Organizaciones defensoras de los derechos humanos criticaron la expulsión de Venezuela de los representantes de Human Rights Watch (HRW), que presentaron un informe en el cual sostienen que la democracia y la tolerancia retrocedieron con el gobierno de Hugo Chávez.
El chileno José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, y su asistente estadounidense Daniel Wilkinson, fueron sacados de su hotel en Caracas, la noche y madrugada del jueves al viernes, por militares que les llevaron hasta el aeropuerto y los obligaron a embarcar en el primer vuelo disponible, de la aerolínea brasileña Varig, con destino a Sao Paulo.
Amnistía Internacional "lamenta profundamente esta decisión", dijo a IPS su representante en Venezuela, Marcos Gómez. "El derecho de los defensores de los derechos humanos para impulsar y dar a conocer los retos de los gobiernos para garantizar esos derechos, es algo que no tiene frontera", apuntó.
Gómez consideró "un grave error, que va a afectar el prestigio de Venezuela", la expulsión de los activistas.
"Si el gobierno hubiera tenido la madurez de evaluar su informe, la aseveración sobre intolerancia hubiera quedado como el punto de vista de HRW, algo que ahora, con este solo acto, se reafirma como posiblemente cierto", explicó.
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Vivanco presentó el jueves a la prensa en Caracas un informe de 267 páginas titulado "Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela".
En ese informe se asegura que Chávez, en el gobierno desde 1999, "ha debilitado las instituciones democráticas" de su país.
La expulsión de Vivanco y Wilkinson "confirma nuestras denuncias sobre violación de los derechos humanos y convenios internacionales por parte de Venezuela, así como que no existe separación de poderes, pues el Judicial, por ejemplo, sigue las directrices del Ejecutivo", dijo el abogado Gonzalo Himiob, del Foro Penal Venezolano.
"La violación más grave del estado de derecho en Venezuela durante los últimos 10 años fue el golpe de Estado de 2002 contra Chávez. Afortunadamente sólo duró dos días", dijo Vivanco al presentar su informe. "Pero lamentablemente, el gobierno ha explotado el golpe desde entonces para justificar políticas que han degradado la democracia", agregó.
Carlos Nieto, de la no gubernamental Una Ventana a la Libertad, que vela por los derechos de las personas detenidas, dijo a IPS que "la expulsión de HRW viola la declaración de la Asamblea General de (la Organización de) las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos".
Esa declaración, de 1998, afirma que "toda persona tiene derecho, individual y colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y libertades fundamentales, en los planos nacional e internacional", dijo Nieto.
"La expulsión del equipo de Human Rights Watch deja aún más claro que Venezuela está yendo por el camino de la intolerancia", dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de esta organización no gubernamental basada en Estados Unidos y que reivindica investigar la situación de los derechos humanos en por lo menos 70 países.
"Chávez pudo haber expulsado al mensajero, pero simplemente ha reforzado el mensaje: las libertades civiles en Venezuela están en peligro", opinó Roth.
El informe de HRW hablaba de discriminación política como "una característica definitoria de la presidencia de Chávez", quien "tacha sistemáticamente a sus opositores de conspiradores antidemocráticos, independientemente de que tuvieran o no alguna relación con el golpe de 2002".
HRW sostuvo que, después del golpe, "la violación más grave del estado de derecho en Venezuela fue el copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia por parte de Chávez y de sus partidarios en 2004, lo cual logró neutralizar al Poder Judicial como rama independiente del gobierno".
En Venezuela, según HRW, "aún existe un dinámico debate público, en el cual los medios opositores al gobierno y aquellos afines a él pueden hacer oír sus críticas y su apoyo a Chávez", pero el gobierno "ha atentado contra la libertad de expresión a través de diversas medidas para cambiar el control y contenido de los medios de comunicación".
Criticó también al gobierno porque "ha afectado a los sindicatos existentes y favorecido el surgimiento de nuevos sindicatos paralelos que apoyan su agenda política".
Finalmente, según HRW, el gobierno "confronta a los defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil. Han sido objeto de hostigamiento judicial, acusaciones infundadas para desacreditar su trabajo, e iniciativas para excluirlos de los foros internacionales y restringir su acceso al financiamiento internacional". HRW "ha dicho lo mismo que defensores de los derechos humanos sostuvimos por años. Lo que ha hecho es un seguimiento sistemático y la expulsión de sus representantes lo que hace es darle mayor interés y credibilidad al informe", comentó a IPS el jurista Héctor Faúndez, del Centro de Derechos Humanos de la caraqueña Universidad Central.
El Canal 8, estación de televisión estatal, mostró imágenes de funcionarios conminando a Vivanco y Wilkinson a dejar el país por infringir su condición de turistas al inmiscuirse en asuntos de política interna de Venezuela y ofender a sus instituciones.
Vivanco dijo, en declaraciones desde Sao Paulo, que como ciudadano chileno no necesita visa para ingresar a Venezuela y sostuvo que en su tarjeta de entrada al país marcó "la casilla de foros y conferencias, pues no vine a hacer turismo".
Un comunicado de la cancillería dijo que el gobierno evaluó sus declaraciones y estableció que "ese ciudadano ha violentado la Constitución y las Leyes de la República Bolivariana de Venezuela, agrediendo a las instituciones de la democracia venezolana, inmiscuyéndose ilegalmente en los asuntos internos de nuestro país".
Por ello, "y con base en los valores constitucionales de defensa de la soberanía nacional y la dignidad del pueblo venezolano, ha decidido expulsar del territorio venezolano al referido ciudadano (Vivanco), al igual que a su acompañante Daniel Wilkinson".
El canciller Nicolás Maduro expresó que "todo aquel extranjero que pretenda inmiscuirse en los asuntos internos e irrumpir (contra) la soberanía nacional, recibirá la misma respuesta de expulsión".
"Ya basta. Hasta aquí llegaron. Todo el que pretenda inmiscuirse en nuestros asuntos y socavar las instituciones desde adentro tendrá la misma respuesta", aseveró Maduro.
El general retirado Alberto Muller, número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo en una reunión con sindicalistas afines que "la clase trabajadora que pertenece al PSUV dio pleno apoyo, con un caluroso aplauso, a la decisión del gobierno de expulsar a este pequeño pitiyanqui latinoamericano".
También la junta directiva de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) "así como la inmensa mayoría de los diputados", según la presidenta del cuerpo, Cilia Flores, respaldó la expulsión, y el ministro de Información, Andrés Izarra, sostuvo que la medida sirve "para desarticular planes conspirativos que se han adelantado contra Venezuela recientemente". La oposición inició sus críticas y Luis Planas, presidente del partido socialcristiano Copei, sostuvo que "la verdadera razón para la expulsión de HRW es la molestia que produce en los más altos funcionarios la veracidad de su informe sobre el desgaste de la democracia y la violación a los derechos humanos durante la gestión de Chávez".
