Sierra Leona es un importante receptor de ayuda extranjera desde el fin de una devastadora guerra civil de 11 años en 2002. Pero el gobierno, los donantes y los ciudadanos se cuestionan cuán efectivamente se está usando esta asistencia.
Este país de África occidental, golpeado por años de enfrentamientos civiles y por una economía en crisis, depende fuertemente de la asistencia bilateral y multilateral. Según el Ministerio de Finanzas, 44 por ciento del presupuesto nacional procede de la ayuda externa.
Acusaciones de mala utilización de fondos de los donantes, tanto por parte de las autoridades como de organizaciones civiles, ponen en riesgo este influjo. Uno de los principales socios del gobierno, el Departamento Británico para el Desarrollo Internacional, retuvo asistencia en protesta contra tales anomalías, para la mayor parte de 2007 y comienzos de 2008.
La falta de responsabilidad y coordinación es sentida por la población más vulnerable de Sierra Leona. Los sectores educativo y sanitario están en una situación desesperada, pese a ser áreas prioritarias tanto para el gobierno como para las organizaciones de la sociedad civil.
Los fracasos reales —y algunos éxitos— de la efectividad de la asistencia son el tema de una importante reunión de donantes, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que comenzó el martes en Accra.
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Se trata del Tercer Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, que se extenderá hasta este jueves en la capital de Ghana.
Actualmente, el gobierno de Sierra Leona realiza una verificación para eliminar a los maestros "fantasma" y a las escuelas no existentes a las que supuestamente se destinan fondos de donantes y del Estado.
Al final de la guerra civil surgieron decenas de organizaciones no gubernamentales, muchas de las cuales carecían de adecuados mecanismos de control. El cuestionable desempeño de algunas de ellas llevó al gobierno a revisar su política con esas entidades. La Asociación de Organizaciones No Gubernamentales de Sierra Leona también introdujo nuevos mecanismos de vigilancia.
A Fatmata Kamara, una mujer de 23 años, le cortaron sus dos piernas en enero de 1999, cuando los rebeldes del Frente Unido Revolucionario (RUF) invadieron Freetown y cometieron atrocidades contra los civiles, entre ellas amputaciones masivas. Fatmata pasa los días mendigando en las calles de Freetown.
"Antes de mi amputación, yo estudiaba peluquería y esperaba, luego de la graduación, abrir mi propio salón y entrenar a más jóvenes", relató.
Sin embargo, ella no abandonó esa esperanza. En su pequeña aldea de Kosso, en las afueras de Freetown, Fatmata atiende a clientes que pagan pequeñas sumas para que ella les peine. Usa ese dinero para complementar los ingresos que obtiene mendigando y que habitualmente no son suficientes.
"Esto es lo que uso para mantenerme a mí, a dos hijos y al chico que me traslada. Es realmente difícil, y todas mis esperanzas de ser asistida por filántropos para instalar mi propio negocio se han hecho añicos", dijo.
Aparte de vivir en diminutas casas de barro en Kosso, construidas por el no gubernamental Consejo Noruego para los Refugiados, la mayoría de los amputados dependen de mendigar para mantener a sus familias.
"Con la falta de una responsabilidad y control adecuados de la asistencia, muchas organizaciones no gubernamentales cerraron cuando los donantes rápidamente retiraron los recursos para varias de ellas. Algunas fueron llamadas 'organizaciones de maletín', porque estaban centradas en individuos o en unos pocos con el único motivo de generar dinero en efectivo rápido", dijo a IPS John Caulker, director ejecutivo del Foro de la Conciencia.
El Foro trabaja para apoyar el régimen de derecho y el respeto por los derechos humanos.
La Declaración de París, firmada en 2005, compromete a gobiernos y donantes a cumplir con ciertos estándares de administración financiera pública, abiertas políticas de compras y evaluación transparente de la efectividad de la asistencia.
El gobierno de Sierra Leona creó una unidad de compras públicas y comités de control del presupuesto regional para mejorar la distribución y la efectividad de la asistencia. El impacto de estas medidas todavía tiene que ser plenamente medido. El gobierno cambió hace apenas un año.
Sin embargo, según Tennyson Williams, director para este país de la organización internacional ActionAid, la actual arquitectura de la asistencia en conjunto necesita una reforma, si quiere tener un impacto positivo en la nación receptora.
"Los paquetes de asistencia llegaron con condiciones como garantizar que el (gobierno) receptor obtenga 37 por ciento para sus reservas, otro 37 por ciento para financiar sus deudas y sólo con autorización gastar 26 por ciento del paquete total. Esto no brinda la necesaria flexibilidad para que el gobierno gaste", lamentó Williams. Según él, los donantes enfatizan la estabilidad macroeconómica a expensas de la social.
Con un gasto limitado, el país receptor no alcanza a cumplir con los servicios a los que se apunta, y esto puede conducir a malestar y conflictos sociales, señaló.
Williams también cuestionó la insistencia de los donantes en involucrar a expertos técnicos para la implementación de los proyectos. "¿Acaso la asistencia técnica nos ha hecho algún bien?", preguntó.
El problema es que el gobierno carece de los equipos técnicos y de la credibilidad necesaria para volver efectiva la asistencia. La corrupción en las oficinas públicas ha visto la mala asignación de la ayuda extranjera, al punto de que los donantes insisten en incorporar a su propio personal para ayudar con la implementación.
El director de presupuesto en el Ministerio de Finanzas, Matthiew Dingie, admitió que los recursos generados internamente no son suficientes para hacer funcionar la economía y la maquinaria del Estado. No obstante, culpó a las condiciones y los parámetros establecidos por los donantes por la inefectividad de la asistencia.
"El principal problema es lo oportuno del desembolso del paquete de asistencia. Por ejemplo, si el dinero destinado a infraestructura como la construcción de carreteras llega en la temporada lluviosa, las obras no seguirán adelante", dijo.
Dingie agregó que la asistencia recibida como apoyo presupuestario es más efectiva porque va directamente a las arcas del gobierno y se puede gastar con flexibilidad.
El gobierno creó la Oficina de Coordinación de Asistencia al Desarrollo en 2004, con la tarea de rastrear la ayuda que llega de varias fuentes, tanto bilaterales como multilaterales, así como a través de organizaciones no gubernamentales. Pero esto tampoco ha sido efectivo por la falta de transparencia, de informes y de capacidad, tanto entre los donantes como en el gobierno.
El gobierno también creó comités distritales de control presupuestario en todo el territorio, que se encargan de controlar los proyectos. Según Dingie, esto está funcionando. "Ésta es la mejor manera de rastrear irregularidades y de asegurarse de que los proyectos sean implementados rigurosamente", sostuvo.
Sin embargo, el economista experto en desarrollo Jacob Saffa dijo que se necesita hacer mucho más. "La asistencia al desarrollo tiene que ser bien coordinada para garantizar la equidad de distribución entre sectores y regiones y la implementación de adecuados mecanismos de control", indicó.
"Canalizar los recursos comprometidos a través de grupos no gubernamentales y agencias de la Organización de las Naciones Unidas sin el conocimiento del país receptor es problemático porque los actores bilaterales deciden dónde gastar y en qué actividad", señaló Saffa.
También opinó que el gobierno debe tener en sus oficinas a tecnócratas capaces de articular los intereses nacionales tanto en la negociación de la asistencia como en su implementación, en vez de depender exclusivamente de "expertos importados".
