El juez Baltasar Garzón desató una gran discusión en España al pedir información sobre crímenes cometidos en la guerra civil (1936-1939) que llevó al poder al dictador Francisco Franco, para decidir sobre las denuncias presentadas por asociaciones civiles el 18 de julio de 2007.
Desde sectores del gobierno presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero se apoya la medida con discreción, mientras se la critica con fuerza desde la principal fuerza de oposición, el centroderechista Partido Popular (PP).
El tema en discusión más destacado es si la llamada Ley de Memoria Histórica, aprobada el año pasado, puso fin al problema, como sostiene el PP o si todavía hay cuestiones que aclarar.
La abogada Francisca Sauquillo, diputada socialista en el Parlamento Europeo, dijo a IPS que esa ley no permite abrir nuevos juicios por temas políticos, pero "sí por delitos de lesa humanidad".
Esos delitos no pueden ser amnistiados, según lo dictamina la legislación nacional e internacional, aclaró la legisladora conocida como "Paquita" y presidenta fundadora del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), organización creado durante y en oposición al franquismo (1939-1975).
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Precisamente, la decisión de Garzón está orientada a recibir información y poder determinar si se trata o no de delitos contra la humanidad, para actuar en consecuencia, añadió Paquita, quien concluyó afirmando que es lógico lo que se plantea el juez, porque es curioso que no estén registrados los nombres de los muertos, pese a que son decenas de miles.
La solicitud a Garzón la realizaron la Asociación por la Memoria Histórica de Cataluña, la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia y la Asociación para la Defensa de la Memoria Histórica de Mallorca, al cumplirse el 18 de julio de 2007 el 71 aniversario del golpe militar del general Franco contra la Segunda República Española.
El presidente de la Asociación por la Memoria Histórica de Cataluña, Manuel Perona, dijo que, "tras 70 años de espera, ahora tenemos esperanza de que se haga justicia a miles de personas que siguen reclamando el paradero de sus familiares".
En términos similares se pronunció Paqui Maqueda, vicepresidenta de la asociación andaluza, mostrándose esperanzada de que las denuncias finalmente sean admitidas.
Margalida Capellá, abogada y miembro de la asociación mallorquina, señaló a IPS que en los Registros Civiles se pueden encontrar declaraciones de fallecimiento de personas desaparecidas y pone como ejemplo que su institución, consultándolos, ya ha documentado 198 fallecimientos y 400 desapariciones de personas.
Garzón dictó a última hora del lunes el pedido de información a organismos como el Valle de los Caídos y el Monasterio de El Escorial en los que hay tumbas de muertos de las filas franquistas, así como a cuatro municipios y a todas las parroquias de España.
Consultado por IPS al respecto de este asunto, el portavoz de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica de España afirmó que todavía no han recibido ningún pedido, por lo cual evitó pronunciarse.
Anselmo Álvarez, abad del Valle de los Caídos, declaró a la prensa que en ese lugar hay un registro de 34.000 personas muertas, que todos ellos "son muertos y fallecidos durante el período de guerra y en acciones de guerra" y que cuando reciba el pedido de Garzón lo estudiará y decidirá lo que debe hacer.
Desde donde sí hubo rápidas respuestas positivas fue de dos grandes municipios andaluces, el de Granada y el de Córdoba. En el primero, tanto su alcalde, José Torres Hurtado, como el rector de la Universidad, Francisco González Lodeiro, manifestaron que proveerán la información solicitada, aunque aclararon que no creen que sea mucha.
González Lodeiro expresó confusión por lo decidido por el juez Garzón, ya que sólo ha pedido información a la entidad que dirige, siendo que "hay otras universidades, como la Complutense, la de Salamanca o la de Oviedo, en las que hubo profesores que también fueron fusilados".
Pero las asociaciones que presentaron las denuncias afirman que unas 2.400 personas fueron fusiladas durante el franquismo en el cementerio de San José, de Granada, y después enterradas en fosas comunes.
La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, de la coalición pro-comunista Izquierda Unida (IU), declaró que su municipio colaborará con Garzón "desde la perspectiva de voluntad en el ámbito judicial de dar respuesta a necesidades de sentimientos y afectos de personas que buscan el descanso en paz de los restos de sus familiares, que no saben aún dónde están".
Pero Garzón no las tiene todas consigo, ya que la Fiscalía había solicitado en febrero el archivo de las denuncias, considerando que, al aplicarse la Ley de Amnistía de 1977, los delitos estaban prescriptos.
El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Juan Pablo González, considera que este juez carece de competencias para hacer "investigaciones históricas" o realizar censos de fallecidos en la Guerra Civil Española. Otro vocal de ese organismo, José Luis Requero, calificó la actuación de Garzón de "show judicial".
Incluso desde un organismo reconocido como progresista, como es la asociación Jueces para la Democracia (JpD), le llegan críticas a Garzón, conocido internacionalmente por iniciar proceso en España a jefes de las dictaduras que asolaron el Cono Sur de América en los años 70 y 80, en cuyo marco libro sin éxito en 1998 una orden de detención contra el chileno Augusto Pinochet (1915-2006).
El portavoz de JpD, Miguel Ángel Jimeno sostuvo que, para poder emprender acciones, Garzón debería tener expectativas de que haya algún delito sin prescribir y con un autor presumible, para averiguar quién es y que por ahora no las tiene.
Garzón recibió, empero, el apoyo de órganos judiciales ante las críticas recibidas, en especial las publicadas por el madrileño diario El Mundo, cuyo director, Pedro Ramírez, calificó a las acciones de "garzonada".
En su columna editorial publicada este martes, Ramírez afirmó que Garzón "lo que busca no es hacer justicia sino instrumentarla para sus fines personales" y que lo que ha iniciado ahora "es un puro disparate sin opción alguna de salir adelante".
La Junta de Jueces Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional defendió "la integridad profesional" e informó que solicitará al CGPJ que realice "un expreso pronunciamiento" ante "las injustas y arbitrarias opiniones" vertidas por ese periódico, uno de los dos con mayor circulación en España.
Para los jueces, los cuestionamientos de El Mundo exceden los límites de la crítica que se puede hacer a las resoluciones judiciales y además ponen en entredicho "la integridad profesional del magistrado Baltasar Garzón", integridad que ellos defienden. Por ello pidieron al CGPJ que realice "un expreso pronunciamiento" al respecto.
Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, dijo no ser partidario de "abrir las heridas del pasado", ya que su revisión "no conduce a nada, lo haga quien lo haga". Desde el gobernante Partido Socialista Obrero Español, tanto Zapatero como otros dirigentes, se pronunciaron diciendo que respetan y respetarán las decisiones judiciales.
La polémica está abierta y dará ocasión para muchos debates y pronunciamientos durante bastante tiempo.
