Kadiatou Diallo Sylla y su esposo viven en su choza del barrio de Bambeto, en la capital de Guinea. Son los restos de una familia acosada por el recuerdo de su hijo, asesinado a los 14 años en enero de 2007 por policías en las protestas opositoras de entonces.
Un año después de iniciada la investigación oficial sobre la muerte de al menos 186 personas en las manifestaciones de enero y febrero del año pasado, Diallo Sylla todavía no sabe quién mató a su hijo Kerfalla.
"Esperamos siete años de matrimonio hasta que pudimos tener a mi único hijo. Nunca imaginé que moriría de esta manera", dijo a IPS, indignada y sin poder contener el llanto.
Su esposo, Oumar Sadio Sylla, dice saber algunos detalles de la muerte de su hijo. Asegura que lo alcanzaron dos disparos de la policía desde un automóvil. Una bala le atravesó el cuello.
"Esperaba, al menos, que sus asesinos fueran sometidos a juicio. Pero ha sido en vano. No tengo fe en la investigación. Por ahora sólo queremos saber qué ocurrió. Podemos perdonar, pero tenemos que saber la verdad", expresó a IPS un resignado Sadio Sylla.
Abdoulaye Diallo es menos conciliador. Su hijo de 19 años fue asesinado de un balazo en la cabeza el 13 de febrero de 2007. Desde su hogar de Coloma, un barrio de Conakry, dice que no descansará hasta saber qué ocurrió y se haga justicia.
"No puedo perdonar. Mintieron cuando dijeron por qué lo mataron. Mi hijo estaba completamente desarmado. No tenía una pistola, ni una piedra, ni siquiera un palo. Pero le dispararon", dijo Diallo a IPS.
El gobierno reconoce 137 de las al menos 186 muertes atribuidas por familiares y organizaciones de derechos humanos a las fuerzas de seguridad que reprimieron las manifestaciones y huelgas opositoras del año pasado.
Pocos meses antes, en junio de 2006, por lo menos 13 personas, la mayoría estudiantes, murieron baleados en Conakry y otras dos ciudades de este país del occidente africano.
Una investigación nacional fue lanzada para investigar las muertes de 2006 y 2007. Mounir Hussein Mohamed, el abogado que conduce la pesquisa, dijo que las autoridades la obstruyen. Ellas lo niegan.
"No se logró ningún avance, y estamos en el mismo punto del año pasado. Esto es inaceptable. Aquí lo que falta es voluntad política", dijo Mohamed a IPS.
El mes pasado, el almirante Zaoro Patrice Sylla pidió perdón a la sociedad por los hechos de 2007 en nombre de las fuerzas armadas, cuyo comandante, general Diarra Camara, había hecho lo mismo por los enfrentamientos de 2006.
"La voluntad (política) está clara y presente a todos los niveles. No es común que las instituciones militares pidan perdón. El simbolismo es muy poderoso", dijo el ministro de Reconciliación Nacional, Amadou Oury Bah.
"Hay diferentes interpretaciones sobre qué significa la justicia. Estamos intentando construir una alternativa a la actitud radical, según la cual las víctimas buscan venganza encarcelando al culpable", agregó.
Bah enfatizó que la mejor manera de avanzar es sentar bases fuertes para fortalecer la democracia y la nación.
"Estamos presenciando un momento histórico. Toda la nación aplaudirá a las víctimas por luchar por una visión de Guinea que origine un cambio evolutivo", dijo.
El analista político Madani Dia consideró que el gobierno "elige concentrarse en mejorar las condiciones de vida, al tiempo que barre las matanzas debajo de la alfombra. Si logra lo primero, entonces lo segundo se olvidará por un tiempo. Pero si no lo logra, la situación puede volverse peor de lo que vimos a comienzos de 2007".
El primer ministro Ahmed Tidiane Souaré, estrecho colaborador del presidente Lansana Conté, fue designado en mayo último en reemplazo de Lansana Kouyaté, quien había asumido en febrero de 2007 con el mandato de resolver la crisis.
Pero la investigación sobre las matanzas no avanzó en el periodo de Kouyaté. Además, todo se complica porque diversos testimonios apuntan contra figuras cercanas a la familia del presidente.
La falta de seriedad en las pesquisas oficiales "envía un mensaje muy peligroso a las fuerzas armadas: que la violencia y la falta de disciplina son comportamientos aceptables", consideró el investigador Dustin Sharp, de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
Sharp confirmó a IPS que HRW envió una carta a Souaré en agosto para manifestar su preocupación.
Souleymane Bah, de la Organización de Derechos Humanos de Guinea (OGDH, por sus siglas en francés), siente que la impunidad agrava la violencia.
"Escribiremos una carta para recordar al gobierno que no hubo justicia tras la represión del año pasado. Planeamos manifestarnos en las calles si el gobierno no responder", advirtió.
El presidente de OGDH, Thierno Maadjou Sow, exigió una comisión investigadora internacional, moción respaldada por numerosas organizaciones no gubernamentales independientes locales.
