Documentos hasta ahora secretos del Departamento de Estado de Estados Unidos desmienten los dichos del ex presidente peruano Alberto Fujimori acerca de que ignoraba las violaciones a los derechos humanos que cometían los servicios de inteligencia durante su mandato, de 1990 a 2000.
"Los documentos desclasificados demuestran que desde muy temprano Washington presionó directamente a Fujimori por las actividades de los militares y sus violaciones a los derechos humanos", dijo a IPS Peter Kornbluh, analista del Archivo de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), de la Universidad George Washington.
Kornbluh es un experto en la desclasificación de documentos que contienen información sobre la represión durante las dictaduras latinoamericanas en los años 70 y 80, fundamentalmente. Esa información ha sido usada en procesos judiciales contra los responsables de esos delitos.
Fujimori afronta un proceso judicial por los asesinatos de 25 civiles, cometidos entre 1991 y 1992 por el "Destacamento Colina", una organización clandestina del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
"Fujimori no puede decir que no tenía ninguna idea de las actividades militares hasta el año 1993. Los documentos desclasificados registran que el entonces embajador de Estados Unidos en Perú, Anthony Quainton, habló con él sobre el tema en diciembre de 1991", señaló Kornbluth.
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El 3 de noviembre de 1991, un mes antes de la conversación entre Fujimori y Quainton, el "Destacamento Colina" asesinó a 15 personas en una zona del centro de Lima conocida como Barrios Altos. Las víctimas, entre las que hubo ocho niños, eran presuntamente integrantes del grupo guerrillero maoísta Sendero Luminoso.
Una veintena de documentos desclasificados por el NSA, que contienen informes de la embajada de Estados Unidos en Lima sobre violaciones de derechos humanos, y que consignan información sobre el conocimiento que Fujimori tenía de estos hechos, fueron aceptados por el tribunal que enjuicia al ex presidente por su relación con los asesinatos de Barrios Altos así como los de La Cantuta, cometidos el 18 de julio de 1992.
La defensa de Fujimori alega que los documentos contienen información de periódicos y dichos de personas que sólo hablan de oídas. Kornbluh lo desmiente en forma terminante.
"Registran declaraciones de militares, algunos en actividad, incluso de varios que tuvieron relación con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos", el segundo hombre más poderoso del régimen fujimorista, "así como de grupos especiales de inteligencia que han cometido las ejecuciones. No son rumores", afirmó.
El 8 de septiembre, la analista del NSA Kate Doyle expuso ante el tribunal que enjuicia a Fujimori sobre el valor de 21 documentos del Departamento de Estados (cancillería) estadounidense desclasificados y que están relacionados con las violaciones a los derechos humanos.
"Reflejan claramente que las operaciones ilegales fueron el producto de una política del gobierno y no resultados de elementos fuera de control del ejército, la policía o el servicio de inteligencia", aseguró.
Doyle declaró que Fujimori tenía "una estrategia clandestina de luchar agresivamente contra la subversión mediante operaciones de terror, sin respeto a los derechos humanos, sin respeto al estado de derecho y fuera de marco legal".
Uno de los documentos desclasificados más importantes es el que consigna las declaraciones de un ex oficial del SIE ante dos altos funcionarios políticos de la embajada de Washington en Lima, en las que señalan que la tortura y el asesinato eran métodos habituales aplicados a sospechosos de pertenecer a Sendero Luminoso.
El 15 de junio de 1994, Polcouns, nombre clave del consejero político de la embajada estadounidense, y Poloff, código de otro diplomático de alto rango, "se reunieron con un ex oficial del ejército (del grado de comandante), quien entregó información detallada de su directa participación en una unidad de comando del ejército y en el SIE", detalla el documento.
"Afirma que intervino en operaciones sistemáticas oficialmente aprobadas y que incluían asesinatos, torturas y amenazas contra sospechosos de terrorismo y opositores al gobierno como parte de la política contrainsurgente del gobierno peruano", agrega.
"Cuando algún detenido sufría daños físicos durante el interrogatorio, era casi siempre asesinado", explicó el ex oficial del SIE a los diplomáticos estadounidenses.
"Nuestra fuente dijo que personalmente su método favorito de tortura era introducir a la víctima en una tanque de agua, obligándola a empinarse para buscar un poco de aire para poder respirar. ( ). Eventualmente la víctima se cansaba de estar parada sobre sus dedos y se ahogaba", señala el texto del cable enviado al Departamento de Estado.
En diciembre de 2007, el juez argentino Ariel Lijo condenó a oficiales del Batallón 601 de inteligencia del ejército de ese país, uno de los tantos grupos que secuestraba y asesinaba a presuntos "subversivos" durante la dictadura militar de 1976 a 1983 responsable por alrededor de 30.000 desaparecidos según datos de organizaciones de derechos humanos.
El NSA suministró, a pedido de la defensa de algunas de las víctimas en Argentina, documentos desclasificados que consignaban la estructura de la organización criminal, lo que facilitó el procesamiento y condena de los militares involucrados.
También han sido empleados documentos desclasificados por el NSA con información referida a violaciones de derechos humanos en el juicio que se le sigue en Uruguay a Juan María Bordaberry, quien gobernó ese país en democracia a partir de febrero de 1972 y entre 1973 y 1976 encabezó el primer tramo de la dictadura finalizada en 1985.
Kornbluh dijo a IPS que "hay un documento de julio de 1990, cuando Fujimori llega al gobierno, donde se habla de la doble política contra el terrorismo: una pública, de respeto a los derechos humanos, y otra clandestina y secreta, fuera de las normas legales".
"Otro documento, de diciembre de 1991, después de la matanza de Barrios Altos, se refiere al encuentro entre Fujimori y el embajador Quainton, en el que éste le dice que los militares estarían involucrados en el crimen y que es necesario investigar. Quiere decir que en ese tiempo ya se hablaba de la relación del ejército con los asesinatos".
