En el marco de una campaña contra el narcotráfico en México, aumenta sin pausa el número de detenidos, el dinero y las drogas incautadas, la destrucción de plantaciones y el despliegue de soldados. También el presupuesto público destinado a esta lucha.
Pero los resultados de fondo no son positivos: la violencia de los traficantes escaló a niveles de terror y los asesinatos vinculados a esos grupos suman en lo que va de este año más de 3.000 frente a las 2.275 de todo 2007.
Mientras, entre 2002 y este año, los adictos a las drogas pasaron de 307.000 a 465.000, y el número de personas que confesaron haber consumido alguna vez narcóticos de 3,5 a 4,5 millones, según un informe de la Secretaría (ministerio) de Salud.
Tras el atentado sin precedentes perpetrado por presuntos narcotraficantes contra civiles el lunes en la ciudad occidental de Morelia, que dejó siete muertos, una lluvia de iniciativas legales llegaron al Poder Legislativo por iniciativa de partidos políticos y del gobierno del conservador Felipe Calderón. Todas tienen el objetivo de abatir la inseguridad reinante.
Las propuestas incluyen, entre otras cosas, sistemas para regular y recompensar a las denuncias anónimas contra delincuentes, normas para incautar con mayor facilidad el dinero de narcotraficantes y leyes para construir un nuevo sistema de seguridad pública y promover un registro nacional de policías y criminales.
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También hay iniciativas para endurecer las penas contra secuestradores y narcotraficantes.
"En México, cuando hay problemas, casi siempre se propone una nueva ley, cuando la realidad es que existen suficientes, pero que no se aplican", dijo a IPS Guillermo Zepeda, experto en temas de seguridad del Centro de Investigación para el Desarrollo, Asociación Civil.
Para el politólogo y estudioso del narcotráfico, Sergio Fernández, convendría hacer una pausa y revisar la estrategia contra el crimen en su conjunto, especialmente la relativa al narcotráfico. Adoptar medidas "reactivas" no es los más adecuado, expresó a IPS.
En México hay normas definidas hace casi 20 años con el propósito de mejorar la policía. Sin embargo, buen parte de los cuerpos del orden que reúnen a más de 400.000 agentes están hoy infiltrados por la corrupción y el crimen.
Faltan acciones de inteligencia policial y hay que apostar más a políticas de prevención del delito y del consumo de drogas, lo que a la larga resulta más barato y efectivo para el Estado, sostuvo Fernández.
Para prevenir las adicciones, este año el gobierno de México destinó un presupuesto, aprobado previamente por legisladores, de unos 100 millones de dólares. En cambio, a los órganos de seguridad y para el combate de la oferta de droga, el gasto programado superó los 4.000 millones.
Unas 120.000 personas fueron detenidas de 2000 a junio de este año acusadas de tráfico de drogas y los decomisos de dinero a narcotraficantes superaron los 300 millones de dólares desde 2006 a la fecha.
La última de estas acciones se reportó el jueves, cuando soldados se incautaron de 26,2 millones de dólares en efectivo en la ciudad norteña de Culiacán, que al parecer pertenecían al llamado "Cartel de Sinaloa".
Se trató del mayor decomiso luego del registrado en marzo de 2007 a un empresario chino del sector farmacéutico, en cuya casa ubicada en la capital se encontraron 205,5 millones de dólares también en efectivo provenientes al parecer del tráfico de químicos destinados a elaborar drogas.
En otro golpe a los narcotraficantes, las agencias antidrogas de Estados Unidos informaron que, en una operación internacional, detuvieron a 175 personas acusados de colaborar con el "cartel del Golfo" mexicano.
Las detenciones e incautaciones de gran calado en los mercados del narcotráfico mexicano se vienen dando de forma periódica desde hace más de una década.
Sin embargo, lejos de aminorar el problema, éste se agravó. Hay al menos siete grandes organizaciones de narcotraficantes que de acuerdo con autoridades tienen ya presencia en 30 de los 32 estados de este país.
Estos carteles son los más poderosos de América Latina, luego de haber desplazado de ese sitial a los de Colombia, que dominaron la escena entre la década de los 80 y 90.
El gobierno de Calderón, en funciones desde fines de 2006, envió unos 30.000 soldados a diversos puntos del país para combatir el narcotráfico bajo la promesa de que esta fuerza lograría recuperar territorios y vencer a los delincuentes.
No obstante, la presencia y accionar violento de los narcotraficantes persiste y el comercio de drogas no parece mermar.
México espera que Estados Unidos libere a la brevedad la ayuda antidrogas de la llamada Iniciativa Mérida, por 400 millones de dólares para un periodo anual. Ese plan de apoyo fue aprobado en junio.
La mayor parte del dinero comprometido por Estados Unidos se usará en tareas de capacitación e inteligencia para combatir el narcotráfico y en armamento y vehículos de transporte. También habrá una partida para acciones de prevención del consumo de drogas. El plan no incluye presencia militar estadounidense en México.
Se reitera en la estrategia de destinar más dinero y realizar acciones coercitivas, mientras las políticas de prevención continúan rezagadas. Con tales políticas, no hay certeza de derrotar al narcotráfico, opinó Fernández.
Según declaró el presidente Calderón al iniciar su gestión, la lucha contra el narcotráfico será una "batalla larga", pues se trata de un problema "que se fue acumulando, anidando, tolerando, durante años, quizá décadas", y que tendrá "por desgracia" el costo de pérdida de vidas humanas".
