproximadamente 100 kilogramos de explosivos, según informó el Ministerio del Interior.
En tanto, el atentado de la localidad vasca de Ondarroa fue perpetrado frente al cuartel de la policía del País Vasco, provocando heridas a 10 personas, seis de ellas agentes de ese cuerpo. El segundo fue en Vitoria, la capital del País Vasco, frente a una Caja de Ahorros, sin causar lesionados, pero sí importantes daños materiales.
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El jefe del Estado español, el rey Juan Carlos I, el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el Parlamento de forma unánime, los sindicatos, los empresarios y grupos de la sociedad civil repudiaron este lunes los hechos, se solidarizaron con las víctimas y se comprometieron a adoptar todas las medidas necesarias para acabar con ETA.
Asimismo, en una declaración firmada también este lunes, todos los partidos con representación en el Parlamento Español, por las organizaciones patronales y las tres centrales sindicales, expresaron el "rechazo más enérgico" hacia los atentados de ETA, que califican de "salvajes". Además hicieron llegar sus condolencias a los familiares de las víctimas.
La joven Leire Pajín, ex secretaria de Estado de Cooperación Internacional y actual secretaria de organización del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), advirtió que "la democracia no cederá ni un solo milímetro frente a la barbarie terrorista".
"Los terroristas deben saber que acabarán en la cárcel y que los demócratas responderemos siempre desde la unidad y la fortaleza del estado de Derecho", afirmó.
No obstante, la unanimidad en la condena de los atentados tiene una fisura, provocada por la posición del presidente del gobierno autónomo vasco, Juan José Ibarretxe, quien encabeza una coalición formada por el moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV), al que pertenece, Ezker Batua y Aralar, estas dos últimas formaciones minoritarias de izquierda nacionalista.
Mientras el PSOE y la principal fuerza de oposición en España, el centroderechista Partido Popular (PP), rechazan cualquier diálogo con ETA mientras ese grupo no abandone la violencia, Ibarretxe advirtió este lunes que no estaba "dispuesto a renunciar a la política para conseguir la paz", después condenar el atentado y de asegurar que para ello, también utilizará a la justicia y la policía.
Hacer política en este caso significa que el lendakari (presidente del gobierno) vasco continúa dispuesto a mantener abiertas las puertas para el diálogo con ETA, aunque no abandone las armas. También aspira a llegar a un buen trato con el brazo político de la misma, que tiene diputados en el Parlamento Vasco e hizo posible su nombramiento como presidente del gobierno de Euskadi con sus votos, ya que el PNV no tenía los diputados suficientes.
Por esa razón, ante las condenas totales contra ETA y su grupo político en el resto de España, Ibarretxe reclamó que se tenga cuidado con lo que se dice y se aclaren las posiciones de cada uno pues, acotó, "no se puede trasladar que las ideas de los tres partidos que están detrás del gobierno o que las ideas del lehendakari dan oxígeno a ETA".
Aunque debilitada por la acción policial, ETA continúa en actividad y necesitada de una acción importante que le devuelva la notoriedad de años anteriores.
Desde su creación, en 1964, ETA fue responsable de 823 asesinatos, un promedio de dos decenas por año, pero, desde que en diciembre de 2006 rompió la tregua que había declarado un año antes, ese promedio descendió a seis personas al año, mientras continúan las detenciones de sus miembros.
El presidente de Cantabria y del centrista Partido Regionalista de esa Autonomía, Miguel Ángel Revilla, manifestó perplejidad ante las declaraciones formuladas por Ibarretxe.
En opinión de Revilla, esas expresiones cuestionan la ilegalización judicial de Acción Nacionalista Vasca, el actual brazo político de ETA, al mantener una alianza política con la misma, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia declaró su ilegalidad.
Eso significa, agregó, que "la ilegalización de las organizaciones políticas vinculadas a ETA está siendo cuestionada por quien debería estar ahora a la cabeza de la lucha contra el terrorismo, porque quien más lo sufre es el pueblo vasco".
También se registraron matices en las posiciones mantenidas por el gobierno y el PP.
Si bien ambos condenaron de modo rotundo los atentados terroristas, el líder del PP, Mariano Rajoy, insistió en que "no hay que negociar", afirmación dirigida a Zapatero, al que critica por haber intentado dialogar de paz con ETA en 2006, aunque después de eso el jefe de gobierno haya cerrado la puerta a cualquier negociación.
Zapatero, por su parte, fue contundente al afirmar que "la sociedad española, decidida a vivir en libertad y con normas de un estado de derecho, nunca cederá ante la violencia" y "juntos aseguraremos el triunfo de la vida y la libertad de todos los ciudadanos".
La reacción contra los atentados llevó a que este lunes se realizasen manifestaciones multipartidarias en España y a que en el Congreso de los Diputados legisladores del PSOE y del PP concluyesen la elaboración de un proyecto de reforma a la Ley de Víctimas del Terrorismo, que llevará a que se eliminen de calles y plazas de varias localidades del País Vasco, placas con nombres de etarras o monumentos que les ensalcen.
Esa reforma fue pactada entre Rajoy y Zapatero en julio y el texto será ofrecido ahora a los demás grupos parlamentarios para que también lo firmen y respalden.
El texto dispone que todas las administraciones públicas deberán adoptar "las medidas conducentes a la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas, como nombres de calles, plazas, avenidas, parques y cualquier tipo de monumento, de exaltación, personal o colectiva, del terrorismo o de los terroristas".
El PSOE y el PP también estudiarán conjuntamente la aplicación de lo resuelto por el Tribunal Supremo para actuar en todos los ayuntamientos en los que ANV o cualquier formación ligada a ETA que tenga ediles, a efectos de destituirlos.
