El caso de los cinco agentes cubanos presos en Estados Unidos desde hace 10 años, a quienes Cuba defiende como «luchadores antiterroristas», pasará al gobierno que resulte investido en Washington en enero, como piedra en el zapato de las siempre conflictivas relaciones bilaterales.
"Es un tema que ambos países han politizado demasiado, lo que dificulta establecer un diálogo", comentó a IPS Eloy Gutiérrez Menoyo, fundador durante su exilio en Estados Unidos de la organización de oposición moderada Cambio Cubano y que vive en Cuba desde agosto de 2003.
Sin embargo, Gutiérrez Menoyo no desestimó un posible giro en el caso de que resulte ganador en los comicios presidenciales estadounidenses de noviembre el candidato del opositor Partido Demócrata, Barack Obama, partidario al parecer de flexibilizar posturas ante Cuba.
"Si Cuba viera en Obama un individuo dispuesto a dialogar, y se abriera paso una política de buena vecindad, podría haber un intercambio: Estados Unidos libera a los cinco y La Habana hace lo propio con presos políticos acá", estimó el disidente, quien admitió que la sudoriental ciudad de Miami no es el mejor lugar para juzgar a los agentes, por ser hogar de la más numerosa comunidad de inmigrantes cubanos anticastristas.
Pero analistas consultados dudaron de que se pueda concretar un intercambio de esa naturaleza. "Para el gobierno cubano, los cinco son héroes, mientras a los opositores presos los considera mercenarios a sueldo de la política hostil de Washington hacia Cuba", dijo un investigador que pidió no ser identificado.
"La condición de que Cuba libere a todos los presos por delitos políticos sería muy difícil de cumplir, pues esa categoría podría incluir a terroristas, como los salvadoreños (Raúl Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez Llerena) que vinieron a poner bombas aquí y cuyas condenas a muerte están aún pendientes. Es un tema de seguridad nacional para este país", afirmó la fuente.
El académico admitió, sin embargo, que La Habana podría tener "más confianza en la aplicación de la justicia por Obama", si él anunciara una acción más firme contra grupos paramilitares de Miami, en particular, "personajes convictos y confesos de terrorismo" como el exiliado Luis Posada Carriles.
"Naturalmente, si Obama, una vez presidente, indultara a los cinco cubanos presos, pondría al gobierno cubano en la situación de responder con un gesto equivalente", remató.
En tanto, Gutiérrez Menoyo confirmó que en Miami existe "una presión de la extrema derecha sobre los jueces", un punto en que coincidió con abogados que ejercen la defensa de los cinco cubanos Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Fernando González, Ramón Labañino y René González.
Al respecto, el jurista Leonard Weinglass consideró que esa ciudad es la única en Estados Unidos "donde los cinco en realidad no podrían tener un juicio justo". En esa urbe viven exiliados unos 650.000 cubanos. Un grupo de ellos, de "línea dura con respecto a Cuba", controla la prensa, los medios locales de comunicación y los puestos públicos, dijo el abogado en declaraciones a la prensa.
Los cubanos bautizados como "los Cinco" en el curso de la campaña por su liberación, fueron arrestados el 12 de septiembre de 1998 y acusados de conspiración para cometer espionaje, y uno de ellos (Gerardo Hernández) de conspirar para cometer asesinato. Un jurado de Miami los halló culpables de todos los cargos. La defensa apeló.
Este jueves, el presidente del parlamento cubano, Ricardo Alarcón, confirmó que el tribunal de apelaciones de la sudoriental ciudad de Atlanta rechazó el martes 2 las solicitudes de la defensa de reconsiderar el fallo de un panel de ese mismo órgano, emitido el 4 de junio, por tanto se revalidan los veredictos de culpabilidad.
"Vamos a apelar a la Corte Suprema de Estados Unidos, a la corte mundial, a la interplanetaria, a donde haya que ir en materia legal para, en ese terreno, luchar contra esta infamia", dijo Alarcón en rueda de prensa en la que se anunció el inicio este mes de una vasta campaña en favor de los también llamados "prisioneros del imperio".
El fallo de la Corte de Apelaciones de Atlanta ratificó las sentencias para Hernández, condenado a doble cadena perpetua y 15 años, y para René González, de 15 años de prisión. A la vez, devolvió al tribunal federal de Miami, para revisión de sus sentencias, a los otros tres procesados.
De modo que los casos de Labañino (condenado a cadena perpetua más 18 años), Fernando González (19 años) y Guerrero (cadena perpetua más 10 años) serán vistos, para nuevas sentencias, por la jueza Joan Lenard, la misma que impuso las condenas iniciales, en 2001, tras un juicio de siete meses.
En un artículo sobre el tema, Weinglass afirmó que juzgar a los cubanos en Miami fue una clara violación del derecho a un juicio libre de influencias externas. Es por ello que la sede del proceso debió ser traslada a otra ciudad.
La defensa tiene plazo hasta el 1 de diciembre para solicitar a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que acepte revisar el caso. A la par de los recursos legales, las autoridades confían en que el movimiento de solidaridad internacional genere más conciencia sobre lo "injusto" del caso.
"Esta batalla se va a librar hasta el último día en que todos estén aquí", dijo Alarcón. El gobierno cubano insiste en que el cargo de "conspiración para el espionaje", por el que se condenó a cadena perpetua a Hernández, Labañino y Guerrero, carece de fundamento, pues no se les halló secreto alguno, como consta en testimonios presentados ante el tribunal.
Weinglass, abogado de derechos civiles, afirmó que los cinco fueron enviados a territorio estadounidense por el gobierno cubano, desarmados y sin ningún plan de dañar a ese país. "Su único propósito fue vigilar la red de grupos terroristas que habían estado atacando a Cuba desde el triunfo de la Revolución", aseguró.
Según un recuento hecho en abril por el presidente Raúl Castro, "en todos estos años se han producido 713 actos de terrorismo contra Cuba, 56 de ellos a partir de 1990, organizados y financiados desde territorio norteamericano (estadounidense), con un saldo de 3.478 muertos y 2.099 incapacitados".
