Activistas de Birmania y Nigeria, reunidos con legisladores estadounidenses, fustigaron por ineficaces los controles «voluntarios» que, en materia de derechos humanos y ambiente, deberían realizan las compañías petroleras que operan en sus países.
En la audiencia de la Subcomisión de Derechos Humanos del Senado, que preside Dick Durbin, participaron los activistas Ka Hsaw Wa (un seudónimo), Nnimno Bassey, Arvind Ganesan de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, y Bennett Freeman, una de las arquitectas de los "principios voluntarios" establecidos en 2000 para las industrias extractivas.
Esos lineamientos fueron adoptados con la esperanza de calmar las aguas en países donde compañías multinacionales explotan petróleo, gas y minerales con grandes ganancias, pero al mismo tiempo con un terrible costo para el ambiente y los derechos humanos.
A través de esos principios, se ofrece a las corporaciones una guía sobre las comunidades en las que desarrollan su trabajo y se espera que no violen sus derechos como consecuencia de las actividades que realizan.
Sin embargo, luego de su lanzamiento en 2000, y bajo el gobierno del presidente George W. Bush, iniciado en 2001, "el proceso ha estado a la deriva", admitió Freeman.
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La experta y el subsecretario de Estado (vicecanciller) a cargo de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Jeffrey Krilla, reconocieron que, sin apoyo y supervisión de los gobiernos involucrados, este tipo de iniciativas son ignoradas por todas las partes.
Esta opinión se vio confirmada por la experiencia reciente en Birmania y Nigeria, según el testimonio de los activistas de esos países.
La petrolera estadounidense Chevron tiene un contrato con la dictadura militar birmana para que garantice la seguridad de sus operaciones en el área del oleoducto de Yadama, por el que se transporta el crudo de Birmania hasta Tailandia para su exportación a Estados Unidos.
Ka Hsaw Wa, fundador y director de la no gubernamental Derechos de la Tierra Internacional, documentó graves violaciones de derechos humanos, en entrevistas que mantuvo junto con su equipo con docenas de aldeanos que viven en las zonas que atraviesa el oleoducto.
La violación de niños no es algo fuera de lo común, dijo el activista. Los aldeanos deben realizar trabajos forzados y tienen prohibido cultivar sus tierras sin el permiso de los militares, el cual condicionan a algún tipo de soborno, sea en efectivo o en productos de granja como pollos, agregó.
"Me resulta sorprendente que se permita a una compañía estadounidense firmar un contrato con un régimen que comete estos abusos con impunidad", señaló Ka Hsaw Wa.
Un folleto preparado por su organización, titulado "El Costo Humano de la Energía", señala que Chevron todavía no dijo una palabra sobre la sangrienta represión, el año pasado, de monjes budistas y civiles que protestaban pacíficamente contra la dictadura birmana.
Los "principios voluntarios" tampoco se aplican en Nigeria, señaló Nnimmo, quien dirige el Grupo de Acción para los Derechos Ambientales, asociado con la organización no gubernamental Amigos de la Tierra.
Desde que se comenzó a extraer petróleo en el delta del Níger hace 50 años, afirmó, la policía y los militares, actuando en nombre del gobierno y la petrolera Shell han ignorado o violado los derechos de las comunidades locales.
La primera masacre documentada, en la que fueron asesinadas 80 personas, se produjo en 1990.
A mediados de la década del 90, los militares mataron a centenares de miembros de la etnia ogoni, entre ellos el escritor Ken Saro-Wiwa, por protestar ante los daños ambientales y exigir que las petroleras pagaran una compensación.
En 1998, la comunidad ilaje comenzó a protestar a causa de la destrucción del ambiente provocada por las operaciones de Chevron: desaparecieron los peces que eran parte fundamental de su alimentación, se perdió vegetación y los ríos resultaron contaminados con agua salada.
Cuando un grupo de pobladores desarmados ocupó una plataforma petrolera y demandó compensaciones, Chevron llamó a los militares, quienes irrumpieron disparando. Luego arrestaron y torturaron a dirigentes comunitarios de las aldeas.
"Después de 50 años, estas compañías todavía no están dispuestas a dialogar con las comunidades", afirmó Nnimmo.
Desalentado por el panorama, el senador Durbin declaró que el gobierno debe tomar medidas más estrictas, para asegurar que empresas estadounidenses no participen en violaciones de derechos humanos ni alienten los "devastadores" impactos ambientales mencionados por los activistas.
En más de una ocasión, Durbin mencionó que en Birmania y Nigeria las compañías estadounidenses ignoran las violaciones a los derechos humanos o son cómplices en ellas, al mismo tiempo que son responsables de los daños ambientales por los que numerosas poblaciones pierden su salud y sus medios de vida.
