El juez chileno Alejandro Madrid acusó este viernes a 19 personas, la mayoría militares de Chile y tres uruguayos, por el secuestro y asesinato del ex agente de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el químico Eugenio Berríos.
"Hay que saludar la iniciativa de un grupo de jueces, entre ellos el ministro Madrid, que están siendo acuciosos en la investigación de los casos" de violaciones a los derechos humanos, dijo a IPS Sergio Laurenti, director ejecutivo del capítulo chileno de la no gubernamental Amnistía Internacional.
Laurenti consideró que las acusaciones dictadas por Madrid este viernes contra uniformados de alto rango "deben llamar a la reflexión, porque muestran la inacción y la falta de integridad de parte de las cúpulas de las Fuerzas Armadas, que dejaron a violadores de derechos humanos llegar hasta las más altas jerarquías" castrenses.
A su juicio, la resolución es un "mensaje fuerte" que indica que "para la mano larga de la justicia no hay jerarquía" ni sistema de protección que valga.
El ministro de la Corte Apelaciones de Santiago, quien instruye la causa desde 2003, acusó este viernes al mayor retirado del ejército, Arturo Silva Valdés, de autor del delito de secuestro con homicidio de Berríos, y al ex general Eugenio Covarrubias Valenzuela, de encubridor de los hechos.
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Bajo los cargos de secuestro fueron inculpados siete uniformados retirados: el general Hernán Ramírez Rurange, el brigadier Manuel Provis Carrasco, el teniente coronel Pablo Rodríguez Márquez, el mayor Jaime Torres Gacitúa, el oficial Manuel Pérez Santillán y los suboficiales Marcelo Sandoval Durán y Nelson Román Cáceres. A ellos se sumó el civil Raúl Lillo Gutiérrez.
Los militares uruguayos extraditados a Chile en abril de 2006, por solicitud de Madrid, los coroneles Tomás Casella (retirado) y Wellington Sarli y el teniente coronel Eduardo Radaelli, fueron formalizados por secuestro y asociación ilícita.
Por este último delito el juez también acusó al ex auditor del ejército de Chile, Fernando Torres Silva, y al coronel retirado Enrique Ibarra, además de Provis, Ramírez, Covarrubias, Silva, Rodríguez, Torres, Lillo, Pérez, Sandoval y Román.
Madrid formalizó asimismo al oficial retirado Mario Cisternas Orellana y a los civiles Nelson Hernández Franco y Erika Silva Morales, además de Sandoval y Román, por infracción al artículo del Código Penal que establece la obligación de los funcionarios públicos de denunciar un ilícito.
Por obstrucción a la justicia figura Ginez Rojas Gómez junto a los ya mencionados Ramírez, Rodríguez, Lillo y Covarrubias.
El juez había cerrado la etapa de investigación el 25 de abril. La acusación, que equivale a una ratificación de los procesamientos, será seguida por el plenario, de discusión de las pruebas, y la sentencia.
Berríos, un químico especialista en la fabricación de gases tóxicos y otras armas letales, como el gas sarín, fue agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el primer cuerpo represivo de la dictadura del general Pinochet, fallecido en 2006.
En octubre de 1991, un año después de la recuperación de la democracia en Chile, el científico fue sacado clandestinamente del país para impedir que declarara en el proceso judicial por la muerte del ex canciller del gobierno de Salvador Allende (1970-1973), Orlando Letelier, asesinado en un atentado perpetrado en 1976 en Washington.
Berríos se trasladó primero a Argentina y luego a Uruguay, donde estuvo custodiado por miembros de la Dirección de Inteligencia del Ejército chileno (DINE) y por uniformados uruguayos.
La última vez que se lo vio con vida fue el 15 de noviembre de 1992, cuando acudió a una comisaría de Parque del Plata, localidad cercana a Montevideo, a denunciar que había sido secuestrado. De allí fue retirado por Casella y Radaelli, entre otros uniformados.
Finalmente, el cadáver de Berríos, con dos impactos de bala en la cabeza, fue encontrado en 1995 en una playa El Pinar, vecina de Parque del Plata, pero las pericias establecieron que la fecha de muerte databa de fines de 1992 o comienzos de 1993.
"Agradezco a las personas que colaboraron (en la investigación), especialmente a los policías que estuvieron trabajando conmigo largo tiempo. Pienso que el trabajo profesional que realizaron permitió esclarecer este tema de una manera completa", declaró el juez Madrid al dar a conocer la resolución.
El magistrado reconoció que la investigación fue "complicada porque se trata de temas que obedecen a determinadas operaciones de inteligencia y que tuvo alcances de carácter internacional".
De hecho, el caso Berríos es considerado parte de las operaciones del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur americano en las décadas de 1970 y 1980, cuyo propósito era perseguir, secuestrar, asesinar y hacer desaparecer a opositores de izquierda.
Pero cuando se cometió el crimen, a comienzos de los años 90, las Fuerzas Armadas de los países involucrados ya estaban bajo el mando de gobiernos democráticos.
Madrid adelantó que está cerca de cerrar los sumarios de otros importantes procesos ligados al secuestro y homicidio de Berríos, entre ellos el caso de la muerte del ex presidente democratacristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970), quien falleció de una infección generalizada en 1982, luego de someterse a una operación de rutina.
La familia del ex mandatario, que a comienzos de la década del 80 se perfilaba como una de las figuras más importantes de la oposición a Pinochet, cree que Berríos estuvo detrás del agente biológico que se le habría introducido a Frei en la primera de las operaciones que se le practicaron en la Clínica Santa María, de Santiago.
"Ha quedado claramente determinado el crimen de Berríos", dijo este viernes el abogado de la familia Frei, Álvaro Varela, quien aseguró que "existen antecedentes" que vinculan a Berríos con el deceso del ex jefe de Estado.
Además, calificó el secuestro y asesinato del ex químico como "extraordinariamente graves, pues ocurrieron en plena vigencia del régimen democrático y con la clara voluntad e intencionalidad de impedir que los tribunales de justicia hicieran su tarea".
"Nosotros somos bastantes optimistas", dijo por su parte Carlos Neira, abogado de los tres militares uruguayos acusados.
Mantenemos "la misma la convicción que hemos venido sostenido durante tanto tiempo, en el sentido de que nuestros representados no tienen ningún grado de participación en los hechos que terminaron con la muerte del señor Berríos en Uruguay", declaró el jurista.
Ahora la defensa y los querellantes tienen la oportunidad de responder a la acusación dictada por el ministro Madrid, para dar inicio a la etapa de plenario. Cuando ésta finalice, el juez estará en condiciones de dictar sentencias de primera instancia, que se estima se conocerán en los próximos meses.
